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La mañana del 28 de noviembre, la joven ingeniera química Alexandra Abanto, de 27 años, falleció en un accidente laboral en la planta de la empresa Premium Plast, ubicada en Lurín, al sur de Lima. Según los informes policiales, un tubo de 300 kilos cayó sobre su cabeza mientras realizaba labores en la planta, donde se desempeñaba como asistente de control de calidad. Ha pasado un mes desde el trágico suceso y mientras las investigaciones avanzan lentamente, expertos han destacado las implicancias legales que podrían recaer sobre los presuntos responsables.
El incidente ocurrió en las primeras horas de la mañana, entre las 8:30 y 8:40, cuando Abanto se encontraba trabajando en una de las áreas de la planta. Este trágico accidente ha causado un profundo dolor en su familia y una gran indignación entre la población. Los familiares aseguran que la “falta de medidas de seguridad” en el lugar contribuyó a la tragedia. Además, la familia de Alexandra señaló que la joven no estaba capacitada para realizar las tareas que supuestamente le fueron encomendadas. De acuerdo con su entorno, Abanto había expresado en varias ocasiones su preocupación por las condiciones laborales dentro de la planta.
Se tuvo acceso a los chats entre la mujer y su pareja, en los cuales se demuestra que le solicitaban realizar tareas que no le correspondían en el trabajo.
El novio de la víctima, Hugo Maihuiri, relató que la joven no recibió atención médica inmediata tras el accidente, aunque la empresa aseguró lo contrario. También contó que fue notificado a las 11:00 de la mañana de ese jueves sobre el fallecimiento de su pareja y, al llegar al lugar, observó con horror la escena. “Les pregunté a sus compañeros qué había ocurrido, y me dijeron que un rollo de tubería de 300 kilos le había caído desde más de dos metros de altura. Yo pude ver su manita debajo de todo eso”, relató.
Los familiares de Abanto también denunciaron que el equipo de seguridad que la joven utilizaba no era adecuado para el tipo de trabajo que realizaba. Destacaron que el casco con el que trabajaba no contaba con un sujetador adecuado que evitara que se cayera durante las tareas. Además, señalaron que la joven realizaba labores fuera de su descripción de puesto, como limpiar maquinaria pesada y pintar paredes, lo que habría incrementado su exposición a riesgos innecesarios. Se tuvo acceso a los chats entre la mujer y su pareja, en los cuales se demuestra que le solicitaban realizar tareas que no le correspondían en el trabajo.
La joven ingeniera química Alexandra Abanto y su novio Hugo Maihuiri.
Ante esta situación, los familiares de Alexandra decidieron tomar acciones legales y solicitar a las autoridades las grabaciones de las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.
Pronunciamientos
A través de la plataforma X (anteriormente Twitter), Sunafil informó que ya había iniciado las acciones de inspección correspondientes para investigar en materia de seguridad y salud en el trabajo.
La empresa Premium Plast, por su parte, emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias por el fallecimiento de la joven y manifestó que está colaborando con las autoridades en la investigación del accidente. “Nuestro equipo se encuentra en contacto permanente con los familiares de Alexandra, brindándoles el apoyo requerido y solidaridad en esta difícil situación”, señaló la compañía. En el mismo comunicado, reiteró su pesar y aseguró que la pérdida de Abanto será profundamente sentida dentro de la compañía. “Como empresa, expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Alexandra Abanto Chupica”, concluyó.
La joven ingeniera química Alexandra Abanto, de 27 años.
Fuentes internas de la empresa revelaron a El Comercio que actualmente el caso está siendo investigado por la fiscalía, en conjunto con la policía. “Es un caso muy difícil y triste. Nos hemos solidarizado profundamente con la familia. La empresa se ha hecho cargo de los gastos y entendemos perfectamente el dolor de los familiares y del novio. Sin embargo, se han dicho cosas que no son completamente ciertas, aunque entendemos que esto puede deberse al momento tan duro que están atravesando”, señalaron.
“Lamentablemente, hemos decidido esperar el resultado de las investigaciones antes de emitir una declaración formal. (...) Es una decisión corporativa”, se comunicó oficialmente.
Acciones legales para responsabilizar a la empresa
La abogada y consultora laboral de eQuivalius, Teresa Lescano, explicó las implicancias legales para las empresas en casos de accidentes relacionados con la falta de medidas de seguridad y el incumplimiento de normativas. Según Lescano, la Ley 29783 y su reglamento, el Decreto Supremo 005-2012, son las principales normativas que regulan la responsabilidad de los empleadores en materia de seguridad laboral. “Estaríamos frente a un caso de accidente de trabajo, para el cual se deben realizar investigaciones a fin de determinar la causa de la situación. Si la empresa no proporcionó los equipos de protección personal necesarios, se debe verificar si cumplió con los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual es obligatorio para todas las empresas”, aseguró la experta.
