La tragedia en Villa El Salvador y otros incendios cuyos responsables no tuvieron un castigo ejemplar

Han pasado doce días desde que un camión cisterna de la empresa Transgas, que transportaba GLP, tuvo una fuga masiva en Villa El Salvador, seguida de una deflagración que causó la muerte, en los días sucesivos, de 23 personas . A la fecha otras 22 continúan internadas en diversos establecimientos del Ministerio de Salud y Essalud; entre ellos cinco menores de edad, quienes se encuentran en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja.

Su pronóstico es reservado y no se sabe si algún día tendrán la justicia que merecen. Por lo pronto, el dueño de Transgas, Luis Guzmán Escriba, está en calidad de ‘no habido’. Su padre, Luis Guzmán Palomino, el chofer del camión cisterna, tiene orden de comparecencia restringida y deberá ir mensualmente a firmar al Juzgado de Tránsito de Lima Sur mientras se resuelven las investigaciones.

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Osinergmin, el ente rector en transporte de GLP, se ha lavado las manos del asunto. Ha acusado directamente a la empresa Transgas, por malas prácticas durante sus operaciones, y a la autoridades, por el mal estado de las vías. Aunque anoche, el presidente de la entidad Daniel Schmerler Vainstein, presentó su renuncia al cargo.

La Fiscalía Provincial de Tránsito y Seguridad Vial de Chorrillos ha incluido en sus investigaciones a Osinergmin. También a la Municipalidad de Lima y la comuna de Villa El Salvador. “Son muchos los lesionados y los presuntos responsables. Tenemos que actuar con mucha paciencia y mucha cautela. Es todo lo que le puedo decir”, aseguró Humberto Durán Ponce De León, representante del Ministerio Público, quien trabaja de la mano de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsitos (UIAT) de la PNP.

Con respecto a las medidas solicitadas contra Guzmán Escriba, el MP se excusó de brindar detalles. Aunque dijo que espera que se ponga a derecho.

El Ministerio de Energía y Minas también investiga el tema y si hubo fallas de parte de los funcionarios del Estado. Esto es por encargo de la Presidencia del Consejo de Ministros. "Las investigaciones están en la última etapa y dado el tema complejo son reservadas hasta que concluyan”, contestó el sector a este Diario.

Utopía y la justicia que tarda

El 20 de julio de 2002, un incendio en la discoteca Utopía, en Santiago de Surco, provocó la muerte de 29 jóvenes y dejó a 57 personas heridas. El local, que funcionaba sin licencia municipal, estaba hecho de productos altamente inflamables, no contaba con un solo extintor contra incendios, y había preparado para esa noche fatal un show con fuego y animales de circo.

Dos años después del siniestro, el Poder Judicial condenó solo al barman Roberto Ferreyros (que inició el incendio) y al administrador, Percy North. Ferreyros salió de la cárcel quince meses después, tras acogerse a beneficios penitenciarios. North, quien fue condenado a 10 años de prisión, también se acogió a dichos beneficios y salió en libertad a los siete años.

Pero los dos accionistas y dueños de la discoteca Utopía, Alan Azizollahoff y Edgar Paz Ravines, fugaron sin problemas del país en el 2004. Hasta ahora no han vuelto para pagar sus penas.

A Paz Ravines la Interpol lo detuvo el 12 de noviembre del 2018 en México por tener una orden de captura internacional por homicidio culposo. A la fecha, sin embrgo, no se la ha podido extraditar para que cumpla acá la condena de apenas 4 años de prisión efectiva. De Azizollahoff no hay rastro. El Ministerio del Interior ofrece S/30 mil por información sobre su paradero.

Mesa Redonda

La noche del 29 de diciembre de 2001, jirones Andahuaylas, Cuzco y Puno, que forman Mesa Redonda, ardieron. Las llamas fueron provocadas por un vendedor informal de pirotécnicos, que quiso demostrar la calidad de sus productos. El problema fue que en la zona había 900 toneladas de bombardas y fuegos artificiales almacenados de manera peligrosa.

Todo estalló en cadena, como si fueran varias bombas. A los bomberos les tomó 12 horas controlar la situación y 12 horas más para extinguir totalmente el fuego.

Las cifras oficiales hablan de 277 muertos identificados. Aunque las autoridades hallaron restos carbonizados que eran imposibles de determinar a quién pertenecían. Los desaparecidos llegaban a 189.

El Poder Judicial condenó a varias personas por el siniestro, pero la sanción, lamentan los deudos, fue muy benigna. El general PNP Luis Sánchez Arias, quien días antes del incendio retiró el cordón policial que impedía el ingreso de vendedores informales con pirotécnicos, recibió la la sanción más severa: cuatro años de prisión efectiva por homicidio culposo y lesiones culposas agravadas.

“La mayoría fueron condenas suspendidas a otras personas individuales, que eran los comerciantes de Mesa Redonda", recuerda el abogado de los deudos y damnificados de Mesa Redonda, Óscar Schiappa. Fueron 10 procesados los que recibieron 4 años de pena de cárcel suspendida pese a haber sido hallados culpables, nueve de ellos, por homicidio culposo agravado y otro por delitos contra la seguridad pública.

"A la Policía y los comerciantes mayoristas de pirotécnicos (Inversiones Luvad SAC.; Import Export Internacional Arlucy SA.; Ruval Corporación SAC) se les consignó como terceros civilmente responsables. Pero nunca se pagó esa reparación, que era vergonzosa”, dice el abogado. “Y hasta ahora no nos han pagado la reparación civil que es de unos S/700 por cada fallecido y S/130 por lesionado”–agrega Martha de la Cruz, de la Asociación de Damnificados–“Ya llevamos 18 años esperando justicia. Hemos tenido que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Fiori y la informalidad

La noche del domingo 31 de marzo del 2019 se incendió un bus interprovincial de la empresa Sajy Bus, que cubría la ruta de Lima a Chiclayo. El fuego comenzó antes de que el vehículo, que estaba lleno de pasajeros, partiera del terminal informal de Fiori, en San Martín de Porres. El accidente dejó 17 muertos.

Al mes siguiente, el Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra el conductor José Quintana Barturén (51) y el copiloto Rodolfo Silva Coronado (46) del bus siniestrado. En noviembre del año pasado, cuando vencía la medida, el Ministerio Público pidió una prórroga de ocho meses para la investigación.

Ante esta situación, el Poder Judicial ordenó liberar a los sospechosos. Actualmente se encuentran bajo comparecencia restringida.

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