La ola de delincuencia llegó hasta la avenida Javier Prado con el asesinato de Alexander Merino Effio, de 48 años. El hombre, dedicado al llenado de colectivos, fue acribillado a plena luz del día por un par de delincuentes, el pasado jueves. Su cuerpo ensangrentado cayó a la vía auxiliar de la gran avenida, junto a unos buses del Corredor Rojo que pasaban por el lugar. “Son dos chibolos en motos negras”, gritaban desesperados los testigos del hecho.
El vil asesinato marcó un precedente para los colectiveros que cubren la ruta de la avenida Arequipa, quienes ahora también temen por sus vidas y no dudan que tarde o temprano los extorsionadores, dedicados al cobro de cupos al transporte, llegarán y los amenazarán. Están dispuestos al diálogo, al pago, cualquier cosa en lugar de no ser asesinados. “San Borja es un llamado de atención para todos”, indicó uno de ellos a El Comercio.
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Los crímenes ligados al cobro de cupos al transporte público han migrado a diversos distritos de la capital. En ese sentido, los hombres del volante declararon que cualquier ataque que se pudiera dar en el eje de la Av. Arequipa, zona donde operan, será considerado como uno contra ellos. Esto se podría dar en distritos como Lince, Jesús María, Miraflores, entre otros.
Episodios críticos
“Todos estamos asustados. Nos puede pasar algo”, dijo una persona allegada a la empresa de transporte El Mandarino. En julio de este año, un trabajador de esa línea fue baleado a quemarropa en un paradero ubicado en la Av. Revolución de Comas. Personas de la zona llevaron al hombre hasta el Hospital Sergio Bernales para salvarle la vida. Un testigo del caso relató a El Comercio que la víctima recibió disparos en una pierna y una mano
Los extorsionadores continuaron con la mirada puesta en la empresa y mataron al conductor Rutman Berríos Pajuelo, la noche del último martes, en la misma avenida donde sucedió el primer ataque armado.
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“Hoy mato a un chofer, mañana a otro y a otro si le siguen pagando al Monstruo Chonguito. Desde hoy no le pagan. Atte. Los que matarán al Mostro Chonguito”, se leía en un papel que dejaron los asesinos de Rutman sobre su cuerpo.
El homicidio levantó las alertas en la población porque fue un crimen que desencadenó más en diversos puntos de la ciudad. Se vio de todo: balazos contra buses llenos de pasajeros, una granada en un paradero final de la empresa Etuchisa en Lima Sur, el asesinato de otro chófer y más amenazas extorsivas.
Las extorsiones ejecutadas con la modalidad de cobro de cupos a transportistas no son nuevas; de hecho, fue una de las primeras mutaciones de este delito que se identificó en el Perú a inicios de la década del 2000. Mientras que en el puerto del Callao organizaciones criminales luchaban por controlar las extorsiones vinculadas a las construcciones, en el norte, exactamente en Trujillo, bandas comenzaron a cobrar cupos a los transportistas. A todos les colocaban un sticker como muestra de que pagaban el cupo. Según fuentes de El Comercio, la situación no ha cambiado en la Ciudad de la eterna primavera.
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Trabajadores de las empresas como El Mandarino, Etuchisa, Uvita, asociaciones de mototaxistas, entre otras, fueron las primeras víctimas de los criminales que exigen pagos a cambio de dejarlos trabajar. Según información del Portal Estadístico del Ministerio Público, el año pasado la Fiscalía de la Nación recibió 22.396 denuncias por extorsión. Una cifra que superó hasta en cinco veces más al reporte del 2021, año que reunió 4.761. Hasta julio de este año, se interpusieron 13.047 denuncias por este delito, 907 más que el cómputo total del 2022 (12.077).
El presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana del Perú (Aprosec) César Anderson indicó a El Comercio que existe una percepción de inacción por parte del actual Gobierno frente a la problemática de las extorsiones. “Hoy yo te puedo afirmar que miles de personas en nuestro país están pagando extorsiones. Esto debido a que la criminalidad trabaja territorialmente”, dijo.
Respecto a la migración del crimen a diversos distritos de la capital, el experto indicó que se debe a la poca presencia policial con acciones disuasivas y de inteligencia. “Cómo es posible que el jefe de la policía salga a decir que la prensa está dando cuenta solamente de estos delitos de alto impacto”, aseveró el presidente de Aprosec.
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Es preciso resaltar que luego del asesinato del chofer de la empresa El Mandarino, el comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, fue cuestionado por RPP sobre qué acciones aplicaría su institución para frenar la ola de violencia que afecta al sector transporte. El jefe directamente respondió que la prensa nacional contribuye con las organizaciones criminales cubriendo casos de extorsión que generan zozobra en la población, cuestión que beneficiaría a los delincuentes.
ATU y PNP se reúnen
Por segunda vez, la representantes de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) se reunieron en una mesa de trabajo para intensificar las acciones preventivas en puntos críticos de la capital y realizar investigaciones que resulten en la desarticulación de organizaciones criminales que vienen azotando al transporte público.
Durante la reunión realizada el sábado en la sede la Dirincri de Cercado de Lima, los oficiales policiales encabezados por el general PNP Marco Conde Cuellar, director de Investigación Criminal, informaron que se dará un tratamiento especial a los transportistas que deseen denunciar de manera anónima las extorsiones.
Representantes de la ATU y de la Dirincri se reunieron el último sábado.
Foto: ATU
El director de Investigación Criminal, exhortó a los transportistas a que confíen en sus autoridades y puedan realizar las denuncias pertinentes para combatir de manera eficaz los crímenes. La ATU, por su parte, informó que durante la semana la PNP reforzará las capacitaciones a transportistas para promover las denuncias.
Asimismo, dada la gravedad de los hechos recientes, la ATU remitió ayer al Ministerio del Interior el oficio N.° D-000082-2024-PE, solicitando que se eleve al Ejecutivo la propuesta de convocar una “Sesión de Consejo de Estado”, máxima instancia de coordinación del Estado Peruano. Con este objetivo, se busca articular esfuerzos en conjunto entre los tres poderes del Estado y organismos autónomos, a fin de frenar estos delitos y salvaguardar la seguridad del sistema de transporte en beneficio de la población.
