

Luego que 13 mineros fueran asesinados en Pataz, región La Libertad, a manos presuntamente de mineros ilegales, el pasado 26 de abril, la Comisión de Defensa del Congreso de la República ha citado para hoy, lunes 5 de mayo, a las 3 y 30 de la tarde, al ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, para que informe sobre las medidas que viene implementado su sector ante la seguridad ciudadana en el estado de emergencia.
A través de sus redes sociales, la parlamentaria Adriana Tudela confirmó la citación, indicando que el titular del Mininter deberá rendir cuentas sobre el rol de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante los últimos días en esta parte del Perú.
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El escrito detalla que Díaz Zulueta deberá indicar “las razones por las cuales el despliegue de grupos de élite se ha realizado recién a pesar de encontrarse en vigencia el estado de emergencia en esa zona”.

Asimismo, las medidas preventivas que tiene el Mininter para disminuir el riesgo de que ocurran nuevos actos de violencia relacionados al crimen organizado en la provincia de Pataz que incluyen protocolos, mecanismos de inteligencia operativa y “coordinación interinstitucional”,
Gremios se pronuncia por asesinatos en Pataz
En tanto, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) exige al Gobierno un plan urgente contra la minería ilegal.Por su parte, la Confiep tlamentó que las autoridades responsables hayan perdido el control de la seguridad en esta y otras zonas del país.
También, los gremios empresariales y de trabajadores del Perú rechazan lo ocurrido al norte del Perú y expresan más sentidas condolencias a las familias de los 13 trabajadores asesinados en la provincia de Pataz, víctimas de una banda criminal vinculada a la minería ilegal.

“Este hecho no es un caso aislado. Es la consecuencia directa de la ausencia de una política integral, firme y eficaz del Estado frente a la criminalidad organizada, así como del mantenimiento de mecanismos como el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera)”, señalan.
El Colectivo PAS solicita al Gobierno, al Congreso de la República y a la administración de justicia encargadas a “tomar medidas urgentes y efectivas para combatir la minería ilegal para que así el país evite sea tomado como rehén de las economías ilegales”.
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