Los ‘dueños de la Javier Prado’: las nueve cabezas detrás del caos de las minivanes informales

Tras varias mesas de diálogo y negociaciones infructuosas entre la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y los operadores de los corredores complementarios, ambas partes llegaron a un acuerdo el pasado 29 de junio. Los buses continuarían funcionando bajo el compromiso de la citada entidad de realizar una fiscalización efectiva de taxis colectivos en las rutas correspondiente a los corredores, para así reducir la competencia desleal. Sin embargo, al día de hoy, este servicio informal de transporte sigue reinando en las principales calles y avenidas de Lima y Callao, e incluso, desde el Congreso se pretende legalizar en toda la capital. Una de las vías tomadas es la Javier Prado, avenida por donde transita el Corredor Rojo.

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A diferencia de lo que ocurre en otras rutas de los corredores (avenidas Arequipa, Garcilaso, Wiesse, Abancay), el tipo de vehículo más utilizado en la Javier Prado para el servicio de colectivo es la minivan. Esto se debe a su mayor número de asientos (10 a 14 aproximadamente), lo que permite llevar más pasajeros al mismo tiempo. Asimismo, algunos modelos pueden acondicionarse para aumentar su capacidad.

En el último mes, un equipo de la campaña #NotePases de El Comercio tomó apunte de 230 placas de minivanes que recorren a distintas horas del día toda la avenida Javier Prado haciendo transporte informal, con el propósito de descubrir quiénes tienen el control de este ilegal negocio que ha ocasionado una serie de accidentes, genera tráfico y además está protegido por redes de cobro de cupos y extorsión.

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Cada placa fue analizada minuciosamente: se verificó en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la ATU si registran papeletas por infringir las normas de tránsito y si estas han sido canceladas o no, así como en registros públicos para conocer a los propietarios y la cantidad de vehículos a su nombre.

Los resultados de la muestra recogida por El Comercio revelan mucha información de las minivanes informales en una de las vías más importantes y con mayor flujo vehicular y de ciudadanos de todo Lima. El principal descubrimiento tiene que ver con un grupo de 9 personas que tienen a su nombre 77 unidades que hacen taxi colectivo. Estas son manejadas por choferes que encubren una serie de prácticas que bordean la ilegalidad, poniendo en riesgo tanto a pasajeros como peatones cada día.

De acuerdo a la evidencia contrastada y analizada por este Diario, estas nueve personas serían los verdaderos ‘Dueños de la Javier Prado’. Pero antes de detallar más sobre esta especie de ‘oligopolio del transporte informal’, indicaremos algunos otros resultados que dan cuenta de lo rentable e impune que es el negocio del taxi colectivo.

El análisis hecho por El Comercio muestra que las 230 minivanes acumulan un total de 1.270 papeletas por infracciones graves. Es decir, por cada 100 taxis colectivos que circulan por la Javier Prado se registra poco más de 600 papeletas.

Sin embargo, eso no acaba ahí, pues cabe precisar que todas esas multas aún no han sido pagadas. Tras realizar el cálculo respectivo, se comprobó que a la fecha la deuda asciende a 1 millón 968.207 mil soles. Es decir, en promedio, por cada 100 taxis colectivos de la avenida Javier Prado existe una deuda cercana al 1 millón de soles en multas.

Entre las principales faltas cometidas por los conductores de las minivanes se encuentran: manejar en estado de ebriedad, sin licencia, sin SOAT, sin revisión técnica e incluso dejar a pasajeros en mitad de la pista. En tanto, al inspeccionar una por una las papeletas impuestas este Diario constató que en 3 de cada 10 de estas figura que el conductor del colectivo se negó a identificarse.

Otro dato igual de importante, pues resalta el peligro que representan y el nivel de irresponsabilidad de los conductores de taxis colectivos, es que casi la mitad de colectiveros de la Javier Prado manejan sin brevete habilitado: 8 choferes presentan brevete cancelado, 60 no tienen licencia, 14 tienen el brevete suspendido y otros 28 vencido.

La investigación de las 230 placas de minivanes también muestra un dato muy particular: existe un grupo de 9 personas que manejan un centenar de taxis colectivos a su nombre, de acuerdo con información de registros públicos. Ellos serían los verdaderos ‘Dueños de la Javier Prado’. Se trata de casi un centenar de unidades que registran una deuda de 402 mil 896 soles por papeletas impuestas.

