A puertas cerradas, tras rejas y con temor: así atienden las bodegas y comercios en Lima

Un equipo de este Diario recorrió diversos puntos de la capital donde se han registrado casos de extorsión, atentados y sicariato vinculados a organizaciones criminales. En esas zonas, se constató que a pesar del estado de emergencia la presencia policial es nula y la mayoría de negocios operan a puertas cerradas o detrás de rejas reforzadas, no solo para evitar robos, sino principalmente para impedir el ingreso de los extorsionadores.

La avenida Maestro Peruano, de Comas, -que une la avenida Túpac Amaru con la avenida Universitaria-, pasó de ser una vía comercial a una zona tomada por la criminalidad organizada, donde los emprendedores, empresarios y vecinos temen transitar. Muestra de ello es que la mayoría de los locales de la zona permanecían cerrados o atendían con las puertas cerradas y guardando distancia con el exterior.

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Esta crítica situación se replica en diversos sectores de Lima y Callao, afectando mayormente a bodegas y pequeñas tiendas, cuyos propietarios han optado por reforzar sus establecimientos con puertas metálicas, rejas de seguridad y cámaras de videovigilancia para proteger tanto sus vidas como la de sus trabajadores.

Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, informó que más de 2.000 bodegas cerraron sus puertas en el último año debido a las extorsiones.

Solo en 2024, la Policía Nacional del Perú registró más de 16.000 denuncias por este delito. De ellas, aproximadamente 14.590 correspondieron a extorsión común, 796 a la modalidad “gota a gota”, 747 al cobro de cupos, 416 a servicios de “seguridad falsa” o “chalequeo”, y 107 a otras variantes del delito. Al menos 3.825 víctimas estuvieron vinculadas al sector comercial.

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Sobre las tácticas empleadas por los delincuentes, Choy explicó que en un inicio los extorsionadores exigían grandes sumas de dinero, algunas superiores a los S/20.000, lo que obligó a muchos comerciantes a cerrar sus negocios. Sin embargo, en la actualidad han optado por cobrar montos menores pero de forma constante, a cambio de no atentar contra la vida de los emprendedores.

“Tengo muchos socios que están realmente aterrados y prefieren no hablar. Una gran mayoría está pagando cupos. Definitivamente estamos viendo que la delincuencia, en las zonas que has visitado, está más fuerte”, declaró Choy a El Comercio. Añadió también que algunos bodegueros, tras ser víctimas de atentados, han optado por mantenerse en la clandestinidad.

Como parte de las acciones del gremio, Choy está coordinando con la Policía Nacional la elaboración de una cartilla informativa que incentive las denuncias entre comerciantes. “La mayoría tiene miedo y no sabe cómo actuar ante esta situación”, indicó.

Además, se está trabajando para que las denuncias puedan realizarse de forma virtual y anónima, con el fin de proteger la identidad de los denunciantes y evitar represalias por parte de las bandas criminales.

“Ahora, muchas bodegas solo atienden por horas. Abren por breves momentos y luego vuelven a cerrar. Pasa que los delincuentes en moto patrullan las calles, y al ver los locales abiertos, atentan contra ellos”, alertó Choy.

El cercado de Lima, San Juan de Lurigancho, Comas, Ate y Puente Piedra son los cinco distritos con mayor número de denuncias de extorsiones en toda la capital. Según información del Ministerio del Interior, de enero a marzo de este año, las jurisdicción mencionadas han alcanzado un total consolidado de 1.062 denuncias por este delito.

Los siguen Carabayllo (133), Villa El Salvador (132), Chorrillos (130), Los Olivos (126) y San Martín de Porres (124). En tanto, en la Provincial Constitucional del Callao, los distritos con más denuncias por extorsión son Callao Cercado (114), Ventanilla (57) y Bellavista (25).

Cabe resaltar que así como los comerciantes son víctimas de los extorsionadores, ahora también lo son los clientes. Juan Carlos Sotil, explicó en una entrega anterior que estas víctimas se clasifican en dos tipos: periféricas y circunstanciales. Explicó que se cataloga como víctimas periféricas a todo aquel que guarda cierta relación con la principal víctima de la extorsión, es decir, si extorsionan a un empresario de transporte y atacan a un trabajador de su compañía, se cumple la regla de víctima periférica. En cambio, si durante el ataque a una pollería asesinan a un cliente, y no al dueño extorsionado, se trata de una víctima circunstancial.

Ambas categorías reflejan la brutalidad del crimen organizado, que ha dejado de tener límites en su accionar. “Hemos llegado a un extremo en que las bandas de extorsionadores aplican los mecanismos más crueles en una demostración de poco respeto a la vida, impunidad y problemas conductuales”, señaló Sotil, al referirse a esta escalada de violencia. En el caso de las víctimas periféricas, añadió que los criminales las utilizan como una forma de presión directa sobre los extorsionados.

En tanto, Frank Casas, experto en crimen organizado y seguridad ciudadana, advirtió que el Perú atraviesa un fenómeno complejo, donde bandas criminales cada vez más desorganizadas, violentas y precarias están tomando el control del delito extorsivo. “Hemos visto que el perfil de la personas que muchas veces participan en las extorsiones y en el sicariato son algunos menores de edad, otros bastante jóvenes, poco especializados incluso en la actividad criminal”, indicó.

Hoy, cualquier persona puede ser víctima. Ya no basta con no tener vínculos con el crimen o evitar zonas peligrosas. El riesgo es constante, incluso en los espacios cotidianos. “Hoy no te puedes salvaguardar en un restaurante, en el transporte público, no hay nada que te permita salvarte, a no ser que vayas a un lugar con mayor vigilancia que probablemente sea mucho más caro”, explicó Casas.

Además del dolor que dejan estos crímenes, muchas víctimas circunstanciales quedan fuera del radar del sistema de justicia y reparación. Este tipo de víctimas no necesariamente podrán recibir una reparación, entonces no solo se afecta la economía de los locales, sino también quedan totalmente afectadas las familias de los heridos o fallecidos a causa de los ataques extorsivos, señaló Casas. “En este marco de plan de crisis, se puede plantear una estrategia que te permita contener el nivel de violencia”, concluyó.