Al inicio parece ser un drama o un ‘true crime’. La miniserie británica “Adolescencia” muestra a la policía irrumpiendo una mañana en la casa de la familia Miller. Los agentes registran cada habitación hasta dar con Jamie, de 14 años. Lo arrestan como sospechoso de apuñalar hasta la muerte a una compañera de clase la noche anterior. Se comprueba que es culpable y ahí queda claro que estamos ante una historia de terror. No porque haya escenas sangrientas o se revelen terribles traumas, sino porque Jamie Miller es un joven aparentemente común, equilibrado y con unos padres amorosos. Durante los cuatro episodios de la serie, el espectador no se pregunta qué pasó, quiere saber por qué. Las escalofriantes respuestas han avivado un debate social y político en el Reino Unido y más allá.
“Adolescencia” –que se ha convertido en un éxito mundial desde que se estrenó en Netflix el 13 de marzo– pone el foco en la masculinidad tóxica, el acoso escolar o la misoginia que se promueven en las redes sociales y otros espacios de Internet, y que en muchos casos llevan a hombres jóvenes a cometer actos violentos contra las mujeres. Una pesadilla para los padres ajenos a esta realidad, que no pueden controlar todos los contenidos a los que sus hijos están expuestos en la red. No es raro que la producción audiovisual haya sido descrita por los críticos como la serie más terrorífica de nuestros tiempos.
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La idea del producto se le ocurrió a uno de los protagonistas, Stephen Graham, tras una ola de crímenes violentos cometidos por hombres jóvenes. El diario “The Guardian” señala que en la última década el número de adolescentes británicos asesinados con un cuchillo u objeto afilado aumentó en 240%. La serie también coincide con un momento en que una figura como el ‘influencer’ misógino Andrew Tate gana cada vez más popularidad en comunidades online.
“Para ser honesto, como padre, no me ha resultado fácil verla”, dijo el primer ministro británico, Keir Starmer, esta semana tras recibir en su residencia oficial de Downing Street al escritor de la serie, Jack Thorne, a la productora Jo Johnson y a representantes de organizaciones juveniles.
El primer ministro británico, Keir Starmer, recibió esta semana en Downing Street al escritor de la serie, Jack Thorne, y a la productora Jo Johnson. (Foto: AP)
/ Jack TaylorEl político laborista, que vio el show junto a sus hijos adolescentes, hizo eco del tema de conversación nacional y afirmó que “Adolescencia” representa “el devastador efecto de la misoginia” en la sociedad británica y los peligros de la radicalización en Internet. También admitió que no existe una política única que brinde una solución.
El celular y otras alertas
El debate ha desembocado en pedidos de acción al gobierno. Starmer anunció que “Adolescencia” se difundirá de forma gratuita en todos los centros de enseñanza secundaria de Reino Unido, mientras que los creadores de la serie asistirán en los próximos meses a una sesión de un comité parlamentario para debatir con otros líderes políticos sobre la seguridad en Internet.
El Reino Unido acaba de implementar su nueva Ley de Seguridad Digital –aprobada en el 2023–, que estipula que las empresas tecnológicas están obligadas a implementar medidas para eliminar rápidamente contenidos ilegales de sus plataformas.
Rodrigo Murillo, historiador y politólogo peruano afincado en Francia, señala que los políticos se han visto obligados a actuar con más urgencia, pero no es suficiente. “Estoy totalmente de acuerdo en que este tipo de series ayudan a llamar la atención sobre estos problemas, pero no creo que alcancen a contener la inmensa violencia que se vive en algunas escuelas públicas de Europa”, dice a El Comercio.
La serie también ha avivado el debate global sobre el acceso a Internet de los menores. Aunque algunos países han adoptado estrictas medidas en esa línea, el grueso de las iniciativas se centra, con distintos niveles, en la prohibición de los celulares en las escuelas.
Según un informe de la Unesco del 2024, el 40% de los sistemas educativos en el mundo ya ha implementado algún tipo de restricción en el uso de celulares.
Algunas naciones ya tienen resultados. En España, muchas regiones que restringen el uso del teléfono móvil en las aulas dijeron recientemente que la convivencia escolar ha mejorado y que hay una menor incidencia de ciberacoso. En Brasil, el gobierno prohibió en enero el uso de celulares en aulas y recreos en todas las instituciones educativas. Ello después de que un año sin estos dispositivos en las escuelas de Río de Janeiro se tradujera en mejoras en la atención en clase y en un menor tiempo de exposición a contenidos dañinos.
“Para lograr cambios no solo hacen falta acciones desde el Estado. Tendría que existir también una movilización completa tanto de la sociedad civil como de las empresas tecnológicas para favorecer el consumo de otro tipo de información”, añade Murillo.
Medidas severas en varios países
Prohibiciones
Australia no permite usar teléfonos inteligentes en las escuelas y en el 2024 aprobó prohibir el uso de las redes sociales a menores de 16 años para proteger a los jóvenes de los peligros asociados con el uso descontrolado de esas plataformas. Es considerada la legislación de Internet más estricta del mundo.
Consentimiento parental
Francia aprobó en el 2023 una ley que exige a las plataformas de redes sociales verificar la edad de sus usuarios y obtener el consentimiento parental para los menores de 15 años, con el fin de proteger a los menores en línea del ciberacoso y otros delitos. También está probando limitar el uso de dispositivos móviles en un grupo de instituciones educativas.
Estricto límite de edad
En el 2024, Noruega aumentó de 13 a 15 años la edad mínima para usar las redes sociales, a tiempo que el gobierno intensificó su campaña contra las empresas tecnológicas, a las que acusó de no proteger a los menores del “contenido dañino” de estos espacios.
Ley contra el odio en línea
La ley surcoreana contra ciberdifamación o insultos online se creó tras sonados casos de suicidio y altos niveles de inseguridad en línea en jóvenes estudiantes. La ley aumenta las penas para este tipo de acciones y permite iniciar casos criminales ante comentarios que se consideren “de odio” sin necesidad de una denuncia formal por parte de la víctima.
