“Me encerraron en un destacamento militar y me violaron durante 25 noches”

Era un domingo cualquiera para Paulina Ixtapá.

Tenía 19 años y estaba caminando con su madre hacia la cabecera municipal de Rabinal, una población localizada en el centro de Guatemala, a unos 100 km de la capital.

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“Se acercaron unas personas a mi mamá y le dijeron ‘queremos platicar con tu hija’”, le cuenta Paulina a BBC Mundo, recordando aquella fatídica tarde de 1983 en la que le cambió la vida.

Los hombres que se les habían acercado eran miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC): grupos paramilitares creados por el entonces gobierno militar de Guatemala con el argumento de querer involucrar a la población civil en la protección de los municipios del país frente a la aparente amenaza de grupos guerrilleros de izquierda.

Hoy, casi 40 años después de ese episodio, cinco exmiembros de las PAC de Rabinal se enfrentan a un proceso judicial histórico por presuntas violaciones sistemáticas a 36 mujeres achí de aquel municipio maya. Paulina es una de las presuntas víctimas.

“Vas a conocer a tu esposo más tarde”

Esa tarde de domingo, los patrulleros, que no vestían uniforme, condujeron a Paulina hasta el destacamento militar de la región. No era la única mujer que estaba allí.

“Ya llegando al destacamento me preguntaron, ‘¿dónde está tu esposo?’ Yo les dije que yo no tenía esposo y me respondieron: ‘Vas a conocer a tu esposo más tarde’”.

Según cuenta la mujer, los patrulleros la interrogaron sobre una presunta relación que ella llevaba “con un tal Juan”, pero ella les explicó que él la había dejado hace un tiempo atrás.

La respuesta no parecía ser la que los patrulleros querían escuchar.

Paulina cuenta que uno de los hombres la agarró por el cuello y le dijo: “Ahora nos vas a contar quiénes son las personas que están llegando contigo en las noches”.

Violencia sexual como arma de guerra

Según le explica a BBC Mundo Lucía Xiloj, abogada de 29 de las víctimas del caso de las mujeres achí de Rabinal, los casos de violencia sexual se registraron entre 1981 y 1985, en el marco del conflicto armado interno de Guatemala.

“Estas mujeres fueron detenidas de manera ilegal y llevadas al destacamento militar en donde fueron víctimas de violaciones sexuales públicas y continuas”, cuenta Xiloj.

Los PAC fueron parte integral de los esfuerzos del gobierno militar de la época para acabar con las guerrillas de izquierda, y la violencia sexual era empleada como arma de guerra para establecer quiénes de la población pertenecían a qué bando.

Esto ha llevado a los abogados de las víctimas a responsabilizar al estado de Guatemala por “incumplir su compromiso de garantizar que las mujeres vivan una vida libre de violencia sexual”.

Sin embargo, aún no está claro si el estado será incluido en el caso como parte responsable.

Violaciones y exilio

Paulina cuenta que a partir de esa fatídica noche de 1983, y por las siguientes 24, fue forzada a permanecer en el destacamento militar. Y añade que durante cada una de esas noches, fue víctima de desgarradores actos de violencia sexual.

“Los 25 días en el destacamento, me violaron todas las noches. Y cuando salí, salí enferma y siempre, siempre perseguida [...] me dijeron que si me veían en la comunidad, de una vez me iban a matar”.

Dada la situación, Paulina partió hacia la capital para escapar de la comunidad. Y aunque volvió un tiempo después, cuenta que su recuperación fue un proceso lento y tortuoso.

“Para mí fue muy dura. Fue muy dura porque no solo hicieron la violación sexual. También mataron varios niños. Robaron nuestros animales. Quemaron nuestra casa. Y cuando yo me quedé, me quedé solo con un cambio de ropa”.

Por eso es que el juicio que empezó el 5 de enero, significa tanto para las mujeres achí de Rabinal.

A través de un comunicado de septiembre de 2021, las mujeres dijeron: “Llevamos 40 años esperando que se haga justicia por la violencia sexual y los horrores que sufrimos durante el conflicto armado interno en Rabinal, Baja Verapaz”.

Un nuevo retraso

Como si 40 años de espera no fueran suficientes, la audiencia programada para comenzar el 4 de enero se retrasó 24 horas más.

Ante la nueva demora, algunas de las mujeres achí llevaron a cabo una ceremonia maya frente a la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, la espera terminó el miércoles 5 de enero con declaraciones de la fiscalía y de la defensa, y con los acusados siguiendo el proceso a través de teleconferencia.

Ahora, las víctimas esperan que su historia se conozca y se haga justicia. Por lo menos eso es lo que espera Paulina.

“Estoy buscando la justicia, ya todo lo que robaron ya no lo vamos a recuperar. Pero a mí si me duele lo que hicieron”.

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