Defensoría del Pueblo solicita al Ejecutivo restringir uso de motos lineales desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m.

Ante el incremento sostenido de crímenes cometidos por delincuentes a bordo de motocicletas lineales, la Defensoría del Pueblo pidió al Poder Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias que restrinjan el uso de estos vehículos en zonas declaradas en estado de emergencia, como Lima Metropolitana y el Callao.

La propuesta plantea prohibir el tránsito de motocicletas lineales entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, sin excepción, con el objetivo de dificultar el accionar de bandas criminales que operan bajo esta modalidad.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Recíbelo

MIRA: Caravana de buses de El Chino paraliza Panamericana Norte en protesta contra la extorsión y violencia | FOTOS

“Estas acciones extraordinarias tienen por finalidad dificultar el accionar de las bandas criminales que operan bajo esta modalidad y prevenir nuevos actos violentos contra la población”, indicó el organismo.

Asimismo, la Defensoría solicitó “prohibir, sin excepción, que las motocicletas lineales transporten a más de una persona dentro del marco temporal establecido para su circulación”.

Según advirtió, esta modalidad de desplazamiento facilita la huida de los delincuentes, incluso por vías peatonales o en sentido contrario al tránsito, lo que complica su identificación y captura.

La institución también pidió evaluar la efectividad de estas restricciones tras 30 días calendario desde su implementación, a fin de determinar su impacto en la reducción del sicariato, la extorsión y el robo agravado, delitos que —señala— han mostrado un “aumento grave”.

“Somos conscientes de que estas medidas solo pueden ser viables en el contexto de la grave crisis de inseguridad que venimos padeciendo día a día como sociedad. Sin embargo, consideramos que las mismas resultan necesarias”, advirtió la Defensoría. En su comunicado, recordó que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo del Estado, tal como establece el artículo 1 de la Constitución.