(Informe El Comercio / IPE) Las reformas económicas que inició el Perú en la década de 1990 –algunas de ellas consignadas en la Constitución de 1993– han sido seguidas de un crecimiento económico extraordinario basado en la estabilidad macroeconómica, la limitación de la actividad empresarial del Estado, la promoción de la inversión privada y de la competencia, y el desarrollo de las exportaciones. Mientras que el crecimiento promedio anual del Perú entre 1975 y 1993 fue de apenas 0,7%, el más bajo de Sudamérica, desde 1994 hasta el 2018 el país lideró la región con un crecimiento promedio de 4,9%.
►Sebastián Edwards: “La versión pura del capitalismo ha llegado a su fin”
►El fracaso de la Red Dorsal, aquella que nunca alcanzó a despegar
Sin embargo, la convulsión política y social que se vive en otros países latinoamericanos –en particular en Chile– ha abierto nuevamente el debate sobre la naturaleza del régimen económico peruano y sus resultados. A tres semanas de las elecciones legislativas extraordinarias 2020, vale la pena revisar algunos de sus alcances.
En este contexto, el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha estimado un escenario alternativo, teórico, de crecimiento para el Perú en el cual las reformas estructurales de los noventa no se hubieran implementado. Los resultados apuntan a que el marco económico moderno ha permitido un mayor avance en términos de riqueza promedio de los peruanos y reducción de la pobreza monetaria del que se hubiera logrado si continuaba con el modelo económico previo.
¿QUÉ MODIFICACIONES SE HICIERON EN 1993?
Si bien se llevaron a cabo reformas estructurales desde el inicio de la década de los noventa –la eliminación de controles de precios y simplificación tributaria y arancelaria, por ejemplo–, la Constitución de 1993 sentó las bases para el nuevo sistema económico.
Los principios generales del régimen económico actual respaldan la libertad empresarial, la libre competencia y la libertad de contratación como pilares del funcionamiento de la economía. Además, el artículo 60 establece que el Estado solo puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, a diferencia de la Constitución de 1979 que permitía con más holgura la actividad empresarial del Estado.
Para promover la estabilidad macroeconómica, el artículo 84 estableció la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), lo que se tradujo en la prohibición de que la autoridad monetaria sea fuente de financiamiento del Gobierno, como lo había sido durante los años ochenta. Así, se definió que el propósito principal del BCRP es preservar la estabilidad monetaria y controlar la inflación. Otras reformas clave siguieron a partir de 1998.
UN PERÚ SIN REFORMAS
Para evaluar el impacto de estos cambios, el modelo genera un escenario alternativo sin reformas sobre el cual comparar. Un procedimiento para lograrlo es el método de control sintético (MCS), el cual construye este escenario –un “Perú sintético”– sobre la base de un promedio ponderado de países similares al Perú en sus características económicas antes de la Constitución de 1993. Por lo tanto, el impacto estimado será la diferencia entre los resultados del Perú real y el “Perú sintético”.
En este ejercicio, la medida de bienestar analizada es el PBI real per cápita. Entre 1975 y 1993, el nivel de riqueza promedio del Perú real y del control sintético fue muy similar, lo que apunta a que la comparación es adecuada.
Los resultados de la estimación muestran que el crecimiento promedio del PBI per cápita peruano luego del cambio constitucional (3,8%) fue casi 2 puntos porcentuales superior a lo que hubiera sido sin el cambio de modelo. Asimismo, entre 1994 y el 2016, el nivel de riqueza promedio por año de los peruanos fue casi 17% mayor al del Perú alternativo sin reformas.
Como una extensión a este impacto, se pueden inferir también los efectos que el régimen ha tenido sobre la reducción de la pobreza monetaria. Para ello, se estima una medida de elasticidad entre el crecimiento del PBI per cápita y la pobreza durante 1991 y 2016. Es decir, se calcula la relación entre la expansión de la economía y la caída de la pobreza. El ejercicio muestra que, si el PBI per cápita hubiese crecido al ritmo del Perú sintético, la reducción de la pobreza hubiese sido más lenta y se encontraría alrededor del 35%, cerca de 14 puntos porcentuales por encima de la cifra observada en los últimos años. La pobreza en el 2018 alcanzó al 20,5% de la población nacional.
—Agenda pendiente—
Continuar con la senda de crecimiento requiere un nuevo impulso de reformas, principalmente aquellas destinadas a incrementar la productividad. Según el BCRP, entre el 2016 y el 2020, la productividad del trabajo y capital tan solo contribuirá 0,2 puntos porcentuales al crecimiento promedio anual del período (3,6%), muy por detrás de la contribución de 2,4 puntos porce
ntuales entre el 2001 y el 2010. La agenda pendiente pasa por mejorar la calidad del sistema laboral, de la infraestructura, de la educación, de la gestión pública, y de la regulación estatal en general. Todo ello, sin embargo, se debe lograr cuidando lo ya avanzado.
Contenido Sugerido
Contenido GEC