Una multitud de usuarios del transporte público se agolpan ante las puertas de los vagones tras reabrirse el servicio de la Red de Metro un día después del apagón masivo que afectó a la península ibérica, este martes en Madrid. EFE/Juan Carlos Hidalgo
Una multitud de usuarios del transporte público se agolpan ante las puertas de los vagones tras reabrirse el servicio de la Red de Metro un día después del apagón masivo que afectó a la península ibérica, este martes en Madrid. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Un juez de la Audiencia Nacional, que en investiga y juzga los casos mayor gravedad, como el terrorismo y el crimen organizado, ha acordado abrir diligencias para investigar si el apagón en la red eléctrica española que afectó a todo el territorio peninsular este lunes pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas, lo que encajaría en un delito de terrorismo.

En un auto, el magistrado acuerda como primeras diligencias requerir al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica Corporación SA la elaboración de sendos informes para que en un plazo improrrogable de diez días indiquen la o las causas que motivaron el apagón.

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Francisco Sanz
Reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional, que preside el rey Felipe VI este martes en La Moncloa y asiste el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios miembros del Ejecutivo, el Jemad y el CNI.-EFE/ Casa de S.M. el Rey
Reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional, que preside el rey Felipe VI este martes en La Moncloa y asiste el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios miembros del Ejecutivo, el Jemad y el CNI.-EFE/ Casa de S.M. el Rey
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Del mismo modo, solicita a la Jefatura de Información de Policía que presente un informe preliminar sobre los hechos acontecidos, también en un plazo de diez días.

El juez explica que el incidente ocurrió el lunes sobre las 10.30 GMT y afectó a sistemas informáticos que soportan infraestructuras que proporcionan los servicios esenciales a la sociedad como salud, energía, industria o transporte, lo que ha supuesto “una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos”.

El auto recoge la explicación facilitada por el Gobierno sobre el motivo del apagón y que ha atribuido a la pérdida “de forma súbita” durante 5 segundos de 15 GW de la energía que se estaba produciendo en ese momento, lo que equivale al 60 por ciento de la luz que se estaba consumiendo, siendo “algo que no había ocurrido jamás”.

Calama indica que, si bien en este momento la causa de los hechos resulta desconocida, “el ciberterrorismo se encuentra entre unas de las posibles”. Por tanto, resulta necesaria, a su juicio, la apertura de una investigación judicial.

El magistrado explica que conforme al Código Penal español los delitos informáticos pueden ser calificados como terrorismo cuando su finalidad sea desestabilizar gravemente el orden constitucional o el funcionamiento de los servicios esenciales.

No obstante, y a la espera del resultado de esta investigación, por el momento el operador Red Eléctrica ha descartado que el apagón haya sido motivado por un incidente de ciberseguridad en sus instalaciones y apunta a dos pérdidas de generación independientes previas al corte de suministro.

Tras analizar el apagón y, según conclusiones aún preliminares, Red Eléctrica concluye que “efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control que pudieran haber ocasionado el incidente”.

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