Recompensas fallidas: programa del Mininter y miles de soles bajo la lupa | VIDEO

Jacqueline Mori Sotelo no sabía que su rostro estaba junto al de sicarios, asaltantes y violadores, conformando la extensa lista de los más buscados del Perú. Tampoco sabía que, en el 2017, el Ministerio del Interior (Mininter) ofrecía como recompensa S/ 15 mil a la persona que diese información sobre su paradero. La sindicaban de ser una narcotraficante, pero ella era inocente como se confirmó tiempo después.

Su caso devela irregularidades detrás de una de las políticas contra la inseguridad ciudadana, que impulsó la gestión del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski: El Programa de Recompensas.

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—“Escóndete hasta que encuentren las pruebas”—
La pesadilla de esta mujer, madre de dos niñas, empezó el día que robaron su bolso, con su DNI dentro, en el 2009. Como muchos peruanos ella no denunció el hecho en una comisaría y tramitó, sin problemas, el duplicado del documento, en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). En ese momento desconocía el uso que le darían los maleantes a su DNI y que su libertad corría peligro.

El documento fue a parar a manos de una banda de narcotraficantes que lo utilizó para enviar, a nombre de ella, 77 cápsulas conteniendo clorhidrato de cocaína, dentro de un sobre, hacia España, a través de una agencia Serpost, en Villa el Salvador. El día que alguien la suplantó, Jacqueline vendía ropa en una tienda, en Independencia, como testificaron ante las autoridades judiciales sus compañeros de trabajo.

La policía encontró la droga durante una inspección a las encomiendas. La única pista que tenían los agentes antidrogas era el nombre escrito en el sobre: “Jacqueline Mori Sotelo”. Buscaron su dirección y la citaron para que declare por el hallazgo de la cocaína.

“Me pareció raro que me citaran, me sorprendió, creí que era una equivocación. Me fui sin abogado creyendo que todo se resolvería inmediatamente. No sabía la gravedad del asunto. Yo no había hecho ningún envío”, recuerda Jacqueline, sentada en su humilde casa, ubicada en las faldas de un cerro, en el asentamiento humano 3 de Mayo, en el distrito de San Martín de Porres.

Luego de ser interrogada y de pasar una serie de peritajes grafotécnicos, los policías le dijeron que la volverían a citar, sin embargo, en el 2012, le llegó a su casa una orden de captura por estar implicada en el delito de tráfico ilícito de drogas. Ante su desesperación por ser encarcelada, la mujer juntó sus ahorros y contrató a un abogado, luego buscó a otros de oficio. Todos le recomendaron lo mismo: “Escóndete hasta que aparezcan las pruebas que confirmen tu inocencia”.

“Me fui a la Defensoría del Pueblo, un abogado presentó una pedido para que varíen la orden de detención por comparecencia, pero la rechazaron. Me fui a los canales de televisión para decir que me acusaban de algo que yo no había hecho. Hice todo lo que pude. Vivía al miedo de que me detengan siendo inocente. Los abogados de oficio me decían que lo mejor era no entregarme a la justicia, sino esperar a que aparezcan pruebas como las cámaras de seguridad de Serpost que confirmarían que yo no envié ningún sobre”, cuenta. Así pasó cerca de cinco años hasta el 2017.

—“Yo sé dónde está Jacqueline Mori Sotelo”—
El Programa de Recompensas fue creado en la gestión del ex presidente Ollanta Humala en marzo del 2016. José Luis Pérez Guadalupe, ex ministro del Interior, en el tiempo en que se aprobó esta medida, enfatiza a El Comercio que el objetivo de la norma era poner un precio a los cabecillas de crimen organizado o delincuentes de “alta lesividad”. Bajo la condición de que la Policía Nacional del Perú (PNP) tuviese dificultad en capturarlos. “No era para cualquiera. Por eso la primera lista fue de 15 buscados y la siguiente fue de 30. Nada más”, precisa el ex ministro.

El decreto que aprueba el Programa de Recompensas establece que por dirigentes o cabecillas, el monto de la recompensa podía llegar hasta S/500 mil, mientras que por integrantes de la organización criminal sería hasta S/100 mil. En cuanto a los “autores, presuntos autores o partícipes” de delitos de “alta lesividad”, el monto llegaría hasta los S/150 mil. La medida no especifica que los incluidos dentro del programa debían ser exclusivamente delincuentes condenados por el Poder Judicial. Gerson Galvez Calle, ‘Caracol’, estuvo en esa primera lista al igual que Luis Vásquez, ‘El monstruo de Cajabamba’, sentenciado por haber violado a 18 alumnas menores de edad.

