El Perú disminuyó en sus esfuerzos por expandir el acceso público a la información de transparencia presupuestal al pasar del puesto 11 al 34 en 120 países, según la encuesta de Presupuesto Abierto 2021 de la International Budget Partnership (IBP).
La informe señala que el puntaje de transparencia obtenido por nuestro país cayó de 76 en 2019 a 61 en 2021, de un máximo posible de 100.
“Esto significa que los ciudadanos tuvimos menos acceso a la información oportuna y/o completa que se necesita para evaluar el desempeño económico y financiero de las instituciones públicas”, indica el análisis de IBP.
Agrega que la crisis sanitaria y económica significó un desafío para la ejecución presupuestal.
También menciona que si bien el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desarrolló plataformas para difundir las medidas de emergencia como los módulos de consulta de la ejecución del gasto para el COVID-19 y recursos en la reactivación económica, otros documentos no se emitieron a tiempo y/o su calidad se vio afectada por falta de información. Entre ellos son:
- El MEF no emitió el informe de actualización de proyecciones macroeconómicas en abril del 2020, documento base para la elaboración del presupuesto del siguiente año fiscal.
- El informe global de la ejecución presupuestaria 2019, instrumento que mide el desempeño de las instituciones del Estado y establece correcciones para la mejor asignación y ejecución del gasto, fue publicado por el MEF en junio del 2021, 12 meses después de lo estipulado por ley.
- En la Cuenta General de la República para el 2019, documento que consolida los estados financieros de todas las instituciones del Estado, se señaló que las empresas auditoras no pudieron emitir sus dictámenes debido a que gran parte de las entidades públicas estaban enfrentando las dificultades de la emergencia sanitaria, con lo cual la Contraloría no pudo mandar opinión y la cuenta no fue aprobada por el Congreso en octubre de 2020.
¿Qué se espera para los próximos meses?
De acuerdo a International Budget Partnership, se debe publicar en junio el informe global de la ejecución presupuestaria 2021, para saber cuál fue el desempeño de las instituciones respecto al alcance de objetivos durante dicho año y conocer la situación de los gobiernos regionales y locales que disminuyeron su ejecución durante la pandemia.
Añade que se tiene que priorizar los objetivos y metas en el proyecto de ley de presupuesto público que se presentará en agosto al Congreso y que indique claramente las acciones del gobierno con el fin de garantizar la seguridad alimentaria, salud y educación en la población más vulnerable para el 2023.
“Dicho documento debe ir acompañado de la Guía del Presupuesto Público, una versión ciudadana en lenguaje plano que permita a las personas conocer qué se está priorizando en cada región, ya sea inversión en obras públicas o transferencias económicas para confrontar la emergencia sanitaria y alimentaria”, refiere.
Además, pide la publicación de la Cuenta General de la República 2021 y su respectivo informe de auditoría, que permita asegurar una adecuada rendición de cuentas de las autoridades respecto al manejo de recursos, y generar alertas respecto a los activos y pasivos de las entidades públicas.