Línea 111: ¿Es realmente una solución efectiva contra la extorsión en el país?

Según informó el gobierno en una nota de prensa, las llamadas serán atendidas por personal de la División de Secuestros y Extorsiones (Divise) de la Policía Nacional (PNP). Por ello, el responsable de su implementación y operación es el Ministerio del Interior (Mininter).

El mismo día en que Boluarte presentaba este servicio, un empresario ferretero de Ventanilla recibía una nueva amenaza de extorsión por parte de criminales que le han exigido 50 mil soles para no atentar contra su integridad y la de su familia. “Acá tienes que pagarme mi plata, porque si no todos estos plomos van a ir a tu familia. (...) ¡Plata o plomo!”, fue el macabro mensaje que recibió, según un reportaje de Panorama.

El comerciante explicó que, tras negarse a pagar la extorsión, los delincuentes respondieron disparando en cinco ocasiones contra su vivienda. En consecuencia, decidió cerrar su negocio y no salir de su hogar.

En búsqueda de protección, llamó a la Línea 111. La respuesta que recibió lo dejó insatisfecho, pues la consideró muy obvia: le indicaron que debía presentar una denuncia en la comisaría de su sector. Su indignación continuó cuando fue a la comisaría. “Me he acercado a la comisaría, tal como me indicó el oficial del 111, pero no pude presentar mi denuncia. Esto es indignante. Ahora solo me queda permanecer encerrado en casa”, declaró al dominical.

Tras días de promesas incumplidas, como el envío de un patrullero para garantizar su seguridad, los agentes policiales lograron capturar a dos de los extorsionadores responsables del atentado tras un nuevo ataque a la vivienda del empresario. Los detenidos fueron identificados como Adrián Chuquipiondo, de 21 años, y Mark Acevedo, de 32 años, quienes actualmente permanecen en custodia.

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El caso expuesto revela la violenta ola delictiva que ha ensangrentado al país y atemoriza a los ciudadanos, principalmente, a los empresarios.

En la tarde del lunes, un sicario que se hizo pasar por repartidor asesinó a balazos al profesor Julio César Pacheco Pimentel en la puerta del colegio Julio C. Tello, en Ate Vitarte. El ataque ocurrió frente a varios de sus alumnos.

En Santa Anita, este fin de semana un vendedor ambulante de verduras fue asesinado delante de su esposa y una de sus hijas de 13 años, quien resultó con heridas en el rostro y manos. La viuda asegura que no tenían amenazas, pero conocía que a otros comerciantes les pedían dinero.

Las estadísticas reflejan este preocupante panorama. El Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) reporta que la cifra de homicidios a nivel nacional en lo que va del año es de 1.493. De esta forma, el Perú ha superado el total de homicidios registrados en todo el 2023: 1.431 casos. Por ello, el 2024 está próximo a convertirse en el año con la mayor cantidad de homicidios registrados desde el 2017.

Rubén Vargas, exministro del Interior, declaró a El Comercio que la Línea 111 puede ser útil para brindar un acompañamiento y asesoría inmediata a una víctima de extorsión, pero no debe asumirse como la principal alternativa para combatir la extorsión.

“Las líneas de atención frente a casos de inseguridad ciudadana tienen una naturaleza de acompañar y dar asesoría inmediata a las víctimas. En este caso, la Línea 111 puede brindar auxilio a los ciudadanos extorsionados, que actualmente están en una situación de indefensión y sin tener ideas claras de a dónde y a quién acudir cuando son amenazados. Sin embargo, de ninguna manera puede convertirse en la principal herramienta contra el crimen organizado”, explicó.

Vargas señaló que los agentes de la PNP a cargo de la atención de las llamadas deben estar “perfectamente capacitados” para orientar a los ciudadanos y saber cómo articular los casos con otras unidades de la PNP.

En esa línea, el exministro indicó que las denuncias de extorsión no deberían ser derivadas a una comisaría, porque “los agentes designados a ellas no tienen entre sus funciones investigar el crimen organizado”. Precisó que estos casos deben ser derivados directamente a otras unidades especiales de la PNP, como la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) o los Departamentos de Investigación Criminal (Depincris) distritales.

“No es recomendable que un agente de la Línea 111 le diga a un empresario extorsionado que vaya a presentar su denuncia a una comisaría. Esto demuestra un serio problema de orientación. Lo mejor es que pueda derivarlo o explicarle los pasos para presentar su caso ante la Depincri de su distrito, ya que es una unidad básica para prevenir y combatir la delincuencia, o directamente la Dirincri”, detalló.

Por su parte, Frank Casas, experto en seguridad ciudadana, señaló que la Línea 111 puede contribuir a formalizar las denuncias por extorsión debido a que muchas víctimas de diversos delitos no llegan a poner las denuncias por factores como el miedo y la desconfianza en la acción de las autoridades.