Carlos Basombrío, ministro del Interior, durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, decidió continuar con el sistema de recompensas, pero le añadió un cambio: masificó el programa. Es decir, no solo estarían los más feroces y ranqueados delincuentes sentenciados por el Poder Judicial, sino cualquier requisitoriado, sin importar si luego era declarado inocente como el caso de Jacqueline Mori Sotelo, o culpable.

Fue así que, de 30 prófugos de la justicia que dejó la gestión de Pérez Guadalupe dentro del Programa de Recompensas, la cifra se elevó a 2.539 personas incluidas a enero del 2019. Basombrío renunció al Mininter en diciembre del 2017.

El rostro de Jacqueline fue colocado en la lista de los más buscados en el 2017. Se ofrecía S/15 mil para la persona que brinde información de su paradero. “Yo nunca me escapé. Estuve siempre viviendo en mi casa. No me fui a otra ciudad. Siempre he cuidado de mis hijas. No las podía abandonar”, resalta la mujer.

A pocos días de que su rostro fuese difundido, un sujeto llamó a la línea gratuita del Programa de Recompensas (080040-007) y dijo: “Yo sé dónde está Jacqueline Mori”. Los días en libertad de esta mujer estaban contados. La policía no tuvo necesidad de montar una operación para capturarla. La encontraron saliendo de su casa, en San Martín de Porres.

“A dos cuadras de mi casa, un patrullero me detuvo. ¿Sabía, usted, que estaba en el Programa de Recompensas?, me preguntaron. No, les dije. No lo podía creer. Era algo denigrante, de ponerme un chaleco. Tomarte fotos como que habían capturado a una gran narcotraficante y lo único que salía de mí era: ‘yo soy inocente. Yo no hecho nada. Se equivocaron’”, cuenta y se quiebra al recordar ese momento. Su madre le alcanza un vaso con agua para calmarla.

Jacqueline fue encarcelada en el penal Virgen de Fátima, en Chorrillos, y sentenciada a ocho años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas.

—“Tienes que darle su cariño al comandante”—
Mientras la familia de esta mujer vivía un calvario, su delator se frotaba las manos para cobrar la recompensa, pero no era el único que ansiaba el dinero. Dos policías del Callao habrían estado detrás de la recompensa.

En noviembre del 2018, ese mismo delator denunció, de manera anónima, ante el Mininter, que un policía del Callao fue a su casa para decirle que lo acompañaría a cobrar la recompensa al Banco de la Nación, ubicado en la avenida Sáenz Peña. Una vez dentro de la agencia bancaria, el policía le dijo desafiante: “Tienes que darle su cariño al comandante. La chamba la hemos hecho todos”, y le entregó su canguro para que guarde ahí el dinero. Pero, el delator de Jacqueline fue más audaz, tiró al piso la tarjeta del banco, y salió corriendo.

Luego, tramitó otra tarjeta, retiró los S/15 mil y se fue del país. Según la denuncia que presentó al Mininter, empezó a recibir llamadas de dos policías, quienes lo amenazaron con detenerlo y acusarlo de traficante de droga si no les entregaba el dinero. Regresó a Perú en septiembre del 2018.

A la denuncia de este informante extorsionado se sumó otra, la de un delator que cuando fue a cobrar su recompensa al Banco de la Nación porque había dado información de la ubicación de un requisitoriado, la cajera le informó que otra persona ya lo había cobrado.
Fue a raíz de estas denuncias, que el ministro del Interior, Carlos Morán, decidió realizar una evaluación al programa. Este Diario accedió a los resultados.

“Esto nace a partir de denuncias anónimas de dos personas. Una señalaba que había sido suplantada por otra para el cobro de la recompensa y otra que había sido materia de hostigamiento por parte de policías para efectos de quedarse con el dinero o repartirlo. Se han detectado algunas debilidades al sistema de recompensas”, sostiene César Segura, jefe de Asuntos Internos del Mininter, encargado de las indagaciones.

—Se gastó S/ 850 mil en pagos irregulares—
Una de las irregularidades encontradas es que el Ministerio del Interior desembolsó S/180 mil para pagar a supuestos informantes, que habían dado las ubicaciones de once personas prófugas de la justicia. Sin embargo, se ha descubierto que esas personas requisitoriadas fueron capturadas durante operaciones de rutina de la PNP, es decir cumpliendo su trabajo diario, y no por delaciones de informantes. ¿A dónde fueron a parar esos S/180 mil?

Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que un grupo de policías armó un plan para crear falsos informantes con el propósito de quedarse con el dinero de las recompensas.

Además, se pagaron recompensas por 159 personas, presuntamente delincuentes, que fueron encarceladas, pero puestas en libertad en por lo menos un año. Y otras 67, por las cuales se el Mininter desembolsó S/670 mil en pagos de recompensas, pero que nunca fueron encarceladas. Es decir, se les detuvo para que se vayan a sus casas. ¿Cuáles fueron los motivos?

“Las razones de que los dejen libres eran posiblemente porque sus procesos se habían archivado, no eran delitos mayores, estaban inmersos en una investigación por error, o solo porque requerían su firma para un expediente o sencillamente, el juez resolvía que podían irse a su casa a afrontar el proceso en libertad porque no había peligro de fuga. El problema es que se desembolsó dinero para eso y se decía que eran grandes delincuentes”, sostiene a este Diario una fuente del Mininter.

En total, el Estado gastó S/850 mil en pagos que no se ajustarían a lo que establecía la norma.

La evaluación concluyó también que de las 2.539 personas incluidas en el Programa de Recompensas, desde marzo del 2016 hasta enero del 2019, fueron capturadas 1,413 y permanecen en libertad 1,126.

“Cuando inicié mi gestión conversamos sobre el programa de recompensas con mis asesores y vi que el ex ministro Pérez Guadalupe tuvo una buena iniciativa de lanzar este programa, pero en el camino fue perdiendo su esencia. Se llegaron a tener más de 2.400 personas buscadas. Esto ni en la peor época de la guerra contra los cárteles en Colombia en la época de Pablo Escobar, no superaba las 100 personas. Entonces, encargue la Oficina de Integridad para que haga una evaluación del programa y encontramos algunas falencias y esto partió a raíz de dos denuncias que recibió mi despacho y que fueron tratadas inmediatamente”, sostuvo Carlos Morán, ministro del Interior.

“Pusieron a todos los requisitoriados. O sea, a cualquier pirañita que cruzaba por la calle lo pusieron en la lista y se pusieron a jugar ‘michi’ en la pared. Ese no era el sentido de recompensas. Hubo una inflación. Había gente que las capturaban y luego llegaban al juez y les daba libertad. Tú no vas a gastar plata ni esfuerzo en ese tipo de gente”, recalca Pérez Guadalupe.

El ex ministro Basombrío brindó una entrevista a El Comercio para abordar este tema, pero al final del encuentro pidió que sus declaraciones no sean utilizadas para este reportaje y que la persona indicada para responder por las irregularidades encontradas debía ser el ex viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas.

Este sostiene, en defensa de la masificación del Programa de Recompensas, que no fue una decisión antojadiza sino que se basaron en lo que señala la ley. “Aplicamos en toda su extensión lo que nos permitía ese marco legal. No fue una decisión arbitraria, caprichosa que tomó la gestión del ex ministro Basombrío, sino que se sustentó en la alta incidencia de esos delitos lesivos, especialmente contra personas que no podían defenderse”, indica.

Sin embargo, Segura puntualiza que se incluyeron delitos que no estaban en la norma, esto con el objetivo de incluir a más personas acusadas no solo de ser cabecillas. “La norma señala delitos de alta lesividad, criminalidad organizada, hay un menú. Son aproximadamente 11 tipos penales, pero se incorporaron otros, que estarían fuera del marco legal. Eso se habría debido a un problema de control y definición”, precisa.

Los delitos incluidos, durante la gestión de Basombrío, fueron: violencia contra la autoridad, falsificación de documentos, apropiación ilícita y libramiento indebido (girar un cheque sin fondos, por ejemplo). Pero, Vargas añade que el decreto especifica que se podían incluir “los delitos que adicionalmente la comisión evaluadora valore como de alta lesividad”. La norma lo especifica.

Periodista: La crítica vendría a que se desembolsó dinero para que finalmente [el requisitoriado] esté en su casa…

Vargas: La crítica es como consecuencia del desconocimiento de cómo funciona el programa. El programa es para capturar a un requisitoriado no para asegurarnos una sentencia.

Periodista: Pero, el rostro de esa persona, en plena conferencia de prensa, siendo marcado por el ministro…supongamos tenencia ilegal de armas o tráfico ilícito de drogas, marcado.

