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Cuando un problema ha existido por mucho tiempo, y cuando hablar de solucionarlo se ha convertido en la rutina de los políticos y líderes de opinión, suele ocurrir que perdemos perspectiva sobre su impacto y sobre cómo afecta la vida de las personas. Este es el caso de la exclusión financiera. Todos sabemos que debe ser remediada, lo hemos escuchado una y mil veces, pero, a estas alturas, el título del problema, tan repetido, ha hecho que se pierda perspectiva sobre la verdadera importancia de corregirlo.
Y es que quizá no todos nos hemos puesto a pensar seriamente en las ventajas de que los ciudadanos participen del sistema financiero. Y no solo me refiero a que mantengan una cuenta en algún banco, sino a que interactúen activamente con el sistema en sí.
La inclusión financiera es importante por el efecto que tiene en el bienestar de las personas. Permite, empezando por lo más básico, una administración segura del dinero y del ahorro, protegiendo a las personas de los riesgos de, por ejemplo, mantener dinero oculto en casa o de transportarlo en el bolsillo para hacer transacciones.
Abre la puerta, además, a una gestión más predecible y ordenada de los proyectos de vida, con la posibilidad de acceder a créditos hipotecarios, vehiculares o para negocios. Facilita el acceso a recaudos clave como los seguros –para enfrentar cualquier imprevisto en el terreno de la salud, por ejemplo– y a la gestión de fondos previsionales, para procurar una vejez tranquila. Asimismo, ofrece la oportunidad de hacer crecer los ahorros con productos de inversión a mediano y largo plazo.
En corto: Les da a las personas un mayor control sobre su presente, pero, en especial, sobre su futuro.
Pero, así como es importante, para obtener perspectiva, conocer las ventajas de solucionar el problema, también lo es entender sus dimensiones: nadie gana una batalla sin conocer adecuadamente a su adversario. Y ahí es donde herramientas como el Índice de Inclusión Financiera de Credicorp (IIF), ya en su cuarta edición, se hacen importantes.
El Perú, según muestra el IIF, sí ha hecho algunos avances en este campo. El país se mantiene al alza en términos de puntaje desde el 2021 y ha alcanzado 46,1 puntos sobre 100 posibles en el 2024 (fue 43,3 en el 2023). Sin embargo, es clave entender que esto sigue siendo insuficiente (y hasta marginal), con nuestros resultados colocándonos por debajo del promedio regional y en la parte baja de la tabla de los ocho países estudiados.
Hoy, apenas 26% de nuestros compatriotas tiene un nivel “alcanzado” de inclusión.
El problema, como se ve, tiene una escala y un efecto considerables. No es un reto amorfo que merezca perderse entre los discursos y las declaraciones de buenas intenciones. Tiene los nombres y apellidos de las personas que se mantienen al margen del sistema financiero y, sobre todo, los de las personas que componen los grupos más afectados por esta realidad: las mujeres, las personas de zonas rurales y los ciudadanos que trabajan en la informalidad, como muestra el IIF.
¿Y las soluciones? El sistema financiero hace mucho con la promoción de la digitalización y, en especial, con la difusión de las billeteras digitales. De hecho, según el IIF, el 69% de los peruanos las usa frecuentemente, lo que nos hace líderes en la región, solo por debajo de Argentina (76%). Pero, este esfuerzo también demanda la participación del Estado, por ejemplo, para trabajar de la mano con los privados para impartir educación financiera y reducir la informalidad. El problema es grande y antiguo, pero las ventajas de solucionarlo hacen que valga la pena enfrentarlo.