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El domingo pasado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación presentó los Pandora Papers, una investigación que revela que 35 líderes y exlíderes mundiales operaron negocios en paraísos fiscales para canalizar sus ingresos y, presuntamente, ocultar fortunas y evadir el pago de impuestos. Los documentos también implican a celebridades, artistas y otras figuras públicas.
Entre los mencionados se encuentran el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, que constituyó la empresa ‘offshore’ Dorado Asset Management LTD en las Islas Vírgenes Británicas. César Nakazaki, abogado de Kuczynski, negó a través de su cuenta de Twitter que el dinero ingresado por Dorado tuviera origen ilícito.
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Se ha demostrado que el Dorado fue concebida exclusivamente como un mecanismo legal de protección patrimonial; se usó únicamente para dos inmuebles adquiridos con dinero de origen lícito. Recuérdese que Odebrecht afirma no pago de soborno a ex MEF. https://t.co/mnrbfhGqtV
— César Nakazaki (@CesarNakazaki) October 3, 2021
El premio Nobel Mario Vargas Llosa también figura en los Pandora Papers. Él tuvo una compañía en el mismo país y aseguró que lo hizo debido a que en ese momento no residía ni en España ni en Perú. Asimismo, aclaró que desde que se convirtió en residente fiscal en España dio “instrucciones” a sus abogados y a la agencia literaria Carmen Balcells, a cargo de su representación, que declarasen todos sus impuestos “sin excepción” y “pagar al fisco hasta el último centavo”.
No es la primera vez en la que en Perú el término “empresas offshore” se vuelve relevante. Exfuncionarios públicos abrieron este tipo de compañías para recibir sobornos y otros pagos ilícitos, tal y como revelaron investigaciones fiscales del caso Lava Jato. A pesar de esto, el hecho de constituir una propiedad de este tipo no es ilegal.
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Definiendo la polémica
Una empresa ‘offshore’, por definición, es una entidad constituida en un país distinto al del domicilio fiscal de su dueño. A partir de este concepto es que los beneficiarios buscan instalar la compañía en países con más flexibilidades financieras, como menor cantidad de impuestos a cobrar o menores barreras para el ingreso a su territorio, para obtener más ganancias.
“Una empresa ‘offshore’ es una sociedad constituida en un país que se caracteriza porque le da condiciones favorables para no necesariamente estar obligado a tributar o revelar la información de los titulares de la sociedad. Son vehículos legales, es una herramienta para realizar operaciones fuera del país donde se ubican sus titulares”, afirma Klever Espinoza, socio del estudio Kerz.
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Este tipo de empresas, por ejemplo, permiten un manejo más óptimo de las inversiones internacionales.
“Yo creo una offshore porque quiero operar en varios países. Entonces no tiene sentido tener obligaciones formales distintas en cada país. En ese punto es útil tener la sociedad ‘offshore’ para centralizar mis inversiones, siempre y cumpla con los impuestos que tengo en los países en los que genero renta”, explica Espinoza.
En este contexto es que aparecen los denominados “paraísos fiscales”, que son territorios con normas tributarias más flexibles y que en algunos casos permiten ocultar información sobre los movimientos o destinatarios finales del dinero de sus empresas.
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“No te piden información o datos de los titulares al entrar y le ponen bastantes trabas al fisco de los de otros países para poder tributar”, asegura César Romero, jefe de ‘research’ de Renta 4 SAB.
La SUNAT peruana considera a 44 países como territorios no cooperantes o de baja o nula imposición. Entre ellas se encuentran islas, principados y Repúblicas como Panamá y Seychelles.
Según relata Dante Sanguinetti, socio del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, muchos empresarios optan, por privacidad, trasladar sus inversiones a ‘offshores’. Sin embargo, con el tiempo se evidenció que parte de ellos incurría en delitos tributarios.
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“Se utilizan en países que no intercambian información. Eso tiene riesgos de no declarar impuestos, delito de evasión, puede tener riesgo de lavado de activos, el ocultamiento de las fuentes del dinero, etc. Tenías un político que ganaba US$10 mil y tenía fortunas”, asegura.
Así, una figura legal que puede optimizar las inversiones internacionales de algunos empresarios puede ser explotada para fomentar practicas delictivas.
“El hecho de tener una offshore no es ilegal, lo ilegal no es no reportar el monto que tienes dentro o no tributarlo. Como los empresarios no tienen negocios en estos países, cuya tributación es muy baja o nula, este termina siendo el problema: se evaden impuestos a través de las ‘offshores’”, remarca Romero.
“Los problemas asociados a las ‘offshores’ constituidas en paraísos fiscales es la opacidad y la poca carga tributaria”, añade Sanguinetti.
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