Sunedu: así se gestó desde el Congreso el ataque a la reforma universitaria

El proyecto de ley fue aprobado con 69 votos a favor, 39 en contra y dos abstenciones. Las bancadas de Fuerza Popular (24) y Renovación Popular (9) votaron a favor en bloque. Mientras, Perú Democrático (3), Juntos por el Perú (4) y no agrupados (3) votaron en contra. La bancada del partido de Gobierno, Perú Libre, votó mayoritariamente a favor (27), un grupo menor en contra (7) y hubo una abstención.

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Momentos antes de su aprobación, se planteó una cuestión previa para que el dictamen retorne a las comisiones de Educación y Constitución, pero no prosperó. Y luego de que fuera aprobado, la congresista y exministra de Educación Flor Pablo presentó un recurso para que esta votación sea reconsiderada, pero el pleno también lo rechazó.

Según el reglamento del Congreso, el proyecto de ley todavía tiene que pasar por una segunda votación transcurridos siete días. Sin embargo, hoy vence el período legislativo, salvo que se amplíe por segunda vez consecutiva. “De no ocurrir esta ampliación, la votación aún se realizaría en marzo”, señaló Walter Albán, ex defensor del Pueblo. Argumentó que esto no se puede ver en la Comisión Permanente “porque no se le ha delegado su abordaje formalmente y, más bien, se ha iniciado la aprobación en el pleno del Congreso, encontrándose su trámite en curso”.

La Ley Universitaria establece que el consejo directivo de la Sunedu lo integran siete miembros: el superintendente, quien es designado vía resolución suprema a propuesta del ministro de Educación; un representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) y cinco miembros seleccionados mediante concurso público, dos de ellos provenientes de universidades públicas y un tercero de universidades privadas (estas personas no son representantes de las universidades, sino son miembros de la comunidad universitaria; son profesionales independientes). Los otros dos miembros son personalidades. Todos con grados de doctor o maestro y con trayectoria profesional.

Lo que propone el proyecto de ley es que las universidades públicas coloquen dos de sus representantes en el consejo directivo y uno más por parte de las privadas. Además, un representante de Concytec, otro de Sineace, otro del Ministerio de Educación y otro del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú. Y que el superintendente ya no sea designado por el ministro, sino que sea elegido entre los miembros del consejo.

LOS VÍNCULOS DE CONGRESISTAS CON UNIVERSIDADES

El problema con este esquema, advierte Albán, es que los tres representantes de las universidades no serían mayoría por sí mismos, “pero, como lo han sabido hacer por ejemplo con el otrora Consejo Nacional de la Magistratura, no les sería difícil alcanzar esa mayoría (4 de 7) capturando una de las otras representaciones, como sería la del Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales”. Así, una vez con mayoría podrían elegir al superintendente y tomar el control de la Sunedu.

De esta manera, el organismo encargado de la supervisión de la calidad educativa en las universidades sería juez y parte y con ello se volvería al sistema corrupto de la desaparecida Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

Opiniones

Albán señaló que lo sucedido en el Congreso es nefasto. Dijo que este no es un problema de educación ni político, sino “un problema de mafias” que quieren mantener el “statu quo que permitió que crecieran universidades como hongos”, a partir de que se aprobó la normatividad para que pudieran crearse organizaciones con fines lucrativos.

“Con esto [universidades que no reunían las condiciones básicas de calidad educativa] se ha estafado a la gente, y se pretende decir que hay preocupación por los jóvenes, cuando en realidad a estos jóvenes es a quienes se estafa”, señaló.

“Por otro lado, es también a la sociedad en su conjunto a la que se estafa: ¿Qué persona en su sano juicio se sometería a la cirugía de un médico que ha egresado de estas universidades o contrataría a un abogado egresado de esta universidades? Es una estafa general, es un avergüenza que esto se haya producido”, agregó.

El politólogo Fernando Tuesta Soldevilla calificó la aprobación de la iniciativa de ley como un retroceso en lo avanzado por la Sunedu, cuyo trabajo permitió que medio centenar de universidades no lograran licenciarse. “Perú Libre y Fuerza Popular se han dado la mano nuevamente para regresar a las universidades estafa”, opinó en redes sociales

La excongresista Marisa Glave señaló en Twitter: “El Congreso no tiene sangre en la cara. En medio de la tensión nacional por el cambio de Gabinete, acaban de mandar un puñal a la Sunedu”.

Es importante mencionar que hasta ahora, 95 universidades han logrado licenciarse tras acreditar ante la Sunedu que cuentan con las condiciones básicas de calidad educativa para brindar el servicio universitario, 94 de ellas lo hicieron durante la primera etapa del proceso, entre el 2016 y 2021, y al que se presentaron 145 casas de estudio superior. La última en lograr este licenciamiento ha sido la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, dentro de la segunda etapa, y lo hizo el mes pasado luego de no haberlo logrado en el 2019.

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