El abogado del destituido presidente surcoreano Yoon Suk Yeol afirmó el jueves que su promulgación de una ley marcial buscó evitar una “dictadura legislativa” impulsada por la oposición en control del Parlamento, al comenzar el juicio en contra del gobernante.
Según el abogado Kim Hong-il, “la declaración de ley marcial no buscaba paralizar el Estado”, sino “alertar al público sobre la crisis nacional causada por la dictadura legislativa del partido opositor dominante, que ha paralizado al gobierno”.
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En su presentación ante el tribunal, Kim calificó como “ilegal” la imputación de Yoon y alegó que “el órgano investigador no tenía jurisdicción para hacerlo”.
Yoon, un exfiscal de 64 años, permanece detenido desde su arresto en enero y enfrenta cargos de insurrección por los cuales podría sentenciado a prisión perpetua o la pena de muerte.
Por otra parte, la Corte Constitucional surcoreana analiza si ratifica la destitución de Yoon como presidente, luego de ser separado del cargo por el Parlamento a raíz de la ley marcial.
En caso de ratificar su separación, el país deberá celebrar elecciones presidenciales en un plazo de 60 días.
El mandatario suspendido estuvo presente en la sala del tribunal, colmada de público con un fuerte dispositivo de seguridad alrededor del edificio.
Es la primera vez en la historia de Corea del Sur que un presidente enfrenta un juicio penal estando formalmente en el cargo.
Los fiscales acusan a Yoon de ser el “cabecilla de una insurrección”.
Yoon declaró ley marcial el 3 de diciembre, pero la medida tuvo solo seis horas de vigencia hasta que fue derogada por el Parlamento, luego de que los diputados pudieron ingresar a la sede legislativa pese a que el presidente envió soldados a bloquear el acceso.
La ley marcial hundió al país asiático en una crisis política, con protestas, dos destituciones y la proliferación de desinformación en redes sociales.
Tras la separación de Yoon, la presidencia fue ocupada interinamente por el primer ministro Han Duck-soo, quien fue destituido el 27 de diciembre por cargos de haber “participado activamente en la insurrección”.
La jefatura de Estado está actualmente en manos del ministro de Finanzas, Choi Sang-mok.
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