“Toda política de seguridad debe asegurarse de promover las denuncias de delitos. El Estado debe generar mecanismos penitentes para que los ciudadanos no se inhiban a denunciar cuando son víctimas de un delito. La extorsión es un delito muy violento y sus víctimas suelen ser amenazadas a no denunciar. Incrementar la cantidad de denuncias es importante para tomar mejores decisiones contra el crimen”, expresó.

En ese sentido, Casas indicó que la Línea 111 debe funcionar con protocolos que permitan proteger la identidad de los denunciantes y guardar la confidencialidad de la información que brindan. “Si no existe un trato responsable de la información y los extorsionadores llegan a conocer quién los denuncia, esta iniciativa será contraproducente para combatir el crimen. Se necesita un trabajo cuidadoso y profesional”, afirmó.

Al presentar la Línea 111 en diferentes comunicados y notas de prensa, el gobierno informó que este servicio permitirá a la PNP ejecutar acciones tácticas inmediatas para capturar a los delincuentes. Sin embargo, Vargas sostiene que una estrategia contra la criminalidad no debe reducirse a detener a delincuentes o responsables de actos vandálicos.

“Cuando hablamos de extorsiones, hablamos de un delito que realiza toda una banda criminal. Los extorsionadores no son solo las personas que disparan contra una casa o dejan un explosivo en un negocio; esta solo es la cara visible de la extorsión. Sin embargo, todos los integrantes y la compleja estructura de una banda criminal no son visibles. Es por eso que cuesta tanto acabar las extorsiones”, argumentó.

Por ello, Vargas subrayó que el servicio de la Línea 111 no puede reemplazar a la investigación policial de las bandas criminales.

Por otro lado, el gobierno informó que, en casos donde estén involucradas organizaciones criminales, se implementarán operaciones de inteligencia para desarticular a sus cabecillas y miembros. Vargas observó este cometido, pues asegura que “siempre existen organizaciones criminales detrás de las extorsiones”. “Es muy difícil que una solo persona ejecute actos extorsivos. Entonces, la pregunta para el gobierno es la siguiente: ¿en qué casos de extorsión no están involucradas las organizaciones criminales?”, manifestó.

En consecuencia, Vargas sostiene que la Línea 111 no es una estrategia que permita enfrentar de manera frontal a las extorsiones, como asegura el gobierno. “Presentar a la Línea 111 en esos términos es demagógico y demuestra un desconocimiento de la naturaleza de las extorsiones y las organizaciones criminales. Presentado de esa forma, puede abonar al concepto entre la población de que las denuncias son una pérdida de tiempo”, sostuvo.

En tanto, Casas manifestó que el servicio de la Línea 111 es insuficiente para luchar frontalmente contra la extorsión debido a la falta de un trabajo complejo y organizado para afrontar este delito por parte de la PNP y las entidades del Estado a cargo de la seguridad. “La respuesta contra la delincuencia del sector seguridad del Estado es limitada para combatir la extorsión. Una estrategia efectiva demanda un trabajo complejo de refuerzo de las instituciones, financiamiento, comunicación municipios, entre otros”, dijo.

“Está bien que se promueva la denuncia, pero si la estrategia contra las extorsiones solo queda en un registro legal y no está acompañada de una labor compleja que involucre a todos las instituciones y actores de la seguridad del Estado —como la PNP, la Fiscalía, Sucamec, etcétera— la ciudadanía no querrá colaborar con las autoridades y los ciudadanos seguirán siendo violentados”, aseveró.

Este Diario pidió una entrevista al Mininter sobre los objetivos de la Línea 111 y su descargo al reportaje de Panorama. Hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo una respuesta.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha habilitado un número telefónico para atender denuncias de extorsión. Se trata de la línea 318-50-50, para atender las llamadas de ciudadanos de todos los distritos de Lima Metropolitana.

“Esta línea permite a la población reportar casos de extorsión de forma anónima, si lo desean, a cualquier hora. Nosotros recibimos el caso y de inmediato lo comunicamos a la PNP para que puedan hacerse cargo del caso. Contamos con operadores capacitados para esta tarea”, explicó a El Comercio Abdul Miranda, gerente de seguridad

“Lo más importante es que los ciudadanos denuncien y que nuestra respuesta sea rápida y efectiva. Hemos habilitado esta línea hace una semana para recibir reportes de extorsiones y ya tenemos alrededor de 40 denuncias, principalmente de comerciantes”, precisó.

Asimismo, Abdul señaló que otra estrategia de seguridad que está realizando la municipalidad es conectar la señal de las cámaras de los negocios autorizados del Centro de Lima —como bodegas, galerías y restaurantes— a su central de seguridad para atender con mayor rapidez cualquier urgencia. Los reportes podrán realizarse a través del botón rojo del aplicativo móvil Lima Segura.