Un atentado al transporte cada 24 horas: estas son las bandas que se disputan el control de las combis

“Es un paro para que nos brinden un poco de seguridad y así seguir trabajando. Pero hasta ahora no se manifiesta la empresa. No nos apoya como trabajadores y conductores de la empresa. Nosotros no vamos a esperar un tercer atentado”, expresó uno de los choferes.

Lejos de mejorar la situación, la violencia ha incrementado y se ha extendido por toda la capital: durante esta semana, en promedio, cada 24 horas se registró un atentado al transporte público con disparos, granadas en los paraderos y hasta asesinatos. Empresas como El Mandarino, Etuchisa, Uvita, asociaciones de mototaxistas, entre otras, fueron las primeras víctimas de los criminales que exigen pagos a cambio de dejarlos trabajar.

Tan solo de enero a julio, se registraron 10.617 denuncias por extorsión en el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol). Es decir, cada hora dos personas fueron víctimas de este mal a nivel nacional.

En estos últimos siete días, Lima Norte fue el sector que registró más ataques con un total de cuatro. Se presume que detrás de ellos estarían criminales vinculados a Erick Moreno Hernández, alias ‘Monstruo’ y a Adam Lucano Cotrina, alias ‘Jorobado’. Ambos criminales buscan tomar el control total de las extorsiones, el cobro de cupos, la comercialización de drogas, entre otros ilícitos, en el cono norte.

Cinco días después del anuncio del paro, en el paradero Villa Sol de Los Olivos, un bus de la empresa Etuchisa fue baleado mientras estaba lleno de pasajeros. Hombres a bordo de una motocicleta lo interceptaron para abrir fuego contra el. El chofer narró que las balas cayeron directamente en las ventanas, pero nadie resultó herido. “Todo ocurrió cuando estábamos en movimiento”, dijo.

Esa misma fecha, en San Juan de Lurigancho, sicarios asesinaron al mototaxista Martín Quispe de un balazo en la cabeza. Mario Arce, presidente de la Confederación Nacional de Mototaxis del Perú, indicó a El Comercio que el 26 de agosto tenían una marcha programada para exigir mejores condiciones de seguridad frente a los asesinatos por cobros de cupos; sin embargo, no se realizó porque les negaron las garantías. Declaró que las asociaciones de mototaxistas pagan hasta S/15.000 mensuales a extorsionadores para trabajar.

A Rutman Berríos Pajuelo, de 32 años, sicarios lo acribillaron y le dejaron un cartel amenazante sobre su cuerpo que aún agonizaba. El lamentable hecho sucedió la noche del pasado martes, mientras se encontraba al interior de una combi de la empresa El Mandarino, la cual conducía diariamente por la ruta Comas-San Juan de Lurigancho.

“Hoy mato a un chofer, mañana a otro y a otro si le siguen pagando al Monstruo Chonguito. Desde hoy no le pagan. Atte. Los que matarán al Mostro Chonguito”, se leía en el papel. Personas cercanas a Berríos Pajuelo denunciaron que la empresa venía pagando cupos a la banda criminal dirigida por Erick Moreno Hernández, alias ‘Monstruo’ o ‘Chonguito’.

“Todo fue por el cobro de cupo. No ha sido la primera vez -que disparan-, hace un mes otro compañero fue víctima. Él sí pudo sobrevivir. Lo agarraron a balazos. También sucedió en Collique”, declaró un testigo.

A raíz del asesinato de Berríos Pajuelo, el comandante de la Policía Nacional (PNP), Víctor Zanabria, fue cuestionado por RPP sobre qué acciones se tomarán para frenar la ola de violencia. Lejos de responder directamente la pregunta, replicó señalando a la prensa nacional de contribuir con las organizaciones criminales para generar temor en la población con la cobertura de casos de extorsión. Su declaración fue comparada con una similar que emitió el ministro del Interior, Juan José Santivánez, quien afirmó que a la prensa le gusta la “peliculina”.

“Nosotros venimos aquí a sumar. Voy a ser absolutamente claro y crítico [...] A veces quienes no juegan el mismo papel son el Ministerio Público y la prensa. Voy a decirlo claro, porque la prensa, muchas veces, en lugar de informar lo que uno está haciendo, lo que uno está trabajando, lo que le gusta es la peliculina. Es informar lo malo. Es lo que venden”, afirmó Juan José Santiváñez.

El Comercio solicitó una entrevista al Ministerio del Interior para conocer qué acciones tomarán tras la ola de crímenes, pero no obtuvo respuesta.

