El primero fue Mohsen Shekari, quien a sus 23 años fue ejecutado el jueves 8 en Irán en medio de las manifestaciones por la muerte de Masha Amini. Se le acusó de “atacar y herir a un paramilitar”. Y este lunes 12 fue el turno del segundo: Majidreza Rahnavard fue ahorcado en público, pena que, según el poder judicial de la nación persa, es una de las once “condenas a muerte en relación a las protestas”.
CNN indica que Rahnavard supuestamente mató a “dos miembros de la fuerza paramilitar Basij” e hirió “a otros cuatro”, y por ello fue declarado culpable de “librar una guerra contra Dios”, pena que en la República Islámica se paga con la vida.
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Al respecto, el analista Francesco Tucci opina: “Creo que las protestas continuarán, pero sin duda las ejecuciones tienen un impacto fuerte. Es claro que para Irán es un elemento disuasivo. Considero que seguiremos viendo la mano dura del Gobierno”.
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En efecto, aplicar la pena de muerte no es la única forma en la que el Gobierno de Ebrahim Raisi responde a las protestas.
Otra de las medidas es restringir el acceso a internet. Tal como recuerda RTVE, hay redes móviles que no funcionan y que, cuando logran enlazarse, resulta que la conexión es muy lenta. Además, para la segunda semana de noviembre, “WhatsApp, Instagram y Twitter seguían bloqueadas”.
⚠️ Confirmed: Network traffic data show a major disruption to internet service in #Iran as mobile internet is cut off for many users; the incident comes amid a wave of new protests over the death of #MahsaAmini and reports of casualties 📵
— NetBlocks (@netblocks) November 21, 2022
📰 Previously: https://t.co/8cCHIJA2Oi pic.twitter.com/LcnU4McOyC
La Deutsche Welle apunta que el internet fue nacionalizado como una forma de “aislamiento digital” que afecta a los ciudadanos y periodistas.
Los arrestos masivos también son un recurso.
Aun así, las protestas no amainan a pesar de que ya están por llegar a los tres meses de duración. Para Tucci, una de las explicaciones se encuentra en la información demográfica. “Irán es un país joven y las nuevas generaciones quieren más libertades y zafarse del yugo de la policía de la moral. El caso es que los dirige una gerontocracia relacionada al poder religioso. Con eso en mente es previsible que, tarde o temprano, el régimen debe hacer concesiones, cambiar. Gobernar solo con la fuerza y la imposición será insostenible y le pasará factura al régimen de los ayatolas”.
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¿Crisis de los religiosos?
Para Amnistía Internacional también es claro que Irán utiliza la pena de muerte para “sofocar aún más brutalmente el levantamiento popular”. El 16 de noviembre, la oenegé denunció que las autoridades habían pedido dicho castigo para “al menos 21 personas en simulacros de juicio destinados a intimidar a quienes participan en el levantamiento popular que lleva agitando Irán desde septiembre, y a disuadir a otras personas de unirse al movimiento”.
Sobre ello, Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, declaró: “La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante, y su abominable naturaleza se ve aún más agravada por unos juicios extremadamente deficientes que carecen de transparencia o independencia”.
Mientras tanto, agrega Amnistía, las fuerzas de seguridad de Irán ya habrían asesinado a “por lo menos 44 menores desde el inicio de las protestas, 34 de ellos por disparos con fuego real en la cabeza u órganos vitales”.
Esto se sucede mientras que Irán anunció que desaparecerá la policía de la moral, institución “cuya tarea es hacer cumplir el estricto código islámico de vestimenta” y a la que se le acusa de asesinar a la joven de 22 años, Masha Amini.
¿Cómo se puede entender esta aparente contradicción? Para el internacionalista Francisco Belaúnde es claro: “Por un lado ceden; por el otro, reprimen”.
En todo caso, habría que dudar sobre la disolución de la policía de la moral. Belaúnde anota que eso lo anunció el fiscal general, pero no necesariamente alguna autoridad religiosa, que son finalmente las que mandan. Y aun si una de ellas lo hubiera dicho, habría que ver qué tan cierta es porque la ley que obliga a las mujeres a usar velo sigue vigente.
“Es una concesión rara porque el régimen se empeña en demostrar que no permitirá que las personas se manifiesten libremente. A estos jóvenes ejecutados se les acusó de atentar contra la vida de las autoridades y no por manifestar, pero ello suena a excusa”, anota Belaúnde.
¿Será que la comunidad internacional no ha sido lo suficientemente crítica? El especialista sostiene que sí hay sanciones, pero que como Irán está acostumbrado a ellas, son una raya más al tigre. “Y como lo que les interesa a las autoridades es quedarse en el poder, no hay problemas en resistirlas y asesinar”.
Sobre el futuro de la nación, Belaúnde recuerda una de las teorías que se discuten. “Hay quienes opinan que estas protestas marcaron un hito, que ya nada será como antes. En ese sentido, esperan que el régimen vire hacia uno de tipo militar, que la Guardia Revolucionaria -ejército paralelo al regular y que controla entre el 30% y 40% de la economía del país- tome el poder”.
Según esa hipótesis, estaríamos presenciando la crisis de los ayatolas, el final de los religiosos en el Gobierno.