Rafael Muente, presidente de Osiptel, es suspendido de su cargo por 365 días

El presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Rafael Eduardo Muente Schwarz, informó que fue suspendido por 365 días sin goce de haber según la Resolución Ministerial N.° 266-2024-PCM. Esta decisión se basa en supuestas faltas cometidas bajo el artículo 85 de la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil.

A través de un comunicado, el funcionario señaló que la contratación de una capacitación, que está en el centro de este proceso, cumplió con todos los procedimientos legales.

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Además, indicó que el informe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría General de la República concluyó que no existen elementos que evidencien transgresiones a la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, mencionó que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) autorizó la capacitación y que la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores recomendó archivar el caso por falta de evidencia.

Relación profesional tensa

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien resolvió el procedimiento administrativo, es señalado por el suspendido funcionario como carente de imparcialidad debido a una relación profesional complicada desde 2005. Adrianzén también había intentado fusionar organismos reguladores anteriormente.

“El procedimiento administrativo iniciado por la PCM ha sido resuelto por el señor Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, quien está incurso en la causal de abstención por su carencia de imparcialidad dada la probada animadversión hacia mi persona, que deviene de una relación profesional accidentada que data del año 2005″, reveló.

“En mis 40 años de vida profesional en el sector público y privado he actuado siempre con los más altos estándares y con absoluta ética profesional, honestidad y total rechazo por cualquier acto de corrupción” señaló.

Muente Schwarz anunció que recurrirá a todas las instancias legales para defender su honor y su derecho a trabajar en beneficio del país, priorizando el bienestar ciudadano sobre intereses particulares.