El secretario de estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó este domingo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, su “profunda preocupación” por la decisión de la Asamblea Legislativa de ese país de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, Raúl Melara.
En una conversación telefónica, Blinken señaló que “un Poder Judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática” y defendió que Melara está “luchando contra la corrupción y la impunidad” y “es un socio eficaz” para combatir el crimen “tanto en Estados Unidos como en El Salvador”, según un comunicado difundido por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
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Blinken -agregó la nota- destacó “el compromiso de Estados Unidos para mejorar las condiciones en El Salvador”, mediante el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la separación de poderes, la defensa de una prensa libre y una sociedad civil vibrante y el apoyo al sector privado.
Todo ello, aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense, depende de un estado de derecho para “hacer crecer un futuro exitoso para el pueblo salvadoreño”.
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Este sábado, el oficialismo tomó las riendas del Parlamento salvadoreño para el periodo 2021-2024 y en su primera acción votó para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional del Supremo y al fiscal general, funcionarios con los Bukele tuvo enfrentamientos durante el último año.
Juan González, el principal asesor del presidente de EE.UU., Joe Biden, para Latinoamérica, se pronunció el mismo sábado sobre la situación, al igual que la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung.
“Así no se hace”, escribió en español González en su cuenta de Twitter.
Chung, por su parte, indicó en la misma red social que “la existencia de una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el Gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas”.
La Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, rechazó este domingo la destitución de las autoridades en El Salvador y además las acciones del Ejecutivo liderado por Bukele “que guiaron estas decisiones”.
Al pronunciamiento de la OEA se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió al Estado salvadoreño respetar la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró “inconstitucional la resolución de la Asamblea” y que garantice “la separación de poderes y el orden democrático”.
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