

El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, acusado de “insurrección” por haber intentado imponer la ley marcial en diciembre, quería impedir una “dictadura legislativa”, sostuvo su defensa en la primera audiencia de su juicio penal el jueves.
Este es el primer proceso en un tribunal penal de un presidente en ejercicio en la historia de Corea del Sur.
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La audiencia tuvo lugar en una sala abarrotada y con un fuerte dispositivo de seguridad.
Paralelamente a este juicio se desarrolla también otro procedimiento ante la Corte Constitucional, que debe confirmar o anular la destitución de Yoon votada el 14 de diciembre por el Parlamento. A la espera del veredicto, Yoon sigue siendo oficialmente presidente.
Yoon Suk Yeol, de 64 años, está acusado de “insurrección”, un delito castigado con la pena de muerte o la cadena perpetua. Además, el presidente no está cubierto por inmunidad vinculada al cargo.
Detenido el 15 de enero después de haberse atrincherado durante semanas en su residencia de Seúl, Yoon fue acusado el 26 de enero y puesto en prisión preventiva por un periodo de seis meses. Pasado este tiempo, y si aún no ha sido condenado, deberá ser puesto en libertad.
La fiscalía, que lo acusa de ser el “líder de una insurrección”, solicitó el jueves que se mantuviera su detención, alegando “la posibilidad de que el acusado pueda influir o persuadir a las personas implicadas en el caso”.
Yoon, presente en la audiencia, no tomó la palabra. Su abogado, Kim Hong-il pidió, por su parte, al tribunal que anulara el acta de acusación, fruto, según él, de una “investigación ilegal”.
Caos político
El presidente conservador sumió a Corea del Sur en un caos político el 3 de diciembre al decretar la ley marcial y enviar al ejército al Parlamento en un intento de amordazarlo.
Pero seis horas después tuvo que dar marcha atrás, luego de que los diputados consiguieran reunirse de urgencia y votar una moción que exigía la restitución del régimen civil.
El presidente justificó su medida por el hecho de que el Parlamento, dominado por la oposición, bloqueaba la adopción del presupuesto del Estado.
“La declaración de la ley marcial no buscaba paralizar el Estado, sino más bien alertar a la opinión pública de la crisis nacional causada por la dictadura legislativa del partido opositor dominante, que había paralizado la administración”, defendió el jueves su abogado.
Otro juicio el mismo día
Además, este jueves también se celebró otra audiencia ante la Corte Constitucional para confirmar o anular la destitución del presidente.
El ex primer ministro Han Duck-soo, igualmente inculpado como presidente en funciones, y un ex alto responsable de los servicios de inteligencia, Hong Jang-won, también testificaron.
Han Duck-soo, declaró que él “expresó [su] oposición” a la decisión de Yoon de decretar la ley marcial, pues tanto él como la mayoría de su Ejecutivo pensaban que “esa declaración podría poner a Corea del Sur en serias dificultades”.
Por su parte, Yoon abandonó la sala al cabo de cinco minutos y su abogado en ese caso, Yoon Kap-keun, explicó que Yoon consideraba “inapropiado” aparecer en la misma sala que su ex primer ministro, o verlo declarar.
“No es bueno para el prestigio de la nación”, declaró Yoon, citado por su abogado.
Yoon regresó después para escuchar la declaración de Hong Jang-won, a quien acusó de haber tramado su destitución, según unas imágenes grabadas en la sala.
Esta fue la décima audiencia en este proceso y el tribunal indicó que la última se celebrará el 25 de febrero.
Si la Corte Constitucional confirma la destitución de Yoon, deberán celebrarse elecciones presidenciales en un plazo de 60 días. En caso contrario, Yoon será restituido como presidente.
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