Índice de Riesgos de Corrupción: ¿Por qué la Municipalidad de Lima sigue encabezando el ranking de la Contraloría?

Para este año, el máximo órgano de control ha incrementado el número de indicadores analizados, por lo que no resulta acertado comparar los indicadores con los resultados del 2022 y 2023. Sin embargo, una mirada al escalamiento en el ranking sí permite dar una mirada a las mejoras o deterioros en las actuales gestiones subnacionales.

Por ejemplo, la Municipalidad de Santiago de Surco se ubicaba en el segundo puesto del índice durante el 2022 y 2023, pero para la última actualización se ha alejado del riesgo ubicándose en el puesto 16, lo cual evidencia una mejora.

Caso contrario es la gestión de la Municipalidad de Ate, cuya gestión se ubicaba en el puesto 17 en 2022 y 28 en el 2023; pero para este 2024 se ubica en el puesto 4 del índice con uno de los porcentajes más elevados para el riesgo de corrupción. Similar es la situación de Los Olivos, que en las mediciones anteriores se mantenía en el puesto 21, y para este 2024 se ubica en el puesto 14 acercándose a los 10 con mayor problemas en la capital.

Este mismo ranking ubicó, a nivel nacional, en primer lugar a la Policía Nacional del Perú como entidad del gobierno con mayor riesgo de corrupción. En el top 10 también figuran 4 universidades del Perú.

En las tres últimas mediciones de la Contraloría, y si solo hablamos de municipios, la Municipalidad de Lima siempre ha figurado en la punta del Índice de Riesgos de Corrupción. Consultado al respecto, el actual alcalde Rafael López Aliaga no quiso brindar comentarios y solo nos compartió un comunicado de su gestión que explica la situación.

La Contraloría detectó 999 inversiones caducas y abandonadas en la Municipalidad de Lima y, según el comunicado de la actual gestión de la comuna capitalina, el 99% de estas “adquirieron tal condición debido a la inacción de las gestiones anteriores al 2023″. Líneas seguidas, el referido comunicado solo reconoce que 12 proyectos de inversión de la gestión actual tienen la calidad de caducas y abandonadas. “La MML bajo la administración del Alcalde Rafael López Aliaga trabaja en la regularización de estas observaciones”, finaliza el texto edil.

Jenifer Pérez, subgerente del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría, explicó que un proyecto de inversión tiene la calificación de “caducado” cuando pasaron tres años sin alguna señal de ejecución, ya sea física como presupuestal.

“En general, lo que se ha detectado es que se crean varios proyectos de inversión, pero estos no inician. Al estar creados, se gasta en consultorías de obra, pero pasan los tres años, caduca, y nunca se puso en ejecución el proyecto”, detalló Pérez.

Según lo estudiado por el equipo de la Contraloría, en Perú existen 200 mil proyectos de inversión en cartera a nivel nacional, pero solo existe la capacidad para gastar para alrededor de 30 mil. Eso deja un saldo mayor a 150 mil proyectos de inversión que quedan abandonados anualmente.

El proyecto abandonado más reciente fue un proyecto de inversión declarado viable en 2021 y el más antiguo viene del año 2004, es decir hace 20 años.

“Algunos proyectos superan los 10 años de abandono. Tenemos algunos casos como las carreteras de Huancabamba en Piura y Matarani en Arequipa que están desde 2010 y recién se han retomado, y aún así han tenido nuevos abandonos entre 2022 y 2023″, apuntó Pérez.

Algunas municipalidades de Lima, como Surquillo y San Juan de Lurigancho, han solicitado reuniones a la Contraloría para recibir asistencia técnica sobre los proyectos de inversión caducos y abandonados. En el interior del país, el Gobierno Regional de San Martín ya ha llevado a cabo algunas reuniones técnicas para “sincerar” la cartera de proyectos en dicha situación.

En regiones, además de los proyectos de inversiones abandonados, saltó un patrón durante el estudio de la Contraloría: las planillas de las UGEL. Como parte de la descentralización, la educación en el interior del país es manejada a través de las unidades de gestión educativa local (UGEL), que son son una instancia de ejecución descentralizada de los gobiernos regionales.

“Se ha observado que se están pagando montos de planillas no programados. Algunas entidades están pagando planillas atípicas o pagos no justificados. Algunos de los casos detectados han sido en las regiones de Huancavelica y Ayacucho”, dijo la funcionaria de la Contraloría.

Otra situación particular ocurre en el Callao, donde se han detectado 40 casos de irregularidades en el pago a proveedores. Estos casos van desde proveedores que emiten órdenes de servicio en la madrugada, pagos al mismo día de la emisión, vínculos familiares de proveedores con funcionarios, o la diversificación de servicios (un proveedor que vende combustible, maquinaria y alimentos).

También se han detectado casos en Lima, específicamente en distritos como Comas y La Victoria. En mayo pasado, la Contraloría realizó operativos simultáneos a las sedes del Ministerio de Economía y Finanzas, y la Municipalidad Distrital de Comas, con el propósito de recopilar información relacionada a transferencias presupuestales hacia distintos gobiernos regionales ejecutadas en base a decretos supremos y de urgencia; así como a contrataciones sistemáticas menores o iguales a 8 UIT ejecutadas por la comuna distrital.

Esto ocurrió luego de que el programa Panorama (Canal 5) revelara el caso de una joven 27 años que se desempeña como ama de casa, pero en el registro del Estado aparece como una próspera empresaria que logró ganar medio millón de soles con diversas órdenes de servicio en la Municipalidad de Comas.