MIMP rechaza proyecto de ley que limita competencias del Minedu y afecta la educación con enfoque de género

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechazó la aprobación del dictamen del proyecto de ley 904 / 2021-CR, que permite una intervención obligatoria de los padres de familia en la realización de materiales educativos, porque consideró que limita las competencias del Ministerio de Educación (Minedu) y afecta la educación con enfoque de género en colegios.

“El Congreso de la República aprobó el dictamen del proyecto legislativo denominado Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú, que limita las competencias del Ministerio de Educación para la elaboración de los materiales, textos y recursos educativos y pretende erradicar el enfoque de género en el Currículo Escolar”, indicó el MIMP en un comunicado.

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Además, recordó que el Tribunal Constitucional estableció, en su sentencia emitida en el expediente 01479-2018-PA/TC, que el enfoque de género “se presenta como una herramienta metodológica que necesariamente debe ser empleada en el ámbito institucional (y también en el ámbito privado), ya que ayuda a la materialización de las medidas públicas adoptadas para lograr una real igualdad en derechos entre hombres y mujeres”.

Incluso, remarcó que la Corte Suprema de Justicia emitió sentencia en 2019 respecto a la inclusión del enfoque de género en el currículo de la educación básica, tras el proceso interpuesto por el colectivo Padres En Acción (PEA), y concluyó que “el Estado tiene el deber de erradicar los valores contrarios a la Constitución, educando a los futuros ciudadanos en el respeto irrestricto a los derechos de todas las personas” y que los enfoques, como el cuestionado, que buscan una sociedad más igualitaria no pueden ser sometidos a consulta.

“Hacemos una invocación al Congreso de la República para que reconsideren la decisión tomada hoy, que nos llevará a mantener o agravar la situación de discriminación y violencia que viven nuestras niñas, niños y adolescentes. Esto constituye un retroceso en la garantía de los derechos adquiridos a una educación integral”, advirtió el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

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