Elecciones 2022: el 90% de las propuestas sobre lucha contra la corrupción calificadas como realizables ya son obligaciones de los alcaldes

Por ello, la Unidad de Periodismo de Datos revisó los planes de gobierno de los siete candidatos que lideran la última encuesta El Comercio - Ipsos en materia de corrupción y transparencia. Estos son Daniel Urresti (Podemos Perú), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), George Forsyth (Somos Perú), Omar Chehade (Alianza para el Progreso), Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú) y Elizabeth León (Frente de la Esperanza).

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Junto a tres especialistas: Javier Albán, exmiembro del gabinete de asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE); el abogado Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción (CPA); y José Tello, director del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal (INICAM), analizó la viabilidad de sus propuestas en corrupción y transparencia.

Según el análisis, 9 de las 10 propuestas analizadas que fueron calificadas como viables ya son obligaciones de los alcaldes. Además, más de la mitad de las propuestas no son factibles o solo podrán concretarse si se cumplen factores externos como implementar un gobierno abierto y rendir cuentas.

Gonzalo Alegría, candidato por Juntos por el Perú, tiene menos iniciativas calificadas como viables.

Daniel Urresti

Al menos por alguno de los expertos consultados, las tres propuestas analizadas del candidato de Podemos Perú fueron calificadas como promesas que ya son una obligación del alcalde, por lo que no propone nada nuevo.

Además, su propuesta de crear una oficina como unidad orgánica de asesoría y apoyo, que dependa del órgano de mayor jerarquía municipal, no es factible o su cumplimiento depende de factores externos. “Sería difícil pensar que con ello se solucionarán los problemas de corrupción. No se ataca la causa (qué genera la corrupción). Solo se busca controlar desde otra oficina. Y hoy ya existe el órgano de control institucional de la contraloría en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML)”, subrayó Javier Albán.

En esa misma línea, José Tello menciona que ya es obligatorio tener esta oficina, mientras que Eduardo Herrera enfatiza en que se debe tener encuentra que cualquier actividad de lucha contra la corrupción debe ser independiente. “De lo contrario, es solo un órgano cosmético”, recalca.

Rafael López Aliaga

Dos de las tres propuestas analizadas del candidato por Renovación Popular fueron calificadas como inviables o que requieren de factores externos para concretarse, mientras que la tercera podría concretarse pero no es innovadora, ya que es una obligación legal de un alcalde llevarla a cabo.

Si bien tener al 100% personas contratadas y nombradas con fiel cumplimiento de los requisitos para los cargos correspondientes es una acción urgente, los expertos concuerdan en que el estado es uno de los mayores contrastadores informales en el país. “Llegar a un 100% de formalidad en 4 años parece muy difícil, considerando que la MML no es competente para cambiar las reglas de contratación”, asegura Javier Albán.

En ese sentido, José Tello recuerda que los regímenes laborales aplicables al sector público son determinados a nivel nacional, por lo que una municipalidad metropolitana no puede establecer criterios propios diferenciados. “Para ello hay un sistema de gestión de recursos humanos”, subraya.

Del mismo modo, la propuesta de “revisar, rediseñar y aplicar de nuevo Sistema de Control y Monitoreo de las funciones y procesos de la gestión municipal” requiere una mayor explicación para saber si sería posible de concretarse, como explica Eduardo Herrera. Para Albán, no es posible de cumplir. “Sería viable implementar medidas para seguir mejorando en este ámbito, la corrupción existe por motivos mucho más complejos que la falta de un mejor monitoreo”, asegura y recalca que desarrollar un sistema de control interno ya es una obligación de cualquier gestión municipal.

George Forsyth

El candidato por Somos Perú solo tiene como propuesta que puede concretarse la de “Brindar acceso total a información pública”. Sin embargo, esta ya es una obligación legal de un alcalde. “Ya existen mecanismos creados por norma para tal fin”, sostiene Tello.

Mientras que su propuesta de que la Contraloría supervise los procesos superiores a 100 UITS, a través de la implementación de procesos del selección para evitar cualquier tipo de indicio de acto de corrupción fue calificada como inviable por los tres especialistas consultados.

Para Javier Albán, la MML no puede imponer un criterio y ordenarle a la Contraloría o a los órganos de control aumentar su personal y capacidades para poder cumplirlo. “El control concurrente se regula por ley y por su naturaleza se limita a proyectos de mayor riesgo. La valla de 100 IUT (menos de medio millón de soles) no parece muy alta”, señala.

Elizabeth León Chinchay

Para los tres expertos las propuestas de la candidata del Frente de la Esperanza requieren para concretarse, en su mayoría, de factores externos o de una explicación más detallada de cómo se llevarán a cabo. En los casos en que estas promesas recibieron una calificación de factible, los especialistas señalaron que se debe tener en cuenta que ya son obligaciones legales de un alcalde o que no proponen nada nuevo.

