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Desde ayer la estatal Petroperú cuenta con un nuevo encargado de la gerencia general. Se trata del administrador Fernando de la Torre, quien se venía desempeñando como gerente corporativo de Finanzas de la petrolera desde el pasado 7 de febrero.
Su nombramiento tuvo lugar en sesión de directorio celebrada ayer, esto es, un día después de la renuncia irrevocable del cuestionado Hugo Chávez tras las críticas a su gestión (por la descalificación crediticia de Petroperú) y la negativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a respaldar a la administración y el directorio de la petrolera.
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Sobre De la Torre, se sabe que es un funcionario muy allegado a Chávez y que habría estado de acuerdo con la redacción de la cláusula de confidencialidad que Petroperú exigió firmar a PricewaterhouseCoopers (PwC), y que habría motivado la renuncia de esta a auditar los estados financieros de la petrolera del Estado.
Petroperú confiaría, sin embargo, en que la designación de De la Torre vencerá la resistencia del MEF a otorgarle su respaldo.
De hecho, ayer por la noche se conoció, a través de un hecho de importancia publicado en la Superintendencia del Mercado de Valores, que la petrolera estatal ha convocado a una junta general extraordinaria de accionistas para los días 25 y 29 de marzo, en donde insistirá con dicha pretensión.
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Según el documento, en estas reuniones se discutiría el “respaldo absoluto a favor de Petroperú por parte del Ministerio de Economía y Finanzas”, a pesar de que esta entidad comunicó el pasado 17 de marzo que ni el ministro Óscar Graham, ni la viceministra de Hacienda, Betty Sotelo, han brindado su respaldo a la administración o el directorio de la petrolera.
En la junta también se discutirían otros asuntos como la “aprobación de las medidas para detener y revertir la caída de la cotización internacional de los bonos emitidos por Petroperú”.
Y, también, las acciones para asegurar la operatividad de la nueva refinería de Talara, proyecto que debería iniciar operaciones en abril del 2022.
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Reestructuración
Especialistas en hidrocarburos consultados por este Diario consideraron que la prioridad de la Junta de Accionistas debería ser reestructurar el directorio de Petroperú.
“Lo primero que se debe hacer es cambiar el directorio [de Petroperú] por completo, designando a un presidente con solvencia personal y con reconocida experiencia en manejo de crisis. Y a un gerente general que sea técnico”, apunta Anthony Laub, socio de Laub & Quijandría.
A su entender, esta medida debería ser complementada con el despido de todos los gerentes contratados por Hugo Chávez y con la realización inmediata de una auditoría contable y legal que “diga qué ha ocurrido en la última administración”, dijo.
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Se trata de propuestas difíciles de ejecutar, pero que deberían ser consideradas si el Gobierno busca que la petrolera estatal recupere su grado de inversión.
“Petroperú mueve tanto dinero que es una tentación constante para gente que no tiene escrúpulos y eso lleva a las cosas que vemos ahora”, indicó Laub.
Así lo considera también Álvaro Ríos, socio principal de Gas Energy.
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“Este es el momento oportuno para hablar de un blindaje de Petroperú, es decir, de dotarla de un gobierno corporativo con un directorio mixto que pueda ejercer su cargo por un tiempo fijo, y que sea inamovible por el poder político de turno”, señaló.
En opinión de Ríos, este es el mejor modo de proteger a la empresa estatal de las veleidades de los gobiernos de turno, pues la experiencia ha demostrado que “mientras más se mete la política en la empresa, más desastroso es su funcionamiento”, afirmó.
De no hacerse esto, advirtió, se pondría en riesgo el buen funcionamiento de la nueva refinería de Talara y la participación de Petroperú en el ‘upstream’ (exploración y explotación de hidrocarburos).
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