¿Cuáles son los retos que enfrenta el nuevo ministro de Educación al 2021?

El Gobierno de Manuel Merino designó a Fernando D’Alessio como nuevo titular del Ministerio de Educación (Minedu), uno de los sectores donde la pandemia del COVID-19 tuvo mayor impacto. Más de 10 millones de estudiantes en todo el país –desde la educación básica regular (EBR) hasta la superior universitaria– dependen de las decisiones de esta cartera, además del magisterio en todos los niveles educativos. Estos son los retos más importantes que debe enfrentar el Minedu hacia el próximo año.

MIRA: Comisión de Educación verá proyecto de ley que busca cambiar la Ley Universitaria y el currículo escolar

1. Las clases presenciales al 2021

El principal cambio que trajo consigo la pandemia fue la implementación de clases no presenciales desde marzo pasado, debido al inicio de la cuarentena y a fin de evitar posibles contagios. En julio, el Ejecutivo dispuso el retorno parcial a las zonas en el ámbito rural donde la incidencia del COVID-19 era “nula o mínima, o se haya reducido considerablemente”. Sin embargo, según refirió el exministro Martín Benavides hace unas semanas, esta reapertura de la presencialidad no se concretó porque muchos profesores preferían seguir con el programa remoto “Aprendo en Casa”.

Ante ello el sector replanteó la estrategia. El 5 de noviembre último, Benavides anunció que se iba a diseñar “un sistema flexible” para el regreso gradual y voluntario a las aulas en el 2021. Dicho plan se trabajaba bajo las recomendaciones de Unicef, la Unesco y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Agregó, en diálogo con TV Perú, que cada escuela deberá evaluar si está en capacidad de aplicar los protocolos de bioseguridad requeridos.

El Minedu ha calculado que más de 300.000 alumnos quedaron fuera de clases este año, ante la imposibilidad de seguir la educación a distancia por problemas de conectividad u otros. En esa línea, el sector estableció que los escolares que cursaron el año escolar 2020 de manera remota tendrán una promoción guiada que les permitirá matricularse en el 2021 en el grado siguiente. Además, se anunció que 18 mil escuelas contarían conectividad el próximo año.

Para Marilú Martens, exministra de Educación, el nuevo titular del sector debe garantizar la continuidad de estas estrategias y ejecutarlas con claridad para reducir la incertidumbre en la comunidad educativa, el magisterio, los estudiantes y los padres de familia. En tanto Ricardo Cuenca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), explicó que al 2021 se requiere “una estrategia muy fina, con capacitación de docentes y ajustes en los planes de estudios”. “El regreso a clases no solo es una decisión educativa, sino intersectorial. Se debe tomar en cuenta la información epidemiológica, sanitaria, de territorialidad, económica. D’Alessio tendrá que articular”, dijo.

2. La reforma universitaria

Antes de que se cumplieran 24 horas de la juramentación de Merino como presidente, la Comisión de Educación del Congreso agendó la discusión de cinco proyectos de ley para la creación de nuevas universidades públicas, pese a la oposición previa de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Horas más tarde se conoció que Ántero Flores-Aráoz, un férreo opositor de la Ley universitaria, había sido designado como primer ministro. Ya en el cargo, declaró que las universidades denegadas –como Telesup (a la cual defiende su estudio de abogados) o Alas Peruanas– merecían “una segunda oportunidad” a futuro.

Se sembró entonces la duda sobre la continuidad de la reforma universitaria y de la Sunedu, que está a cargo del otorgamiento o denegatoria de los licenciamientos institucionales. A la fecha, solo queda una universidad pendiente de resolución de las 145 que solicitaron esta acreditación ante la superintendencia: la U. Nacional Ciro Alegría, en La Libertad. Sin embargo, tanto las instituciones licenciadas como las denegadas tuvieron que adaptarse a la situación que generó la pandemia: brindar clases no presenciales, a través de plataformas de Internet.

Esto tuvo un impacto: hasta setiembre pasado, unos 174.000 jóvenes peruanos han tenido que dejar sus estudios en las diferentes universidades del país, según un estudio elaborado por el Ministerio de Educación (Minedu). De este modo, la tasa de deserción universitaria alcanzó este año un 18,6% de un total de 955.000 estudiantes en el Perú; un indicador que es seis puntos porcentuales mayor al registrado en el 2019 (12%). El escenario varió según el tipo de gestión de cada casa de estudios: en las públicas, la tasa de deserción actual llegó a 9,85%; mientras que en las privadas, a 22,5%.

Martes consideró que la nueva gestión ministerial debe ser firme en la defensa de la reforma universitaria y continuar con su implementación, tal como lo establece la norma. “Es clave verificar el proceso de cese de las casi 50 universidades con licencia denegada. También es muy importante la ratificación del actual jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, así como el respeto de su rectoría”, dijo. Por su parte, Cuenca indicó que D’Alessio tiene que fortalecer el trabajo de la superintendencia y ver cómo incorporar la educación técnica en el marco de la educación superior universitaria. “Igualmente, se debe evaluar si necesitamos crear nuevas universidades públicas o mejorar el presupuesto de las que ya existen. Coincido en que debe continuar Zegarra”, agregó.

3. La carrera pública magisterial

En octubre último, el pleno del Parlamento agendó el debate y posterior votación del dictamen elaborado por la Comisión de Educación del Congreso disuelto en el 2019, que reponía a más de 10 mil directores y subdirectores que no aprobaron las evaluaciones del Minedu en el 2014. Esto, según diferentes expertos y el propio Ejecutivo, vulneraba la meritocracia establecida con la Ley de la Carrera Pública Magisterial. El expresidente Vizcarra manifestó que, de aprobarse, iba a observar la norma. Ante la presión ciudadana, el Congreso dejó sin efecto el cuestionado dictamen.

De acuerdo con el exministro Benavides, un total de 14.317 docentes fueron retirados bajo la aplicación de la ley; de ellos, cerca de 200 logró reincorporarse a través de exámenes y 2.200 fueron contratados tras haber aprobado un concurso de méritos. Por ello, dijo, aprobar una norma como la propuesta desde el Legislativo sería contraproducente para aquellos profesores y profesoras que se prepararon para mantenerse en el magisterio.

Según Martens, es fundamental que se entienda que la meritocracia es un componente transversal de la CPM, y por ende de la educación nacional. “No se puede retroceder en lo avanzado. El Minedu no puede darse el lujo de hacer eco de estas iniciativas que no tienen sustento técnico ni financiero”, agregó. Cuenca precisó: “Se tiene que consolidar la reforma docente, que se inició con la promulgación de la ley en el 2012. Perú es uno de los tres países de América Latina, junto con Chile y Ecuador, que tienen una norma con enfoque meritocrático. A diferencia de lo que sucedía en gobiernos anteriores, ahora los docentes se presentan masivamente a la CPM porque ven en ella una promesa profesional en el futuro”.

VIDEO RECOMENDADO