El proyecto del Reglamento de la Ley de Acceso Universal al Agua Potable (LAU) publicado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanemiento (MVCS), brinda las disposiciones para la adecuada implementación a fin de dotar de agua potable a la población que no cuenta con el servicio básico a través de opciones tecnológicas no convencionales o alternativas.
La Resumolución Ministerial N° 281-2024-VIVIENDA contempla como resposables de las intervenciones para la instalación de los sistemas no convencionales a nivel nacional y garantizar el acceso al agua potable, a sectores del Ejecutivo, gobiernos regionales y locales y a las empresas de servicios de saneamiento.
Se estima que, con estas intervenciones, 3,15 millones de peruanos que actualmente no cuentan con agua potable accedan por primera vez, en un periodo de cuatro años y de manera progresiva.
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Las tecnologías no convencionales son soluciones temporales que funcionarán hasta que se concluyan las obras tradicionales que permitan llevar el agua potable a cada uno de los domicilios. Entre dichas soluciones destacan las plantas potabilizadoras portátiles y piletas públicas, módulos de agua de lluvia, sistemas de tanque móvil, cisternas y piletas públicas, filtros intradomiciliarios o filtros comunales, entre otras opciones tecnológicas no convencionales.
La población beneficiada tendrán un ahorro mensual de hasta S/ 80 ya que dejarán de pagar S/ 100 a los cisternos y pagando menos de S/ 20 al mes. Dentro del LAU, serán considerados los colegios, postas, hospitales, viviendas de interés social, organizaciones de base (como comedores populares o albergues), comisarías, entre otros.
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Con estas intervenciones, se garantiza la dotación de agua potable de entre 20 litros y 50 litros por persona por día.
Durante el segundo semestre del 2024, el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento invertirá más de S/ 22 millones en intervenciones bajo la normativa de la LAU, y beneficiará a más de 100 mil personas.
Para asegurar el financiamiento de las intervenciones se cuenta con el Fondo de Inversión para el Acceso al Agua Potable y a los Servicios de Saneamiento (FIAS) con el cual los gobiernos locales y las EPS tendrán los recursos necesarios para los trabajos, así como los recursos que se asignen mediante la Ley de Presupuesto.