Una de las implicadas es Rosalía Yolanda Valverde Toro, quien tiene a su nombre 24 minivanes que recorren a diario una de las avenidas más importantes de la capital. Junto con ella están Janet Castillo Gonzales, con 15 vehículos, y Miguel Ángel Huaroto Amaringo, con 14.

Solo entre ellos tres hay 53 vehículos, los cuales acumulan una deuda de 213 mil soles en papeletas. Si bien Valverde Toro registra una mayor cantidad de unidades, son los vehículos de Janet Castillo Gonzales quienes figuran con más infracciones, equivalentes a 108 mil soles.

Los otros seis ‘Dueños de la Javier Prado’ son: Henry Luis Huamán Ascencio, con 7 unidades; Jessenia María Sierra Honisman, con 4 , al igual que Oswaldo Gildo Salguero Martínez; y Reyna Vallejo Vilcamiche, Bryan Anderson Valencia Moriano y Otoniel Kenny Antonio Pérez, con 3.

Entre ellos 6 la deuda por papeletas impagas es de 189 mil soles.

Luis Quispe, fundador de la ONG Luz Ámbar, señaló a El Comercio que las dos principales razones de la presencia recurrente de taxis colectivos en todas las vías importantes de Lima, como en las avenidas Javier Prado y Arequipa, son la cantidad de pasajeros que hay allí y el deficiente servicio de transporte urbano que existe.

“Mientras no tengamos un servicio de transporte ordenado que cumpla con sus propósitos resulta rentable para estas personas hacer colectivo”, indicó.

Otro aspecto importante es la frecuencia. Es decir, un intervalo claramente establecido entre uno y otro vehículo, en este caso, de los corredores complementarios. “Cuando esto no existe las personas simplemente esperan a que en algún momento venga un bus. Esa ausencia de la frecuencia hace que el auto colectivo esté presente. El pasajero espera al bus y como no viene toma el colectivo. Finalmente, lo que le interesa es viajar. Si no se perfecciona la frecuencia difícilmente se va a erradicar el auto colectivo”, explicó.

Quispe sostuvo que la única forma de tratar de mitigar la proliferación de taxis colectivos es que ejecutar una buena fiscalización, incrementando su eficacia a través de la implementación general del servicio integrado de transporte. “El panorama actual es consecuencia de una fiscalización laxa que no ha hecho la ATU. La anterior gestión ha tenido tres años para hacer ese trabajo y no hubo resultados”, comentó.

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Sobre la cantidad de vehículos que circulan en la Javier Prado a nombre de 9 personas, el experto expresó que prácticamente se trata de “una empresa absolutamente ilegal que ofrece el servicio de colectivo, representando una competencia desleal para los buses del Corredor Rojo”.

“Como esta ruta es rentable han empezado con uno o dos vehículos y ahora tienen hasta 20. Es sumamente grave. Ahí los operadores de los buses podrían incluso ir a Indecopi y poner una demanda contra los propietarios de estos vehículos. Hay una infracción clara contra el consumidor. Una empresa que tiene una concesión está siendo objeto de una competencia desleal, no hay un ejercicio limpio a la libre competencia”, indicó.

Una solución que plantea Quispe es que la ATU convoque urgentemente a licitación para que entren empresas interesadas en invertir en transporte comprando buses, ya sea capital extranjero o nacional. “Esta inversión en transporte va a tener retorno seguro porque el pasaje estará subsidiado, así lo señala la Ley 30900 (que crea la ATU). Si se implementa el servicio integrado automáticamente el Estado asume parte del pago del pasaje de los usuarios, esa es una gran ventaja, entonces no es que va a ser una aventura invertir en transporte”, dijo.

Franklin Barreto, exjefe de investigación de accidentes de tránsito de la PNP, dijo que la investigación de El Comercio revela cuán enferma está nuestra sociedad respecto al tránsito y el transporte. Precisó que se puede identificar un círculo vicioso que se inicia con la imposición de una papeleta por infringir las normas de tránsito, el cual da inicio a todo un proceso administrativo sancionador realmente engorroso.

