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El 19 de marzo pasado, varios residentes del edificio Santa Ana, en Miraflores, se enteraban por los noticieros de que su vecino del sexto piso, el terapeuta Eduardo Ruiz García, había fallecido allí mismo, dentro de su departamento. La causa: el COVID-19, una infección que empezaba a propagarse en nuestro país.
Ruiz García, de 69 años, había llegado de España con los síntomas de la enfermedad, y por esa razón se le tomó una prueba de descarte en el hospital Edgardo Rebagliati días atrás. Sin embargo, retornó a su domicilio, donde finalmente murió sin conocer los resultados del examen médico. Falleció solo en su casa, y su cadáver fue retirado veinte horas después, ya que no había un protocolo claro para el manejo de estos casos.
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Se convirtió así en la segunda de la pandemia en el Perú, y el primero que moría por el coronavirus en su propio hogar. Hoy, casi cuatro meses después, las cifras se han incrementado considerablemente.
Morir en casa
De los 17.654 muertos por el COVID-19 registrados oficialmente a la fecha (el Gobierno añadió ayer el desfase de 3.688 decesos no considerados previamente), un total de 2.088 personas (12%) fallecieron en sus domicilios, en la vía pública o en pleno traslado a un centro de salud, según la Sala Situacional del Ministerio de Salud (Minsa).
Las estadísticas también muestran que, de esos 2.088 decesos, 1.524 (73%) eran adultos mayores (de 60 años a más); el 25% eran adultos (de 30 a 59 años); el 1,2% eran jóvenes (de 20 a 29 años); y el porcentaje restante (0,8%) eran niños o adolescentes.
Para Manuel Espinoza, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, es crucial considerar el nivel socioeconómico (NSE) de estas personas para determinar las posibles causas del deceso en casa, aunque sí se podrían identificar dos escenarios.
“Hemos reportado casos de personas del NSE A y B, sobre todo adultos mayores, que evitaron acudir a un centro de salud en un avanzado estado de la infección para morir en casa junto a sus familiares. En los NSE C, D y E, la situación es más crítica: serían personas que llegaron al hospital y no fueron atendidas, por lo que tuvieron que regresar al domicilio”, dijo.
El protocolo
En marzo último, el Minsa aprobó la Directiva Sanitaria 087-2020, para el manejo de cadáveres por COVID-19. Allí se establecieron los protocolos y lineamientos para el retiro del inmueble, traslado y cremación o inhumación de los fallecidos por el virus en viviendas.
La normativa estableció que el cadáver “no debe permanecer por más de 24 horas” en el domicilio. Para su traslado, el personal de salud tiene que colocarlo en una bolsa impermeable resistente y de cierre hermético, la cual “será rociada con hipoclorito de sodio con cloro”. Tras ello, será derivado “inmediatamente y de manera directa al cementerio” de la jurisdicción. La primera opción es que sea cremado; pero si en el lugar donde reside no es posible, será enterrado.
A cargo de estas labores estará el equipo humanitario de recojo de cadáveres (EHRC), formado por un médico cirujano y personal de apoyo. En el caso de producirse el deceso en la vía pública, la Policía Nacional debe asegurar el perímetro del sitio e informar al Ministerio Público y las autoridades sanitarias de la jurisdicción para que determinen a quién le corresponde intervenir.
De acuerdo con la directiva sanitaria, si la persona falleció con síntomas de la infección y no se le realizó una prueba molecular o rápida de descarte, será considerada “un caso confirmado de COVID-19”.