Por ejemplo, la promesa de “desarrollar canales y mecanismos de transparencia y acceso a la información de contrataciones, presupuestal y financiera” ya debería ser parte de sus funciones como alcaldesa. “Es como que un candidato presidencial “proponga” que dará un mensaje a la Nación cada 28 de julio”, explica Javier Albán.

Del mismo modo, la propuesta de “Potenciar la participación de las instancias de control en la gestión municipal”, con el objetivo de evitar actos de corrupción y observaciones no resueltas en los contratos de concesión es una obligación legal y además requiere mayor detalle para saber si puede concretarse. “Es un enunciado lírico que no genera ningún tipo de desarrollo que nos pueda indicar qué quiere hacer”, dice Eduardo Herrera. Y se debe tener en cuenta que existe un organismo de control institucional que depende de la Controlaría y realiza labores de fiscalización en la MML.

Omar Chehade

El candidato por Alianza para El Progreso también tiene dos propuestas inviables o que dependen de factores externos para llevarse a cabo. Para Eduardo Herrera no es posible concretar su promesa de combatir los delitos en contra de la administración pública, con la participación de la sociedad civil organizada y vigilante, con los poderes públicos, proponiendo acciones legales y cautelando su cumplimiento, dado que la MML no tiene ingerencia directa con el combate de este tipo de delitos. “En esto caso, habría que determinar cómo se haría. La propuesta, como está, es muy genérica”, subraya.

Por su lado, José Tello agrega que es una propuesta retórica que no tiene nada nuevo, mientras que Javier Albán asegura que su viabilidad depende de cuáles serían esas “acciones legales” que el candidato promete, ya que pero no las puntualiza. “Enfrentar la corrupción ya sería una obligación de cualquier alcalde”, subraya.

La promesa de “erradicar la corrupción” tampoco sería factible. “Es un enunciado que no explica cómo logrará concretarse”, resalta Herrera. Para Albán, no sería viable ni mucho menos serio sugerir que se puede erradicar la corrupción sin tener un verdadero plan detallado.

Por último, la propuesta de rendir cuentas sobre el cumplimiento del Plan de Gobierno es una obligación legal que ya tiene todo alcalde.

Yuri Castro

Para los tres expertos, si bien la mayoría de las promesas del candidato por Perú Libre pueden concretarse, estas ya son obligaciones legales de un alcalde y no proponen nada nuevo. Otro grupo requieren de factores externo para llevarse a cabo.

La propuesta de “Transparentar contrataciones de personal” ya es una obligación legal. “Publicar la información sobre el personal, sus contratos y los concursos públicos ya es obligatorio”, recalca Albán. Además, José Tello explica que ya existen plataformas que proporcionan esa información de recursos humanos en la MML.

Lo mismo sucede con la promesa de “Transparentar órdenes de servicio y/o compra, a través del portal de transparencia y de la página web metropolitana”. Albán recalca que ya está colgada en la web de la MML la información sobre las órdenes de servicio y compra desde el 2009 hasta el 2022. “Podría ser viable ampliar esta información, aunque tendría que ser respetando las normas sobre protección de datos personales”, advierte.

Para concretar la promesa de “realizar seguimiento al alcalde” el experto indica que se debe tener en cuenta que los procesos de contratación y compras públicas se regulan por ley del Congreso y que la MML no las puede modificar.

Gonzalo Alegría

El candidato por Junto por el Perú es el que tiene menos iniciativas calificadas como viables. Solo uno de los especialista consideró que una de sus propuestas podría concretarse: erradicar corrupción de funcionarios, a través de una auditoría integral, funcional y contable, para no renovar a aquellos funcionarios que tengan irregularidades laborales o funcionales.

Para Javier Albán difícilmente de esta manera se cumpliría con el propósito trazado, mientras que Eduardo Herrera asegura que para hacer un buen análisis se debería detallar quién se encargaría de realizar dicha auditoría o en qué campos se haría. Por su lado, José Tello menciona que pese a que la considera factible no se puede interferir con el trabajo que ya realiza la Contraloría General.

La promesa de “Priorizar a proveedores y trabajadores peruanos”. fue calificada como inviable por los tres expertos. Según se detalla en la explicación de esta iniciativa, la MML y las otras municipalidades distritales deben centrar sus esfuerzos en evitar cualquier a proveedor extranjero, especialmente en la contratación de grandes obras.

Al respecto, Albán subraya que no solo es una propuesta que no prioriza lo que sea mejor para los vecinos, pues a veces la mejor oferta podría ser extranjera. “Esta iniciativa también es constitucionalmente cuestionable por ser discriminatoria y atentar contra el artículo 63 de la Constitución”, explica, un punto en el que también enfatiza Tello. Por su lado, Herrera recalca que la corrupción no tiene nada que ver con nacionalidades.

Por último, la promesa de “Aplicar un sistema inspirado en los concursos públicos daneses: cero corrupción” solo es un enunciado que tampoco sería viable o al menos requiere de más detalles para una mejor evaluación.