“Después de haberse identificado al propietario, de haberse verificado que la infracción determine que hay responsabilidad solidaria con el propietario, o que este no haga sus descargos, todo este procedimiento lleva un tiempo. Tiene que pasar un proceso muy engorroso para que la papeleta finalmente recaiga a una sanción firme, que a la vez se puede apelar en un proceso contencioso administrativo”, señaló.

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Cuando la papeleta llega ya a ser firme se inicia el procedimiento ejecutivo coactivo, un proceso también bastante engorroso pues supongamos que la policía interviene un vehículo que tiene una orden de captura coactiva, para ser efectiva esa medida de acuerdo a la ley, tiene que estar el ejecutor coactivo que es el que generalmente lo vemos en los operativos que hace la ATU, el SAT, con apoyo de la policía, mientras tanto no es posible hacer una intervención directa.

“Entonces, el infractor que conoce todo este sistema ya no va a pagar la papeleta, se muestra indiferente. Es más, hay abogados que se valen de malas artes para poder impugnar estas papeletas. Acá hay muchas cosas que mejorar, en principio, que este procedimiento administrativo sancionador sea más ágil, que se cuente con la suficiente fuerza legal como para que no decaiga la papeleta”, agregó Barreto.

El especialista sostuvo que al mismo tiempo que este sistema sigue funcionando las autoridades continúan dando autorizaciones. Estas minivanes, por ejemplo, muchas de ellas tienen autorizaciones para hacer transporte turístico. Los conductores lo que hacen es simplemente aprovechar esta situación y generar un modo de vida que está muy alejado de la seguridad.

“Esta actividad del transportista es una actividad nada profesional. Hay cero preparación, hay cero fiscalización, hay total impunidad. Entonces la persona que prácticamente no tienen ningún oficio ni beneficio lo que va a hacer es dedicarse al transporte público, porque ahí está la beca para ganar plata sin necesidad de ser sancionado”, dijo.

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Sobre los ‘Dueños de la Javier Prado’, Barreto añadió que es una muestra de lo rentable que resulta este negocio informal. “Las personas pueden comprarse la cantidad de vehículos que quieran, pero si el sistema fuera efectivo para sancionar este tipo de actos, lo pensarían dos veces antes de cederle el vehículo a otra persona. Saben que hay impunidad total, que no van a pagar una sola papeleta y que van a recibir una ganancia fija diaria”, puntualizó.

El pasado 5 de mayo, el congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, presentó un proyecto de ley para autorizar el colectivo en Lima. La propuesta establece que las “unidades de clasificación vehicular M1 y M2″ sean autorizadas “sin distinción alguna” para el transporte de pasajeros en automóvil colectivo.

La iniciativa legislativa fue suscrita por otros parlamentarios de su bancada y busca modificar la sexta disposición complementaria de la Ley N° 31096, Ley que precisa los alcances de la Ley N° 28972, Ley que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos.

Un informe de la campaña #NoTePases de El Comercio reveló que el mismo congresista que propone legalizar en Lima el taxi colectivo, un peligroso servicio que ya fue autorizado en el resto de regiones del país, tiene un largo historial de papeletas que, de hecho, le han costado la cancelación de su licencia de conducir. Asimismo, también se detectó una lista de denuncias penales contra el mismo legislador.

El portal del Ministerio de Transportes (MTC) sostiene que el 25 de setiembre del 2020, Montalvo recibió tres papeletas a la vez: una M18 -una de las más graves del reglamento- que corresponde a desobedecer las indicaciones sobre el tránsito que ordene el efectivo de la Policía Nacional del Perú, por ejemplo, no detenerse cuando el agente lo ordena o darse a la fuga en una operativo; una papeleta G58 por no presentar la Tarjeta de Identificación Vehicular, licencia de conducir o DNI; y también por no llevar placas de rodaje en el vehículo, una multa que ya había recibido en abril de ese mismo año. En enero del 2010 también recibió una infracción L01 por dejar el vehículo mal estacionado.

Además, legalmente, Segundo Montalvo aparece como imputado penalmente en el distrito fiscal de Amazonas para cuatro procesos: en octubre del 2055 por robo (simple); en julio del 2009 por los delitos de receptación y hurto agravado (casa habitada); en julio del 2015 por usurpación; en setiembre del 2015 por usurpación; octubre del 2018 por falsa declaración de procedimiento administrativo.