La batalla judicial por los aranceles: Trump logra mantener su política comercial, pero qué escenarios son posibles en medio del caos legal

El fallo reactiva, al menos temporalmente, el polémico régimen comercial anunciado el pasado 2 de abril —conocido como el “Día de la liberación”— y se produce en medio de una creciente tensión entre el Ejecutivo y el sistema judicial.

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Aunque el veto del miércoles queda sin efecto por ahora, la corte federal del distrito de Columbia emitió hoy una nueva sentencia que también bloquea la aplicación de los mismos aranceles, lo que agrava el panorama judicial y añade complejidad al caso.

En paralelo, la Casa Blanca endureció su discurso. La portavoz Karoline Leavitt acusó a los jueces de “abusar descaradamente” de su poder y advirtió que “el presidente se reserva otras facultades arancelarias para restablecer los intereses de EE.UU. en todo el mundo”.

El paquete de medidas impulsado por Trump desde abril pasado impuso aranceles a importaciones provenientes de más de un centenar de países, con tasas base del 10% que alcanzaron hasta el 145% en el punto más álgido de la guerra comercial con China. La Administración justificó la política como una forma de proteger empleos y reindustrializar el país.

Pero para Carlos Casas, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico e investigador del CIUP, la incertidumbre generada por esta estrategia persiste más allá de las decisiones judiciales. “La administración había dicho que apelaría. Y probablemente [si los tribunales no le dan la razón] buscará aplicar alguna otra medida similar con otro nombre o vía legal. Así que la incertidumbre no va a bajar”, señala.

El economista subraya que estas medidas no solo han generado tensión en los mercados, sino que ya están afectando directamente a las empresas. “Hay compañías que están adelantando importaciones por temor a que los aranceles vuelvan. Eso puede generar un pico de demanda, un aumento de precios y presiones financieras por asumir inventarios para todo el año”, explica.

Consultado por El Comercio sobre la estrategia del presidente, Carlos Casas considera poco probable que Trump acepte una derrota visible ante la opinión pública. A su juicio, el mandatario “buscará implementar su política comercial por otras vías, incluso si tiene que reformularla legalmente”.

Esa posibilidad también ha sido identificada por Banca March, que advierte de los caminos legales que todavía podría utilizar la administración para mantener sus aranceles. Según explicó la entidad financiera a la agencia EFE, Trump puede ampararse en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que le permitiría imponer aranceles de hasta un 15% sin investigación previa durante 150 días. Otra vía es apelar a la sección 232 de la Ley de Comercio de 1962 o a la sección 301 de la ley de 1974, ambas orientadas a casos de seguridad nacional o prácticas desleales, pero que requieren investigaciones previas que pueden tardar entre tres y nueve meses.

La advertencia de Casas coincide, además, con el mensaje que lanzó este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien acusó a los jueces del Tribunal de Comercio Internacional de querer “usurpar la autoridad del presidente Trump”. En sus palabras: “EE.UU. no puede funcionar si el presidente Trump, o cualquier otro presidente, ve sus delicadas negociaciones diplomáticas o comerciales frustradas por jueces activistas”.

Leavitt también advirtió a los países que negocian con Washington: “El presidente se reserva otras facultades arancelarias para garantizar que se restablezcan los intereses de EE.UU. en todo el mundo”.

El fallo original del miércoles —ahora suspendido— había concluido que Trump se excedió en sus atribuciones al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Nacional (IEEPA) para justificar sus decretos. La ley, vigente desde 1977, no le otorga al Ejecutivo autoridad ilimitada para imponer tarifas, según establecieron tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional. Pero la batalla legal está lejos de terminar.

Para Jorge Vega, docente de Economía Internacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el uso de esa ley fue un punto crítico. “Lo que se está discutiendo es si esa delegación que el Congreso hizo al Ejecutivo en los años 70 permite imponer aranceles de manera masiva”, explica.

Vega añade que el conflicto judicial puede seguir escalando y que la política arancelaria de Trump, más allá de lo legal, ya ha generado impactos económicos. “Nadie va a abrir ahora un proyecto nuevo que dependa de exportar a Estados Unidos. No hay seguridad jurídica”, afirma.

También destaca el desorden en las aduanas: “Las autoridades no saben qué hacer con las importaciones realizadas desde abril. Hay productos que ingresaron con aranceles que ahora se considerarían ilegales. Si se anulan los aranceles, es probable que el Tesoro deba devolver ese dinero, incluso con intereses”.

La Administración Trump ha dejado entrever que buscará mantener al menos un arancel del 10% sobre todas las importaciones. Según Vega, esa posibilidad tendría una lógica más fiscal que comercial: “Ese 10% quizás se mantenga porque el arancel es un ingreso federal directo, a diferencia del impuesto a las ventas, que en EE.UU. es estatal. Eso es más defendible legal y fiscalmente”.

Ambos analistas coinciden en que, más allá de los fallos judiciales, el efecto principal es una mayor incertidumbre, que ya ha paralizado inversiones en sectores vinculados al comercio exterior. “Trump ha pedido que los importadores se ‘coman el arancel’, pero eso no es sostenible. Ya hay subidas de precios y, aunque no haya un decreto, el gobierno ejerce una especie de control de precios indirecto”, apunta Vega.

El caso avanza hacia nuevas instancias, con la posibilidad real de que llegue a la Corte Suprema. Mientras tanto, socios como China, México o Canadá siguen a la expectativa.