El caso de una presunta red de prostitución que funcionaba en el interior del Congreso de la República sigue dando que hablar. Esta vez, Isabel Cajo Salvador (26), una de las jóvenes implicadas, denunció el supuesto robo de su celular, pero la Municipalidad de Magdalena desmintió tal versión. Todo este tema se destapó luego de que la joven Andrea Vidal murió tras ser atacada a balazos por un grupo de sicarios cuando se desplazaba en un taxi por la urbanización Santa Catalina, en La Victoria, el 10 de diciembre. Las sospechas apuntaron a Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento y sindicado de dirigir una red de explotación sexual. Él se habría peleado con su extrabajadora semanas antes de ser asesinada.
Torres Saravia, conocido como ‘Coqui’, es sindicado de organizar fiestas en las que participaban altos funcionarios del Parlamento y las trabajadoras de su despacho. Él alquilaba departamentos a través de la plataforma Airbnb para sus reuniones, según el semanario “Hildebrandt en sus Trece”.
Los testimonios señalan que Torres Saravia acostumbraba a tomar fotos y grabar videos de los participantes de su reunión, y que luego los compartían en grupos de WhatsApp entre sus amistades más cercanas.
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Él es sospechoso de haber utilizado a mujeres reclutadas, bajo engaños, por Andrea Vidal, quien fuera su mano derecha, para ofrecer servicios sexuales a cambio de favores políticos, como votos en mociones y proyectos de ley. Un hecho que comprobaría esa versión es cuando ‘Coqui’ pretendía convertirse en procurador del Congreso y, para tratar de conseguir dicho objetivo habría enviado a una de sus trabajadoras a la oficina de un parlamentario para convencerlo de respaldar su candidatura. Sin embargo, él no fue elegido
El supuesto robo del celular a Isabel Cajo
Isabel Cajo denunció que, el pasado 27 de diciembre, un hombre de contextura gruesa, con ropa oscura y con casco le arrebató su celular en el momento que pretendía tomarle una foto a su mascota cuando paseaba por las calles de Magdalena y que el delincuente huyó con “rumbo desconocido” en una motocicleta.
En la denuncia policial que interpuso en la comisaría de Magdalena, Cajo Salvador detalla que el supuesto robo ocurrió el 27 de diciembre, a las 8:10 p.m., en el cruce de los jirones Castilla y Comandante Espinar.
Este hecho del supuesto robo del celular de Isabel Cajo llama la atención debido a que ocurre en medio de una investigación por el crimen de Andrea Vidal y la supuesta red de prostitución en el Congreso, ya que la información que puede guardar ese teléfono móvil podría ayudar a esclarecer los casos. Precisamente, el legislador Flavio Cruz, de Perú Libre, afirmó que esa denuncia del asalto genera “demasiadas sospechas”.
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“Ahí hay muchas sospechas que habría que deslindar, esperemos las investigaciones porque ahí van a hablar las cámaras. Hay demasiadas sospechas en ese tema”, expresó el legislador de Perú Libre.
Municipalidad de Magdalena desmiente versión de Isabel Cajo
Ante lo denunciado por Isabel Cajo, el municipio de Magdalena descartó, tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad del 27 de diciembre, que la joven haya sido víctima de robo.
Incluso, la municipalidad difundió videos en los que se aprecia a Isabel Cajo junto a su mascota caminando por las calles de Magdalena sin tener un incidente y luego se les une otra mujer.
“Luego de una exhaustiva revisión de las cámaras de videovigilancia en el día, hora y lugar indicado por la denunciante, según el parte policial, se desprende que no fue víctima de robo ni tuvo incidente alguno, como lo ha manifestado”, señaló la comuna en un comunicado.
“Los videos de nuestras cámaras muestran a la señorita paseando con su mascota con absoluta tranquilidad y luego acompañada de otra persona”, agregó.
“Damos cuenta de esta información para los fines pertinentes y la ponemos a disposición de las autoridades para el esclarecimiento de los hechos”, señaló.
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La difusión de las imágenes en las que se evidencian que Isabel Cajo no fue víctima de un asalto se da luego que el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, solicitara a la Municipalidad de Magdalena le proporcione imágenes sobre el supuesto robo, como parte de sus indagaciones sobre el tema.
