Este miércoles, un tribunal de Moscú condenó a un hombre a diez días de prisión por haber escrito en la nieve “No a la guerra”. Se trata del último castigo tras una serie de leyes represivas aprobadas por Rusia desde el inicio de su invasión de Ucrania en febrero del 2022.
El condenado se llama Dmitri Fedorov, que fue detenido por la policía cuando escribía ese lema con un dedo en la nieve del popular parque Gorki, precisó la agencia AFP.
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Fedorov negó ante el tribunal haberse resistido al arresto, pero admitió haber escrito la consigna y fue condenado a diez días de detención administrativa, indica el documento judicial reseñado por AFP.
Leyes duras y miles de arrestos
Rusia ha aprobado leyes para reprimir la crítica a la guerra, y a medida que estas emergieron, las ha ido endureciendo. Muchas figuras opositoras han terminado en la cárcel o en el exilio. Lo mismo le ha pasado a miles de civiles.
Según la ONG rusa OVD-Info, unas 20.000 personas fueron detenidas en poco menos de dos años por haberse opuesto a la guerra en Ucrania. Tan solo durante esta semana, los tribunales rusos deben dictar sentencia en 129 juicios con connotaciones políticas, indicó AFP.
Al inicio de la invasión rusa de Ucrania se desataron masivas protestas en Rusia, especialmente en Moscú y San Petersburgo. Decenas de miles de personas se manifestaron pacíficamente en las calles y otros lo hicieron a través de las redes sociales. Las autoridades rusas respondieron con represión y se detuvo a más de 16.000 personas, indicó un informe de Amnistía Internacional de septiembre del 2022.
Los pocos medios de comunicación independientes que quedaban en el país también fueron objeto de presión. Muchos de ellos cerraron o abandonaron el país. Otros optaron por la autocensura o por informar solo basados en la fuente oficial rusa.
Además, las ONG de defensa de los derechos humanos han sido calificadas por el Gobierno de Vladimir Putin de “agentes extranjeros” o “indeseables”, y se han enfrentado al cierre arbitrario o al bloqueo de sus sitios web y a otras formas de acoso, sostiene Amnistía Internacional.
Tras la invasión de Ucrania, la Duma Estatal aprobó una ley para criminalizar las opiniones críticas con las autoridades rusas, sus acciones y sus políticas. Se tipificaron delitos como difundir “información falsa” sobre las actividades de las Fuerzas Armadas rusas y “desacreditar” a las tropas rusas.
En adelante, toda persona acusada de cometer estos “delitos” se enfrenta a pagar multas exorbitantes de entre tres y cinco millones de rublos (de 55.000 a 92.000 dólares) o a cumplir penas de hasta los 15 años de prisión.
En marzo de este año, los diputados rusos aprobaron otra ley que impone penas de hasta 15 años de cárcel para quienes critiquen a los grupos armados como Wagner, que en ese momento tenía un papel muy activo en el guerra en Ucrania.
Tras la aprobación de las leyes represivas, en Rusia está prohibido utilizar los términos “guerra” o “invasión” en relación con lo que ocurre en Ucrania; o acusar al ejército de crímenes de guerra.
Opositores condenados
Una figura conocida de la oposición rusa, el periodista y activista Vladimir Kara-Murza, fue condenado en abril de este año a 25 años de prisión tras ser declarado culpable de los cargos de traición, difusión de información “falsa” sobre el ejército y por su afiliación a una “organización indeseable”.
Se trata de la pena más larga contra alguien que criticó la guerra.
Como lo anota BBC Mundo, el caso de Kara-Murza se basó en parte en un discurso que pronunció ante políticos en Estados Unidos en el 2022, en el que dijo que Rusia estaba cometiendo crímenes de guerra en Ucrania con bombas de racimo en áreas residenciales, así como “bombardeo de escuelas y hospitales de maternidad”.
En diciembre del 2022, el conocido opositor ruso Ilya Yashin fue condenado por un tribunal de Moscú a ocho años y medio de cárcel por difundir “información falsa” sobre el ejército ruso.
Yashin, detenido en junio del 2022, fue juzgado por denunciar en una emisión en directo en YouTube “la matanza de civiles” en la localidad ucraniana de Bucha.
Periodistas y ciudadanos
En agosto de este año, dos periodistas rusos fueron condenados en ausencia a 11 años de prisión por difundir “información falsa” sobre el ejército.
Más de un año antes, en marzo del 2022, los periodistas Ruslan Leviev y Michael Nacke publicaron un video en YouTube sobre la guerra en Ucrania que contenía “información falsa” sobre el ejército y las autoridades rusas, según un comunicado de la fiscalía publicado en Telegram.
Ambos viven en el extranjero y sobre ellos pesa una orden de arresto desde mayo del 2022.
Otro caso es el del músico y ambientalista ruso Alexander Bakhtin, de 51 años, quien también es objeto de un proceso judicial.
En marzo y abril del 2022 Bakhtin publicó tres mensajes en la red social rusa VKontakte para denunciar la campaña militar en Ucrania, citando víctimas civiles e implicando al presidente Vladimir Putin, indicó la agencia AFP.
En marzo del 2023, fue detenido y puesto en prisión preventiva, tras ser acusado de difundir “información falsa” sobre el ejército ruso. Se expone a una pena de hasta 10 años de cárcel.
Mientas que Anatoly Roshchin, de 75 años, también ha sido enjuiciado. Este ingeniero aeronáutico jubilado está acusado de desacreditar al ejército por unas publicaciones en Internet. Podría recibir hasta cinco años de cárcel.
En marzo de este año, un tribunal de Moscú condenó al estudiante ruso Dmitri Ivanov (23) a ocho años y medio de cárcel por publicar en Telegram informaciones consideradas “falsas” sobre el ejército.
Ivanov, estudiante de la facultad de matemáticas e informática de la Universidad Lomonósov de Moscú, fue declarado culpable de haber difundido “informaciones falsas sobre el ejército ruso por motivos de odio político”, informó la agencia oficial TASS.
Inmigrantes no podrán criticar al Gobierno
El miércoles, el Parlamento ruso informó que alista un proyecto de ley que obligará a los inmigrantes a firmar un contrato por el que se comprometen a abstenerse de criticar a las autoridades del país.
“El proyecto de ley llamado ‘acuerdo de fidelidad’ de los inmigrantes que entran en Rusia está muy avanzado”, explicó Leonid Kaláshnikov, jefe de relaciones con el espacio postsoviético de la Duma o cámara de diputados, a la agencia Interfax.
Agregó que dicho contrato contempla “el acuerdo por parte de un ciudadano extranjero que entra en Rusia de respetar una serie de reglas, en particular, no dedicarse a desacreditar la política interior y exterior de nuestro país”.
“Y a no tergiversar los hechos históricos relativos a la Gran Guerra Patria”, añadió.
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