Ley de facultades legislativas en seguridad ya tiene autógrafa del Congreso: cuáles son las medidas que dispondrá el Ejecutivo

Una semana después de que el Congreso aprobara el pedido de facultades legislativas propuestas por el Gobierno en materia de seguridad ciudadana, este viernes, el Legislativo firmó la autógrafa de la ley, por lo que solo restaría que el presidente José Jerí estampe su rúbrica y proceda con su promulgación. Al cierre de esta nota, aun no se confirmaba este último hecho.

El 24 de noviembre pasado, durante 4 horas y media, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, junto a su gabinete, sustentó la solicitud de delegación de facultades legislativas en sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución del Congreso de la República.

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Los argumentos dados abordaron las propuestas de agilizar el levantamiento del secreto de comunicaciones en casos de extorsión, generar denuncias desde el trabajo de inteligencia policial, reestructurar el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y más.

Tras la aprobación del Proyecto de Ley N°13280/2025-PE y la firma de la autógrafa por parte del Congreso, esta debe ser enviada a Palacio de Gobierno. El jefe de Estado deberá firmar el documento y, acto seguido, se deberá promulgar en el Diario Oficial El Peruano. La rapidez de esto último puede variar, ya que puede salir publicado en edición extraordinaria del viernes o recién este sábado.

“Es deber del titular de cada sector informar a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República por escrito y dentro del plazo de sesenta días calendario contados desde la publicación de los decretos legislativos correspondientes, bajo responsabilidad, los avances del estado de implementación de las medidas legislativas que se emitan al amparo de la presente ley”, se lee en la autógrafa.

Se trata de 24 medidas referidas a seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad violenta. Asimismo, a estas se sumaron otras ligadas al crecimiento económico responsable y al fortalecimiento institucional. Las principales medidas son las siguientes:

Levantamiento del secreto de comunicaciones

Desde el Ejecutivo se busca agilizar el levantamiento del secreto de comunicaciones para el delito de extorsión, incluyéndolo en el catálogo de emergencias para obtener pruebas más rápido. Esto garantizará que los requerimientos de esta medida donde se investiguen casos de extorsión, sean atendidos dentro de un plazo de 24 horas.

Además, permitirá el fortalecimiento de la investigación y persecución de este delito, pues la obtención de pruebas que vinculen directamente al sujeto activo con los hechos imputados, permitirá alcanzar la verdad procesal para la sentencia condenatoria.

A través de esta medida, el fiscal -previa autorización judicial- podría intervenir, grabar o registrar comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación y geolocalización de teléfonos móviles desde donde se estén realizando los actos extorsivos, muy útil para la investigación de dicho delito.

Reestructuración del INPE

El Poder Ejecutivo plantea la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), ente rector que absorberá al INPE y al Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ).

Bajo dicha superintendencia se materializará una estructura organizacional “moderna, especializada y eficiente”, que fortalecerá la seguridad y el tratamiento penitenciario; además, reducirá el nivel de reincidencia delictiva y de infracción de la ley penal.

El Gobierno sostiene que la estructura organizacional del INPE se encuentra desfasada y no se muestra acorde con la realidad delictiva actual. Asimismo, señala que las cárceles enfrentan una grave situación con organizaciones criminales ejerciendo un alto grado de control.

Control de armas

Otra propuesta relacionada a optimizar el control y la custodia de armas tiene que ver con reducir de 3 años a uno el plazo para destruir armas incautadas, incorporando la supervisión del Ministerio Público a fin de evitar el reingreso de estas al mercado ilícito. Asimismo, se propone ampliar el delito de tenencia ilegal de armas.

Inteligencia criminal contra la extorsión

Entre las medidas denominadas prioritarias por el Ejecutivo contra la extorsión está la de regular la inteligencia criminal como fase pre procesal. Para ese fin, Martínez dijo que se propone modificar el Decreto Legislativo 1611 y el Código Procesal Penal.

A través de esta medida, se busca que la información de agentes especiales e informantes adquiera mayor solvencia probatoria y credibilidad. De esa manera, la Policía Nacional y la Fiscalía no dependerán solamente de las denuncias de las víctimas para iniciar investigaciones, sino que podrán hacerlo con la información proveniente del trabajo de inteligencia.

Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, comentó a El Comercio que al margen que le parece importante que el Ejecutivo piense en iniciativas legislativas para luchar contra la inseguridad, previamente a la solicitud de facultades existen dos temas que han debido priorizarse. Lo primero, precisó, es que hay un listado de normas antitécnicas del Congreso que tendrían que ser realmente materia de revisión por parte del Ejecutivo.

“Entre esas normas se encuentran, por ejemplo, aquellas que han delimitado y restringido la investigación de las bandas criminales, aquellas normas que le han atado las manos a la policía para que realmente pueda decomisar la dinamita que se encuentra en manos de gente que tiene un Reinfo vigente pero que no tiene la documentación adecuada, entre otras”, detalló.

Por otro lado, Valdés se refirió sobre la pertinencia de plantear medidas legislativas a escasos meses de que el presidente José Jerí deje el poder. “Me genera dudas y suspicacia que salga con un paquete de iniciativas legislativas que es con lo que debiera empezar el próximo gobierno. Debiera dejarles las recomendaciones luego de un proceso mucho más acentuado de estudio y de propuestas para el próximo gobierno”, expresó.

Sobre las iniciativas legislativas, el experto opinó que lo que se necesita es fortalecer la gestión a través de recursos porque, por ejemplo, los temas de inteligencia no requieren de iniciativa legislativa alguna, indicó. En el caso de la propuesta de reestructurar el INPE, dijo que lo que tiene que hacer realmente el Estado peruano es tomar una dirección, discutir si es que queremos un organismo penitenciario que resocialice o uno que sea solamente punitivo.

“A mí me preocupa que tras este pedido de iniciativas legislativas, tengamos al Ejecutivo ocupado en reglamentarlas, lo que va a tomarle al menos cinco o seis meses, justamente cuando ya sepamos quién será el próximo presidente. Entonces, creo que los tiempos no son los adecuados“, acotó.

Mientras tanto, el criminólogo Nicolás Zevallos dijo que de las 26 propuestas planteadas, algunas sí resultan interesantes, mientras que otras pueden ser un poco complicadas de poner en marcha. Una que destaca es la relacionada a la inteligencia criminal, para que la información que la policía produzca como inteligencia sea suficiente para investigar a las organizaciones o bandas vinculadas a la extorsión.

“En un contexto donde la gente tiene miedo a denunciar, que la policía no dependa de la víctima es, sin duda, un cambio sustantivo. Después, hay medidas que son necesarias, como la del INPE y temas vinculados al control de las comunicaciones y demás asuntos“, comentó.

No obstante, para Zevallos, el gran asunto de fondo es que todas estas medidas necesitan una base sólida para implementarse: equipamiento, infraestructura, personal, comunicaciones y recursos.

“En lo que debería pensar el presidente y su equipo es de inmediato hacer un inventario con los proyectos de inversión prioritarios para poner en marcha los elementos que van a ser modificado y armar un equipo que trabajará para asegurar que esos proyectos se ejecuten adecuadamente. A partir de eso, garantizar que haya recursos e implementos suficiente para poner en marcha lo que está planificando“, explicó.