Argentina: ¿Cuáles son las tareas en materia económica para el nuevo gobierno?

(Informe El Comercio-IPE)

Al cierre de esta edición, el conteo oficial de votos al 94,25% en las elecciones presidenciales de Argentina daban como vencedor a Alberto Fernández, candidato del partido Frente de Todos.

Los retos que tiene por delante no son menores: deberá enfrentar la crisis económica en la que se encuentra el país hace cerca de una década como consecuencia de malas decisiones de los anteriores gobiernos.

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Pesada herencia

La historia económica reciente de Argentina está marcada por el gobierno de los esposos Kirchner, que estuvieron en el poder entre 2003 y 2015.

Durante una primera etapa, entre 2003 y 2011, Argentina creció a un ritmo promedio de 5,9% anual producto de las condiciones externas favorables y la expansión del gasto público, el cual se incrementó de 22,7% del PBI en 2003 a 34,9% en 2011, con fuertes aumentos de pensiones, salarios estatales y subsidios a servicios públicos.

Desde el 2011, se inicia un deterioro de la cuenta corriente, el cual generó presiones sobre el tipo de cambio y redujo el nivel de reservas internacionales.

Asimismo, el gasto público continuó aumentando, lo que devino en déficit fiscal, el cual alcanzó 5,1% del PBI en 2015. Para combatir los desequilibrios fiscales y externos, el gobierno emitió deuda pública y estableció restricciones al comercio internacional y a la adquisición de divisas, conocido como cepo cambiario. Sin embargo, estos elevaron aún más el valor del dólar y exacerbaron la inflación.

Como resultado, el crecimiento económico promedio entre 2011 y 2015 fue cercano a cero anual. Si bien las estadísticas oficiales tienen baja confiabilidad por la falta de independencia que existía respecto al gobierno, se estima que, en 2015, a la salida del gobierno de Cristina Kirchner, Argentina tenía una inflación de 27% y una pobreza cercana al 30% de la población.

Intentos de cambio

En esta situación, Mauricio Macri asumió la presidencia de Argentina en diciembre del 2015. La nueva gestión se decidió por un enfoque gradualista, progresivo, para resolver la crisis macroeconómica, por encima de un ajuste inmediato o de ‘shock’.

Para enfrentar la inflación, se redujo la expansión monetaria, se implementaron metas de inflación y se instauró la tasa de interés como principal instrumento de política.

Asimismo, se intentó reducir la estrategia de fijación de precios: hasta el 2015, esta política se aplicaba para más de 500 productos y la meta del gobierno era limitarla a 370 productos. En cuanto al control de divisas, se eliminaron las restricciones cambiarias como el cepo.

El enfoque gradualista se evidenció, principalmente, en las políticas para reducir el déficit fiscal. A pesar de buscar una reducción de los subsidios en los sectores energía y transporte de 1,5 puntos porcentuales del PBI, la disminución fue de solo 0,6 puntos porcentuales debido a conflictos sociales y a la judicialización del mecanismo de aumento de tarifas, las cuales fueron declaradas nulas. El retiro de los subsidios se tradujo en un aumento de las tarifas de 320%, con el consiguiente costo político.

Fracaso del gradualismo

A pesar de los intentos de reforma, el gradualismo no ha mostrado los efectos esperados y los desequilibrios macroeconómicos se mantienen.

El gobierno incluso se vio obligado a adquirir un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 por US$57 mil millones para financiar el déficit y evitar un ajuste más abrupto, el préstamo más grande en la historia del FMI.

El fracaso del gradualismo se explica, en parte, porque el gobierno no logró generar confianza y credibilidad respecto a sus reformas, tanto en la población como en los mercados internacionales, lo que provocó una caída en la inversión privada y una mayor demanda por dólares, agravando las presiones inflacionarias.

Según Consensus Forecasts, la mayoría de analistas espera un incremento en el nivel de precios de 54% para este año. En paralelo, el tipo de cambio peso por dólar aumentó 49,5% en lo que va del año.

Además, en el 2019 se decidió suspender el aumento de tarifas eléctricas, transporte y peajes, y se otorgaron mayores beneficios sociales como descuentos de hasta 70% en medicamentos y créditos para conexiones a gas y acceso a viviendas.

Así, se espera un déficit fiscal de 4,0% del PBI para este año; es decir, al fin y al cabo, el déficit solo se reduciría 1,1 puntos porcentuales entre el 2015 y 2019.

Retos urgentes

Según el Banco Mundial, se debe continuar con la reducción de los subsidios y enfocar el gasto público en proyectos de inversión que impulsen el crecimiento. Ello permitiría mejorar la eficiencia de dicho gasto y atraer financiamiento privado a través de las asociaciones público-privadas.

Además, se requiere rediseñar el sistema tributario para eliminar impuestos que distorsionan y ampliar la base tributaria, así como reducir los aranceles y medidas no arancelarias para lograr un mayor nivel de integración con la economía mundial.

Sin embargo, la agenda de liberalización económica –en cierto modo, similar a la que el Perú emprendió con éxito en los años noventa– será difícil de alcanzar con el gobierno entrante.

Claudia Cooper, exministra de Economía, menciona que para realizar reformas económicas profundas es imprescindible un fuerte capital político. En este sentido, el gobierno de Macri desaprovechó el apoyo popular al inicio de su mandato.

Asimismo, sostiene que las reformas tendrían mayor éxito si se aplican en tiempos de bonanza económica debido a que la población y las empresas privadas estarían en una mejor posición para afrontar los cambios.

En la débil situación en la que se encuentra Argentina, la prioridad es la reactivación del crecimiento económico que permita dar las condiciones para el éxito de las reformas. Si se repiten políticas del pasado, como parece sucederá a partir de la elección de ayer, ello será bastante más complicado.