Comunicado oficial de la empresa.
Lescano también destacó que las empresas están obligadas a implementar un sistema adecuado de prevención de riesgos, y en caso de que no lo hayan hecho, podrían enfrentar consecuencias legales graves. “Si se demuestra que la empresa no cumplió con las medidas básicas de seguridad, esto podría ser considerado como una negligencia grave”, afirmó.
Explicó que existen tres tipos principales de responsabilidades que pueden aplicarse en estos casos: civil, penal y administrativa. En primer lugar, la responsabilidad civil se refiere a la obligación de la empresa de indemnizar por daños y perjuicios. “La familia de la víctima podría interponer una demanda civil para reclamar la compensación por el sufrimiento ocasionado”, indicó Lescano.
Además, señaló que podría existir una responsabilidad penal en casos más graves. “En este caso, si se demuestra que el accidente ocurrió debido a un incumplimiento de las normas de seguridad, el gerente general sería el principal responsable”, dijo la abogada. Finalmente, también existe la responsabilidad administrativa, que se refiere al cumplimiento de las normativas internas, como la capacitación obligatoria de los empleados. “Las empresas están obligadas a ofrecer, al menos, cuatro capacitaciones anuales a sus trabajadores sobre los riesgos a los que estarán expuestos según las funciones que desempeñan”, subrayó.
En el caso de Alexandra Abanto, quien según su entorno estaba realizando labores fuera de su descripción de puesto, surgen dudas sobre si esto podría agravar la responsabilidad de la empresa. Según Lescano, la respuesta depende de si la empresa había proporcionado la capacitación adecuada para esas nuevas funciones. “Si la empresa no capacitó a la trabajadora para desempeñar esas funciones adicionales, sí podría agravar la responsabilidad”, indicó. “Dentro de las facultades del empleador está la posibilidad de asignar nuevas funciones, pero siempre y cuando se garantice que el empleado cuenta con la formación necesaria y los equipos adecuados para realizar esas labores sin exponerse a riesgos”, puntualizó.
Posibles compensaciones y multas para la empresa
En una reciente entrevista con El Comercio, la abogada laboralista Gloria del Carmen Rodríguez Vega dijo que, si se demuestra que hubo falta de medidas de seguridad y el incumplimiento de las normativas de prevención de riesgos, “estaríamos hablando de un incumplimiento de la ley de seguridad y salud en el trabajo”. En este sentido, enfatizó que los empleadores tienen la obligación de garantizar un entorno laboral que proteja la vida y el bienestar de los trabajadores.
En cuanto a las posibles acciones legales que la familia de la víctima podría emprender, Rodríguez explicó que una de las opciones más comunes es solicitar una indemnización por los daños sufridos. Esta demanda puede implicar una compensación económica por los perjuicios causados a los familiares de la trabajadora fallecida. “La familia puede solicitar una indemnización por los daños materiales y morales causados por el accidente”, explicó.
El novio de la víctima, Hugo Maihuiri, relató que la joven no recibió atención médica inmediata tras el accidente.
Además de la indemnización, las empresas responsables de accidentes laborales también podrían enfrentarse a sanciones por parte de entidades como Sunafil. “Una multa de Sunafil podría ser impuesta si se verifica que la empresa no cumplió con las medidas de seguridad obligatorias”, dijo la abogada.
Daniel Robles Ibazeta, abogado laboralista, comentó que “ninguna empresa puede obligar a sus trabajadores a realizar tareas que no estén contempladas en su contrato, especialmente si estas implican riesgos para su salud o seguridad, como la posibilidad de sufrir lesiones graves o incluso la muerte”. Explicó que se puede esperar que la Sunafil actúe de oficio al tomar conocimiento del caso. Si se confirma una infracción grave, la empresa podría enfrentar sanciones económicas, con multas que pueden llegar hasta los S/ 270.529.50.
Roberto Shimabukuro, socio de Monroy & Shima Abogados, explicó los tipos de daño que pueden ser reclamados por la familia de la víctima en un caso como este. En primer lugar, mencionó el daño emergente, que abarca los costos directos derivados del fallecimiento, como los gastos funerarios, médicos previos al deceso y otros gastos relacionados con el sepelio. También destacó el lucro cesante, que se refiere a la pérdida de ingresos futuros que la víctima hubiera generado para el sustento familiar, y que se calcula tomando en cuenta factores como la edad de la víctima, su expectativa de vida laboral e ingresos promedio. Finalmente, señaló el daño moral, que es una compensación por el sufrimiento emocional, la pérdida afectiva y el trauma psicológico experimentado por los familiares directos de la víctima.
