Congreso promulga ley que prohíbe a municipios tercerizar la limpieza pública: ¿Cuáles son sus implicancias?

La norma dispone que este grupo de trabajadores prestará servicios bajo el régimen laboral de la actividad privada y que tendrán como único empleador a las municipalidades.

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En el caso de los gobiernos locales que tengan contratos vigentes de este servicio, se dispone que a su término se retome con los trabajadores la contratación de manera directa.

Asimismo, se establece que, en un plazo máximo de un año y de manera progresiva, se incorpore a las planillas al personal que presta servicios de limpieza pública y afines “previa evaluación de méritos e idoneidad para los referidos servicios”.

Esta propuesta finalmente fue promulgada por la vía de la insistencia por el Congreso, luego de que el Ejecutivo la observó al encontrar seis diferentes afectaciones y otras inconsistencias y falta de justificación.

En uno de los puntos, el Ejecutivo se refirió a la “protección de derechos individuales y colectivos de los trabajadores de empresas de tercerización”. Al respecto, indicó que “no se identifica una problemática de desprotección laboral” que resulte del marco legal vigente aplicable a las empresas de tercerización.

En su lugar, sí confirmó que “existe una problemática específica de presunto incumplimiento de derechos laborales en algunos casos específicos”, pero que no va en línea con el fondo de la propuesta legislativa.

“La medida de política adecuada sería la supervisión y fiscalización laboral, más no la prohibición de un mecanismo de contratación que el marco legal vigente contempla y que es compatible con una institucionalidad garantista de derechos laborales”, señalaron en su observación.

Impacto

Álvaro Paz de la Barra, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), consideró que esta propuesta es negativa por su impacto en la población, que se evidenciará mediante el incremento de arbitrios para cubrir los diferentes costos y otros.

“Primero mencionar que la AMPE no ha sido consultada por el Congreso para esta norma. Ahora, sobre esta puntualmente, lo que hace es darle mayor carga al gasto corriente de los gobiernos locales. Estamos retrocediendo a los 80, cuando éramos un Estado ‘planillero’. La única forma de costearlo será aumentando impuestos”, comentó.

El burgomaestre indicó que, además del costo de las planillas, los municipios asumirán gastos en el marco de la adquisición de maquinaria y otros activos para cumplir con la gestión de servicios de limpieza y otros similares. A esto debe sumarse, agregó, que la situación se agrava porque los municipios, en general, ya tienen contingencias por cargas laborales que bordean los S/41.000 millones.

“El Congreso no ha calculado quién es el que realmente pierde con esta norma: es el país. Lo más probable es que, transcurrido el año de adecuación, no hayan recursos para brindar estos servicios. No se ha hecho un análisis de conveniencia”, comentó.

Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, comentó que deben contemplarse los costos de la inexperiencia de las municipalidades en la gestión de residuos.

“Van a tener que contratar a ingenieros ambientales y demás. Aquí no se habla solo del recojo de basura, sino de la gestión de residuos. Los municipios tendrán que encargarse del tratamiento de la basura, almacenamiento, reciclaje y demás”, señaló.

En otro momento, Paz de la Barra también explicó que la tercerización, que se aplica casi en todas las municipalidades, tiene como único fin elevar la eficiencia y la productividad al brindar el servicio, mas no “ir en contra de este grupo de trabajadores”.

“La tercerización la aplican, sino todas, casi todas las municipalidades porque no es su ‘core del negocio’. Al vivir dentro de una economía social de mercado, los efectos de esta propuesta es que la productividad se reducirá y el nivel de eficiencia también”, comentó.

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En esta línea, Pamela Navarro, directora y fundadora de Atalla Legal, indicó que la tercerización en el mundo ha demostrado ser positiva, pues eleva la eficiencia. Pero lo que ha ocurrido es que el Congreso ha decidido a partir de diferentes casos de malas y equivocadas aplicaciones.

“Nadie valida los casos en los que se mal usa, pero en realidad la tercerización tiene una serie de beneficios. Nuestra ley, por ejemplo, no tiene restricciones y se puede tercerizar hasta el ‘core’ del negocios en busca de aumentar la eficiencia”, dijo.

Ahora bien, Navarro añadió que con la publicación de esta norma se abre un abanico de escenarios riesgosos por las cargas que se le podrían atribuir a los municipios.

Paz de la Barra comentó que, usualmente, las municipalidades tercerizan servicios esenciales como la recolección de basura, mantenimiento de áreas verde y recolección de malezas, que han sido alcanzando con la norma del Congreso. Sin embargo, el escenario se abre a que también pueda ocurrir con los servicios de seguridad en general, de grúas y otros.

“El riesgo de prohibir la tercerización es inmenso porque no siempre importa el factor costo. El costo de la ineficiencia o de no saber hacerlo que se va a tener es relevante”, complementó Navarro.

En línea a la anotación del Ejecutivo en su observación, el presidente de la AMPE refirió que, en lugar de esta norma, se debería brindar más recursos a la Sunafil para que pueda tener mayor cobertura.

Aspecto legal

Toyama y Navarro coincidieron en que la norma es inconstitucional porque, entre otros aspectos, afecta la libertad de empresas y de contratación.

Asimismo, el socio de Vinatea & Toyama criticó que nuevamente el Congreso haya ignorado los comentarios del Ejecutivo.

“Ojalá aquellos facultados a interponer demandas de inconstitucionalidad lo hagan, tal cual ocurrió la con la negociación colectiva, la eliminación de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) y otros”, subrayó.

Posición de la MML

El Comercio consultó a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) su postura frente a esta normativa. Al respecto, indicaron que “viene revisando la norma y evaluando las acciones que llevará a cabo”.

Agregaron que “no cuentan con un servicio de tercerización, sino con un contrato de concesión con la empresa Innova Ambiental”. “La Municipalidad de Lima reafirma que es respetuosa del marco legal vigente”, complementaron.

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