Vargas: Lo volvería a hacer cincuenta veces. Porque esa persona no se puso a derecho. Entonces, si esa persona no quería pasar por ese rato desagradable o ver que su cara esté en la lista de los más buscados tendría que haberse puesto a derecho.

Periodista: Te marco la cara frente a cámaras porque no te pusiste a derecho…

Vargas: No, yo pido la colaboración de la ciudadanía para ponerlo a derecho y la ciudadanía es quien colabora con la policía para que se ponga a derecho. Estoy utilizando lo que la ley me faculta.

Sobre los requisitoriados por los cuáles se desembolsó dinero, pero que nunca pisaron un penal, Vargas, remarca: “Es el juez quien determina la situación jurídica de ese requisitoriado. Y si el juez ordenó que la investigación continuara bajo el sistema de la comparecencia restringida, no ha entrado al penal. Eso no significa ningún acto de corrupción o de anomalía del sistema de recompensas”.

Al respecto, el ministro Morán, adelanta que no se pondrá fin al Programa de Recompensas, pero será renovado, es decir volverá a sus inicios: solo para los más ranqueados y feroces delincuentes.

“Al final el informe recomienda cuatro cosas. Primero depurar la lista de los más buscados que actualmente supera los mil y volver a la esencia de la creación de este programa. Solamente deben estar consideradas las personas que estén involucradas en delitos de alta lesividad: bandas organizadas, narcotráfico, terrorismo, crimen organizado y delitos de corrupción de funcionarios. Estamos incorporando, por ejemplo, ahora a las personas involucradas y con órdenes de captura por el caso Lava Jato”, detalla Morán.

—Sobrecostos en la página recompensas.pe—
Otras de las irregularidades detectadas al Programa de Recompensas es un posible sobrecosto por la creación del portal web recompensas.pe durante la gestión del ex ministro Basombrío. La evaluación concluyó que se gastó S/54,500 (durante dos años) para la implementación del sitio web.

“Existiría una sobre valoración de los servicios contratados. Cada año debió costar como máximo S/ 2,500, pero se pagó 10 veces más”, se lee en el resultado de la evaluación. Pérez Guadalupe recalca que durante su administración se utilizó la página web del Mininter para colocar los rostros de los más buscados y con “resultados satisfactorios”.

“Nosotros sí tenemos indicios de que el tema de la página web no sería una contratación del todo regular básicamente por el costo y las acciones que estas se desarrollaron. Era un tercero quien tenía la gestión y administración de la página web cuando a nuestro juicio y básicamente dialogando con los técnicos de la Oficina de Tecnologías y Comunicación del ministerio la plataforma web del ministerio podría haber albergado esa información. Hoy le puedo dar la información que el control de la página web, de la seguridad de la información de la web es exclusiva del Ministerio del Interior”, resalta Segura.

En su defensa, Vargas sostiene que un año se pagó S/23,000 y el siguiente S/32,000 por el sitio web, pero esto no se debió a un acto de corrupción o de querer beneficiar a una empresa, sino que fue una recomendación de la Oficina General de Informática del Mininter. “Nos indicaron que la página web del Mininter no soportaba más información y muchos menos el tamaño de la información. Un programa exitoso debía tener una difusión adecuada. Cada semana se incluían 100 nuevos prófugos de la justicia al sistema de recompensa”, dice.

—“Pido ayuda para hacer una contrademanda”—
Si uno escribe en Google Jacqueline Mori Sotelo sigue apareciendo su rostro tachado y sindicada como traficante de clorhidrato de cocaína a pesar que el 27 de marzo del 2019, la Corte Suprema resolvió declarar nula la sentencia que la condenó y que se archive definitivamente todo su caso y se anulen sus antecedentes policiales y judiciales por estos hechos. Fue declarada inocente.

Periodista: ¿Usted ha pensado iniciar una medida legal en contra del Ministerio del Interior por haberla incluido en el Programa de Recompensas?

Jacqueline Mori: Qué le puedo decir señorita. Dinero no tengo. Sé que se necesita dinero. Pediría ayuda a empresarios, a personas que me traten de ayudar con abogados, si se puede hacer una contrademanda, sí lo haría, pero no por el dinero porque siempre he trabajado sino lo haría por mi dignidad. Incluso le dije a mi familia, doy gracias que me ha tocado a mí, que tengo un esposo que ve a mis hijas, que tengo una madre que me apoya, que tengo unos hermanos maravillosos. Imagínese si le hubiese tocado a una madre soltera, dónde hubiesen ido a parar esos niños. ¿En un albergue?