El pasado martes, el congresista Wilson Soto, de la bancada de Acción Popular, envió el oficio N° 091-2023-2025-WSP-CR a la presidenta de la república, Dina Boluarte, solicitando que se considere con urgencia la posibilidad de declarar en estado de emergencia toda la capital ante el incremento de la delincuencia. En el documento el parlamentario también resaltó que a diario los medios de comunicación informan sobre actos delictivos perpetrados por delincuentes extremadamente peligrosos. Además, indicó que la situación no solo afecta al patrimonio de los ciudadanos, sino que también pone en riesgo la vida e integridad de las personas.
En ese sentido, pidió el respaldo de las Fuerzas Armadas para la Policía Nacional del Perú (PNP). Otros tres oficios con el mismo contenido fueron enviados al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y a la Presidencia del Consejo de Ministros.
“De acuerdo al artículo 44 de la Constitución Política, el Presidente de la República, con el acuerdo del Consejo de Ministros, tiene la facultad de decretar, por un plazo determinado y en todo el territorio nacional o en parte de él, estados de excepción, incluyendo el estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno. Esto puede llevar a la restricción o suspensión temporal de algunos derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales”, se lee en el oficio.
En comunicación con El Comercio, el congresista Soto indicó que entregó el pedido directamente a la Presidenta de la República la noche del martes luego de sostener una reunión con todos los alcaldes distritales de Huancavelica. Indicó que está en manos del Ejecutivo implementar una serie de estrategias que permitan desarrollar un correcto estado de emergencia.
“Le he manifestado a la señora Presidenta que lo evalúe. Para declarar en estado de emergencia sería importante coordinar con todos los alcaldes de Lima Metropolitana y el Ministro del Interior con el fin de tomar algunas acciones”, dijo.
Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la PNP, indicó a El Comercio que la medida de estado de emergencia puede funcionar siempre y cuando haya un plan de operaciones que asegure un correcto desempeño de la policía con apoyo de los militares. “La policía con inteligencia sabe dónde son los lugares -donde están los criminales-, el estado de emergencia es para que gente que está más capacitada pueda salir a esos puntos, así como se ejecutó en Ecuador”, dijo.
Por su parte, el experto en inseguridad ciudadana Frank Casas, indicó que el pedido de estado de emergencia es una demanda populista porque la medida con anterioridad no ha demostrado efectividad en la lucha contra la criminalidad. “Cuando se declara en estado de emergencia y la policía traslada mayor cantidad de fuerza policial, lo que hace es quitarle a otros territorios esa presencia”, dijo.
Casas también recordó que la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) hace veinte años cuenta con estado de emergencia constante y no hay cambios. “Se podría iniciar controlando a los facilitadores del delito aquellos factores que ayudan a que los extorsionadores cometan el delito, como la exposición de la información de las víctimas y las armas de fuego [...] El gran problema de la extorsión es que es predatoria y de alta violencia”, aseveró.
Crímenes sin control
Poco les interesó tirar una ráfaga de disparos en la puerta del colegio. Solo tenían un objetivo: matar o, como se conoce en la jerga del hampa, limpiar la plaza. Es así que sicarios dispararon 20 veces contra Key Jeremy Suca Chamana, de 32 años, quien se encontraba en el exterior del colegio 145 Independencia Americana, ubicado en la zona de Huáscar, del distrito de San Juan de Lurigancho.
El hecho sucedió la tarde del último martes. El hombre murió en el lugar, mientras que una madre de familia que se encontraba cerca resultó herida. Poco después del crimen, se conoció que la víctima mortal contaba con antecedentes por robo agravado, comercialización de drogas, entre otros delitos.
Esa misma tarde, en la misma zona del asesinato, delincuentes ultimaron a un mototaxista informal. La semana pasada, otro mototaxista, identificado como Martín Quispe, también fue asesinado. Mario Arce, presidente de la Confederación Nacional de Mototaxis del Perú, indicó a El Comercio que las asociaciones de mototaxistas pagan hasta S/15.000 mensuales a extorsionadores para trabajar.
Los asesinatos por encargo o ejecutados por extorsionadores no son los únicos que han tomado la capital. Gerson Jafet Quintana Ferreñán, de tan solo 19 años, caminaba por la Av. Universitaria en el distrito de Los Olivos cuando encontró la muerte a manos de dos raqueteros que intentaron robarle su celular. La noche del pasado viernes, él se resistió al asalto y en respuesta recibió varios disparos que le quitaron la vida.
