Más freno que impulso: los riesgos de regular una industria que ya toma altura

La reciente aprobación de la ley que permite el endoso gratuito de boletos aéreos hasta 24 horas antes del vuelo plantea interrogantes importantes sobre el rumbo regulatorio de una industria clave para el desarrollo del país. Aunque entendemos que el objetivo es ampliar los derechos del consumidor, esta medida, tal como está formulada, podría terminar generando efectos contrarios a los esperados, especialmente en un contexto donde la informalidad representa un desafío estructural en diversos sectores de la economía nacional.

En el caso de la aviación —una industria que opera bajo estrictos estándares internacionales y enfrenta una regulación ya bastante compleja— introducir disposiciones que alteran las reglas de juego sin una evaluación integral de sus impactos puede resultar contraproducente. El endoso gratuito de boletos, sin mecanismos de control adecuados, podría abrir espacio a prácticas informales que ya existen al margen de la ley: reventa de boletos en canales no oficiales, agencias no registradas y uso especulativo de promociones. Todo esto compromete no solo la transparencia del mercado, sino también la seguridad de los pasajeros.

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El problema no es el endoso en sí, sino la forma en que se implementa. Una política sin filtros ni trazabilidad puede ser utilizada por terceros para lucrar informalmente con boletos adquiridos en campañas promocionales. Esto distorsiona el propósito original de dichas promociones y perjudica a los pasajeros que compran sus boletos de manera directa, formal y legítima.

Además, cualquier cambio en una industria con márgenes operativos reducidos debe considerar el equilibrio necesario para mantener la sostenibilidad y la calidad del servicio. Ya existen varias iniciativas legislativas en debate en el Congreso que, de aprobarse, sumarían más incertidumbre al mercado. Es necesario establecer reglas que promuevan la formalización y el acceso seguro a los beneficios del transporte aéreo, más aún en un momento en que el país busca consolidarse como un hub regional tras la inauguración del nuevo aeropuerto.

El Perú necesita una aviación fuerte, segura y formal. Las leyes deben apuntar en esa dirección. Desde nuestro frente, seguimos comprometidos con ampliar el acceso al transporte aéreo de manera inclusiva, pero sin perder de vista los riesgos que surgen cuando se legisla sin considerar las dinámicas propias de una industria estratégica que conecta territorios, impulsa el turismo y genera empleo formal.

Desde aquí advertimos que esta norma —ya observada previamente por el Ejecutivo— generará sobrecostos innecesarios para el pasajero y distorsionará el mercado. Es necesario que el Congreso pueda revisar esta normativa para mejorarla y proponer una mejor alternativa. Con apertura al diálogo y un enfoque técnico, es posible diseñar mecanismos que protejan al consumidor sin debilitar a quienes impulsan la conectividad y el desarrollo del país desde el aire.