Luego del lamentable crimen en Comas, las alarmas se volvieron a encender porque trabajadores de la empresa Etuchisa denunciaron públicamente que extorsionadores dejaron una granada de guerra dentro de su paradero final de Villa El Salvador. Una vez más, solicitaron garantías para sus vidas.

A la mañana siguiente, sicarios a bordo de una motocicleta asesinaron a un llenador de colectivos en plena avenida Javier Prado, en San Borja. El hombre fue identificado como Alexander Merino Effio, de 48 años. Se conoció que el sujeto contaba con antecedentes judiciales y penales.

La noche de ese mismo día, en Comas, un chofer de combi también fue asesinado. A diferencia de los crímenes descritos, este último tendría como móvil un ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales de la zona. Una fuente cercana a los hechos, indicó a El Comercio que minutos antes de la tragedia el hombre se encontraba en una fiesta clandestina que fue intervenida. El se retiró del lugar en el vehículo con un grupo de personas. Tras su salida se produjo el ataque.

El atentado más reciente ocurrió el viernes, en el distrito de Villa María del Triunfo. En medio de una concurrida avenida, un bus de la empresa Etulasa recibió más de 20 impactos de bala. El conductor resultó herido en una pierna, mientras que los pasajeros, por suerte, salieron ilesos del ataque.

El cabecilla de la banda criminal The Killers, identificado como Ronald Antonio Peredo Cueto, alias ‘Teti’, sería el nuevo brazo derecho del ahora reo ‘Jorobado’. Esto se descubrió tras la difusión de un video en el que un grupo de delincuentes armados se dirigen hacia los operadores de Lucano Cotrina para que dejen de meterse con “inocentes”. El mensaje se dio luego de una serie de crímenes en Lima Norte que resultaron en la muerte de al menos dos personas.

‘Jorobado’ fue detenido el 31 de enero pasado por la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri en el distrito de Independencia. Actualmente cumple prisión preventiva en el penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro. Él cuenta con 19 investigaciones fiscales en Lima Norte, la mayoría por homicidio y extorsión. Además, estaría vinculado a 14 hechos de sicariato en la misma zona de la capital.

El ‘Monstruo’ o ‘Chonguito’ controla gran parte de las extorsiones y secuestros en Lima Norte. Las autoridades lo identificaron como un delincuente sanguinario que no mide peligros; es decir, puede matar sin problemas. Según informó con anterioridad el general PNP Luis Flores Solís, exdirector de Investigación Criminal, Hernández inició robando camionetas 4x4, pero al ver que había otros delitos más rentables, escaló hasta el secuestro convirtiéndose en uno de los más experimentados de la materia. Por la cabeza de ‘Monstruo’ el Ministerio del Interior ofrece S/100.000.

Si bien la banda liderada por Moreno Hernández ha sido desarticulada en varias ocasiones, siempre consigue reemplazos para sus hombres de confianza para seguir operando en el mercado criminal. A él se le atribuye el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar Flores, el de la menor Valeria V., entre otros que ocurrieron en Lima Norte.

Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología y Estudios sobre Violencia (ICEV), indicó que, si bien no es nuevo que se extorsione al sector transporte, ahora los criminales actúan con más impunidad porque ya no pueden ser perseguidos como ejecutores de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, sino solo como delincuentes comunes.

“Lo primero que debe hacerse es derogar esa ley [N° 32108] porque nada de lo que se pueda hacer es viable sin una norma que te permita actuar de forma especial frente a estos organizadores”, dijo. Resaltó que, tras la modificación de la Ley Contra el Crimen Organizado, Ley N° 30007, las autoridades no tienen herramientas para poder perseguir a este tipo de criminales.

Es preciso recalcar que la nueva norma establece que, ahora para definir a un grupo como organización criminal, este debe tener como finalidad “obtener, directa o indirectamente, el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, para obtener un beneficio económico”. Asimismo, se podría dejar en impunidad casos donde los delitos cometidos no superen los seis años de pena privativa de la libertad.

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“Es inviable cualquier tipo de acción contra alguna organización criminal si existe un divorcio entre la Fiscalía y la Policía. Hoy, eso está absolutamente fragmentado debido a las peleas entre el Ministerio [del Interior] y la Fiscalía de la Nación”, añadió.

Frank Casas, experto en seguridad ciudadana, indicó que es probable que cerca del 90% de los transportistas que operan en el mercado informal sean víctimas de extorsión. “El fenómeno se ha incrementado en niveles de violencia”, dijo.

Respecto al nuevo marco legal, indicó que facilita mucho más la impunidad. “Los propios responsables de la investigación criminal, como la Fiscalía, están evidenciando este gran problema”, concluyó.