El joven natural de Piura, falleció en los brazos de su primo. Quintana soñaba con ser contador. Estaba cursando su tercer ciclo de la carrera de Contabilidad en un conocido instituto. A unas cuadras de donde se levantaba el cuerpo sin vida del estudiante, la PNP detuvo a uno de los presuntos implicados en su asesinato. A él se le encontró un arma de fuego abastecida con seis municiones.
En el Emporio Comercial de Gamarra, delincuentes armados y organizados asaltaron a un cambista. Al hombre lo golpearon, arrastraron y amenazaron para que entregue su dinero. También sucedió el viernes, en plena celebración por el día de Santa Rosa de Lima. Ningún policía se encontraba en el lugar del atraco a pesar de que el Jirón Gamarra es considerado como un corredor seguro.
La semana pasada, El Comercio alertó que se registró un promedio de un atentado diario contra trabajadores o unidades del sector transporte en la capital. Al menos tres personas perdieron la vida producto de ataques ejecutados por extorsionadores que solicitan dinero a cambio de dejarlos circular por las principales avenidas.
En emergencia
Según información del Diario Oficial El Peruano, al menos ocho decretos de estado de emergencia por control de orden interno se encuentran activos a nivel nacional. El Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa, cuenta con la medida activa desde el 5 febrero de este año. A la fecha, cuenta con 30 días para que la PNP mantenga el control con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas en todo el corredor, incluyendo los 500 metros adyacentes a cada lado de la vía.
El departamento de La Libertad, es considerado por la PNP como uno de los sectores con mayor tendencia al incremento de delitos como el homicidio, robo, extorsión y otros. Es por ello que sus provincias de Virú y Trujillo cuentan con la medida vigente de estado de emergencia. El primero, desde julio, mientras que el último desde febrero de este año. En tanto, Pataz, provincia que enfrenta una grave crisis de inseguridad producto de la minería ilegal y el crimen organizado, también cuenta con la medida vigente hasta la segunda semana del presente mes.
Cerca a la frontera con Ecuador, en la provincia de Zarumilla (Tumbes), el tráfico ilícito de drogas, contrabando, trata de personas, entre otros delitos, son algunos de los problemas que enfrenta la población. Con el fin de restablecer el orden interno de la zona mencionada, la medida de estado de emergencia se encuentra vigente hasta mediados de este mes.
Al otro extremo del país, en San Román (Puno) también tiene el estado de emergencia activo, al igual que las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla en Loreto. En esa misma línea cumpliendo con la medida se encuentran los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto de la provincia de Tambopata y los distritos de Madre de Dios y Huepetuhe de la provincia de Manu del departamento de Madre de Dios.
Crisis en cifras
Según el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Victimización en el Perú 2015-2023, el 32,3% de la población de 15 años de edad a más en Lima Metropolitana y Callao fue víctima de algún hecho delictivo durante el 2023.
La cifra representó un incremento de 6,1 puntos porcentuales en comparación del año anterior, donde se registró que las víctimas representaron el 26,2% de la población.
La misma fuente señaló que en 2023, en Lima Metropolitana se registraron 185.849 denuncias por comisión de delitos. En 2022 fueron 165.818.
Durante el último trimestre del año pasado, los distritos de Cercado de Lima, Lince, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana (Piura), acataron la medida de estado de emergencia por aproximadamente 60 días calendario. En la penúltima semana de octubre, nueve personas fueron asesinadas en menos de siete días en SJL y SMP.
En la actualidad, los últimos hechos de sangre registrados en la ciudad han tenido como principal móvil la extorsión bajo la modalidad de cobro de cupos. Según información del Portal Estadístico del Ministerio Público, hasta julio de este año, se interpusieron 13.047 denuncias por extorsión a nivel nacional, 907 más que el cómputo total del 2022 (12.077).
El año pasado la Fiscalía de la Nación recibió 22.396 denuncias por el mismo delito. Una cifra que superó hasta en cinco veces más al reporte del 2021, año que reunió 4.761.
Además, según información de la Dirección de Investigación Criminal a la que accedió este Diario dejó en evidencia que de enero al 26 de agosto de este año, las direcciones de la PNP han capturado a 206 extorsionadores en flagrancia delictiva o con una detención preliminar vigente.
