Desde hace algunos días autoridades de gobierno y varios analistas económicos estuvieron enfrascados en el inútil debate de si el país se encontraba experimentando un proceso de recesión o no. El tema parece haber quedado muy bien saldado con las declaraciones del gerente del Banco Central (BCR), Adrián Armas que subrayó: “lo que sí es claro es que ya se ve año tras año que el crecimiento de nuestro PBI potencial se va reduciendo”. Y, sin duda, este es el verdadero problema sobre el que el gobierno debió haber puesto hace tiempo los reflectores, en lugar de estar enzarzado discutiendo sobre el color o el tamaño del fuego cuando la casa se está incendiando. Los actores económicos requieren mensajes claros de la realidad, y edulcorarlos no ayuda a alinear las expectativas. La situación es muy compleja y hay que decirlo.
Nuestra pérdida continua de potencial de crecimiento es dramática pasando en sólo una década de 6,0% acercándose sin parar al 2,5% debido a la falta de consensos entre nuestros actores políticos para seguir impulsando reformas que levanten nuestra alicaída competitividad. Y uno de los problemas centrales que está detrás de que la economía no logre trascender, se encuentra en nuestra productividad laboral, cuya trayectoria imparable hacia la baja nos ubica a la zaga en Latinoamérica de acuerdo con datos recientes del Conference Board.
Como lo recoge la literatura económica, esta baja productividad laboral tiene diferentes causas. Desde el punto de vista de la construcción de trabajadores más productivos, se encuentran los factores socioeconómicos, relacionados a la disponibilidad de ingresos de las familias o la falta de soporte para la formación del capital humano como las políticas de educación, salud y programas sociales. Las ganancias de productividad potencian su desarrollo en la interacción con la matriz productiva del país, en el que la pendiente de maduración y crecimiento de las empresas es fundamental. Viendo las piezas de este ecosistema, identificamos falencias en todos los flancos que se ven exacerbadas por las malas regulaciones y políticas laborales que desincentivan aún más las ganancias de productividad.
Así, por un lado, nos encontramos con una informalidad laboral que ya supera el 70% de la Población Económicamente Activa (PEA). Por el otro, como otra cara de la misma moneda, la matriz productiva se caracteriza por una atomización (o enanización) impresionante que lleva a que el 96% de las empresas sean microempresas, que concentran el 70% del empleo, pero con un nivel de productividad que a penas roza el 6% del de la Grandes Empresas, cuando este último ratio es del 40% en Colombia.
Esta situación que experimenta el Perú, que impide que las empresas crezcan, sean más productivas, construyan más demanda por empleo formal y contribuyan a fortalecer un círculo virtuoso para la productividad, se ve cercada por varias circunstancias, siendo la mayor de ellas las restricciones que impiden contar con un mercado laboral más dinámico ante regulaciones laborales que hacen costoso la contratación de empleo formal. Al respecto el trabajo de Alaimo et al (2017), del Banco Interamericano de Desarrollo, encuentra que los costos no salarial en el Perú representan cerca del 70% del salario formal y más del 100% de lo que se paga en el sector informal, donde las indemnizaciones, las contribuciones obligatorios y los aguinaldos hacen complicado, por ejemplo, que una Mype se plantee siquiera controlar formalmente.
Otra manera de observar el problema lo ilustra el mismo estudio donde se calcula que el costo mínimo para contratar un trabajador asalariado en el Perú representa el 44% del PBI del trabajador, muy por encima que Chile (20%), Colombia (33%) y México (12%). En este costo, sólo la Remuneración Mínima Vital (RMV) en el Perú representa el 26% del PBI por trabajador, que también está por encima del ratio de los mismos países mencionados. Y la conexión de estas circunstancias con la informalidad es clara. De acuerdo con recientes cálculos del BCR (junio, 2023) por sectores económicos, se observa que cuando la RMV es más alta respecto al Ingreso Medio, la informalidad en el sector es más alta.
A estos altos costos de contratación formal que se constituye en una seria barrera para que las empresas pequeñas se vean incentivas a crecer, se les suma otro tipo de barreras o costos de carácter burocráticos y tributarios. Así, en cuanto una empresa empieza a crecer, se tiene que enfrentar a saltos abruptos en la carga tributaria, así como a formalidades contables, administrativas y de cumplimiento normativo que las aleja aún más de querer crecer, ser más productivas y formales. Por ejemplo, Castellares y Martínez (2023) demuestra como la Ley de Promoción Agraria (LPA) que entre sus principales características brindaba mayor flexibilidad para la contratación de trabajadores y menores cargas tributarias, permitió el crecimiento de las empresas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME), de tal manera que el 25% de las grandes empresas agroexportadoras beneficiarias de las LPA habían sido MiPyme al iniciarse el programa. ¡Todo un logro! El trabajo muestra además como la LPA generó empresas más productivas, más empleo formal, mayores exportaciones y mayor recaudación, por mencionar algunos de los efectos positivos. Es más, dado que la LPA permitió que la MIPyMEs se fueran graduando como empresas de mayor tamaño, las típicas trabas de financiamiento y nuevos mercados que enfrenta este segmento empresarial fueron desapareciendo.
La receta para avanzar hacia una economía menos informal y más productiva está claramente delineada. No obstante, sigue llamando poderosamente la atención que nuestros políticos sigan planteando proyectos de Ley que van por un sendero completamente diferente al del bienestar y la prosperidad. Hace poco se dio a conocer que la Comisión de Trabajo del Congreso de la República tiene registrado 13 proyectos que encarecerían todavía más el ya elevado costo de contratación. Pero no sólo es el Congreso. El Ejecutivo ha puesto en consideración un Proyecto de Ley para la Reforma de Pensiones del que se concluye que no han pensado para nada en el impacto que puede tener sobre la eficiencia y productividad de la economía, planteando algunas piezas de cambio harían más rígido el mercado laboral.
Dicho todo esto, se requiere que los principales actores económicos y sociales entiendan que dada la profunda situación de debilitamiento económico en que nos encontramos, la salida no va a venir por simples políticas de reactivación económica. Se requiere empezar a plantear soluciones a problemas de fondo. Postergar la búsqueda de consensos que empujen nuestro país por el camino correcto hará cada vez más complicado la salida, y entretanto, la actividad económica seguirá moviéndose en niveles ralos mientras la pobreza volverá pronto a ese 30% que vimos en la Pandemia el 2020.
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