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A través de una resolución suprema, el Ministerio de Educación (Minedu) ratificó a Oswaldo Zegarra Rojas como titular de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). El funcionario había asumido el cargo de manera interina en febrero de este año, luego de que el presidente Martín Vizcarra nombrara a su antecesor Martín Benavides como ministro del sector.
Desde esa fecha, Zegarra ha estado al frente de esta institución que vela por la aplicación de la Ley Universitaria y de su reforma educativa, cuya primera etapa de licenciamientos universitarios está por culminar (ya registra un avance del 98,6%). Esto, pese a los intentos de algunos congresistas por modificar o anular estos procesos, e incluso censurar al ministro Benavides.
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Fin de primeros licenciamientos
Hasta el momento, de las 145 universidades del país –entre públicas y privadas– que solicitaron su licencia de funcionamiento institucional ante la Sunedu, 94 (65%) la obtuvieron y a 49 (34%) se la denegaron. Solo dos casas de estudios tienen pendiente su resolución: la U. Nacional Ciro Alegría (hoy en la etapa de revisión documentaría) y la U. Católica Los Ángeles de Chimbote (la superintendencia le solicitó un plan de adecuación para cumplir con las condiciones básicas de calidad de la norma).
La Sunedu informó en agosto que más de 1′320.000 alumnos se han beneficiado con la reforma debido a que sus universidades se adecuaron a la ley. “El licenciamiento ha permitido que tengan la seguridad de recibir una formación profesional en universidades, con programas académicos y filiales, con condiciones básicas para su funcionamiento y eso se traduce en una oferta con mayor garantía para todos los jóvenes del país “, explicó el superintendente encargado Oswaldo Zegarra.
Sin embargo, en la otra cara de la moneda están casi 240.000 estudiantes que fueron perjudicados por sus casas de estudios que no lograron su licencia. De estas 49 instituciones educativas, 47 son de gestión privada, y solo dos de gestión pública: la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y la recientemente denegada Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de Lambayeque. Ambas son parte de un plan de emergencia financiado por el Minedu para que puedan cumplir las CBC y vuelvan a solicitar su licenciamiento.
Disputas políticas
El 14 de agosto, el Congreso de la República interpeló al ministro de Educación, Martín Benavides, por presuntas irregularidades en los licenciamientos de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y de la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL). Tras el debate del pleno, no se concretó ninguna moción de censura contra el titular del Minedu.
Pero ese fue uno de los tantos intentos desde el Parlamento por cuestionar y modificar el rol de la Sunedu y de la reforma universitaria. Desde junio, en la Comisión de Educación del Congreso se discutieron distintas iniciativas que finalmente fueron retiradas debido a las críticas; como la creación de una instancia superior a la superintendencia (el Consejo Nacional de Asuntos Universitarios) que revisaría los licenciamientos, o la aplicación de un rescate estatal para las universidades privadas denegadas.
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El propio Oswaldo Zegarra acudió a la sesión virtual de ese grupo de trabajo del Congreso para explicar el objetivo y avances del proceso de licenciamiento. A pesar de ello, desde la comisión se solicitaron facultades para investigar a la superintendencia, y para interpelar a Benavides por su labor como anterior jefe de la Sunedu.
Aunque en días recientes no hubo mayores manifestaciones de los congresistas sobre la reforma universitaria, Zegarra consideró que “esta arremetida del Congreso va a durar”. “Seguramente buscarán otro pretexto para cuestionar la reforma y a la Sunedu”, dijo en una entrevista con El Comercio realizada hace dos semanas. Probablemente, así sea.