Cabe recordar que el alcalde de Magdalena es Francis Allison, quien renunció hace unos días atrás a Alianza para el Progreso, partido que se ha visto involucrado con el tema de la supuesta red de prostitución debido a que Jorge Torres Saravia era cercano a diversos dirigentes de APP.
Isabel Cajo y su recorrido laboral en el Congreso
El ingreso de Isabel Cajo Salvador a laborar al Congreso llama la atención, ya que ella se dedicó a vender contenido sexual, entre octubre del 2020 y febrero del 2024, a través de la plataforma OnlyFans. Aunque tenía estudios en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, no cuenta con un bachiller registrado en Sunedu.
De acuerdo con la revista “Hildebrandt en sus Trece”, ella habría asistido a una de las fiestas organizadas por Torres Saravia a inicios del 2024 y, tiempo después, en mayo de ese mismo año, consiguió un puesto de trabajo en el Área de Administración de Bienes del Parlamento con un sueldo de S/ 4700. En dicho puesto solo duró un mes, pues pasó a laborar en la oficina de ‘Coqui’ con un salario cercano a los 8 mil soles.
Los testimonios indican que Torres Saravia solía tomar fotos y grabar a sus invitados en las fiestas y que, en una oportunidad, compartió una imagen de un funcionario del Parlamento en prendas menores en un grupo de WhatsApp, lo que desató la ira del hombre y la emprendió contra el Área Legal y Constitucional.
Desde el 3 de mayo del 2024, personal de la Dirección General de Administración realizó varias inspecciones en la oficina que dirigía Torres y constataron que Andrea Vidal y Karla Ruiz no iban a trabajar.
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En septiembre, Andrea Vidal fue abordada por un reportero del programa “Beto a Saber” como parte de la investigación que desarrollaba sobre esa presunta red de prostitución. Eso sirvió de excusa al funcionario que tuvo el incidente con Torres Saravia para no renovar los contratos de las jóvenes que laboraban en la Oficina Legal y Constitucional.
Sin embargo, Isabel Cajo logró reubicarse y fue contratada por el congresista Edwin Martínez con una remuneración cercana a los 7 mil soles. Dicho parlamentario ha defendido a su trabajadora y aseguró que no la despedirá, pese al grave caso en el que está involucrada. Incluso, afirmó que no le preocupa que ella haya tenido una cuenta en OnlyFans, ya que consideró que eso forma parte de su vida privada.
La imagen de Isabel también figura en un chat de Glambu, un aplicativo de citas que sirve de nexo entre chicas jóvenes y hombres con alto poder adquisitivo y de preferencia mayores. La imagen fue compartida en un chat al que se accede previa suscripción y data del 26 de junio del 2023.
“No hay elementos para solicitar prisión preventiva contra Jorge Torres Saravia”, asegura su abogado
Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, afronta una segunda investigación en el Ministerio Público por el presunto delito contra la administración pública-corrupción de funcionarios, en la modalidad de colusión agravada y negociación incompatible en agravio del Estado. Él ya tiene una indagación preliminar por el delito de explotación sexual.
El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima investiga a Torres Saravia por presuntas irregularidades cometidas en la contratación de personal durante los años 2023 y 2024.
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Juan Peña, el nuevo abogado de Torres Saravia y quien reemplaza a Benji Espinoza, consideró que la indagación abierta contra su defendido “no tiene pies ni cabeza”, pues explicó que las personas contratadas en la Oficina Legal y Constitucional durante la gestión de Torres Saravia, en los años 2023 y 2024, ocuparon “puestos de confianza”.
“Lo que hoy se entiende por error es que ellas tendrían que haber pasado por una convocatoria para poder obtener ese puesto. Eso no es correcto, son cargos de confianza, no necesitan pasar por ningún concurso público”, afirmó.
Por ello, consideró no hay elementos para solicitar la prisión preventiva en contra de Torres Saravia. No obstante, aseguró que su cliente no pasará a la clandestinidad.
“(Jorge Torres Saravia) tiene domicilio fijo, un trabajo conocido y arraigo familiar. No hay ningún elemento de convicción que sostenga que él ha sido parte de un homicidio o red de prostitución. No tienen elementos para poder siquiera pedir una prisión preventiva”, expresó.