Elmer Pinto, consejero regional de Arequipa, presentó un pedido de reconsideración sobre la votación que aprobó la adenda 13 del contrato de concesión del proyecto Majes Siguas II, realizada el viernes pasado. El documento fue entregado ayer al despacho del presidente del Consejo Regional, José Luis Hancco.
Sin embargo, el pedido podría no prosperar debido a que solo tiene la firma de cuatro consejeros regionales. El reglamento del consejo indica que la procedencia de la reconsideración “está condicionada a que [...] esté suscrita por un tercio del número legal de consejeros”.
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“La norma dice claramente que se hace el cálculo con el número legal de consejeros, que es 14. Se necesitan cinco firmas, por lo que no se debería tramitar el pedido”, afirmó Harberth Zúñiga, consejero regional de Arequipa e impulsor de dictamen que aprobó la adenda 13 del contrato.
Pinto, por su parte, indicó que actualmente solo están habilitados 10 consejeros “y un tercio son cuatro [firmantes]”. Pinto es presidente de la Comisión de Agricultura del Consejo Regional y elaboró el dictamen que rechazaba la adenda 13 del contrato. Además de él, los consejeros Ysrael Zúñiga, Chriss Díaz y Edy Medina también firmaron la misiva.
Una vez recibido el pedido, Hancco deberá valorar si efectivamente la reconsideración cumple con el número de consejeros firmantes. Consultado por este Diario, el presidente del Consejo Regional solo envió una imagen con el reglamento de la entidad, es decir, con la versión que sostiene Hartberth Zúñiga. Hancco votó en contra de la adenda 13 el viernes pasado, pero al tener la oportunidad de dar el voto dirimente, decidió cambiar de opinión y votar a favor.
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En caso llegara a proceder la reconsideración, esta se vería en la próxima sesión ordinaria del consejo el próximo 8 de marzo.
Majes Siguas II añadirá 38.500 hectáreas de riego a la región Arequipa y sus obras se encuentran paralizadas desde diciembre del 2017 por el pedido de Cobra, su concesionario, para cambiar la tecnología en el sistema de riego del proyecto. Estas modificaciones, planteadas en la adenda 13, elevarán su inversión de US$550 millones a US$654 millones. Actualmente la empresa pidió la caducidad del contrato y se encuentra en trato directo con el Estado. Según explicaron especialistas a El Comercio, este pedido no llegaría a mayores si se llegaba a aprobar la adenda 13.
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