El expresidente Uribe demanda al presidente Petro por “hostigamiento y calumnia”

El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) presentó una denuncia penal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro por “hostigamiento y calumnia”.

Así lo informó este viernes la firma de abogados Víctor Mosquera Marín, que actúa en representación de Uribe, que hoy recibirá una sentencia tras haber sido condenado en primera instancia el pasado lunes por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

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“Los hechos que motivan esta acción penal se derivan de una serie de manifestaciones públicas proferidas por el jefe de Estado los días 28 y 29 de julio de 2025 a través de su cuenta oficial en la red social X, con una audiencia de más de 8 millones de seguidores”, señaló el bufete de abogados.

Según los abogados, “el presidente Petro profirió acusaciones directas, infundadas y carentes de respaldo judicial, atribuyéndole al expresidente Uribe conductas gravemente delictivas como homicidios, narcotráfico, paramilitarismo y corrupción, hechos por los cuales no existe condena penal alguna ni decisión judicial”.

Uribe, de 73 años y jefe del partido de derechas Centro Democrático, se convirtió el lunes en el primer expresidente colombiano condenado penalmente en un proceso que lo enfrenta al senador de izquierdas Iván Cepeda.

En uno de los múltiples mensajes publicados por Petro sobre el juicio tras conocerse la condena, aseguró que Uribe “no combatió el terrorismo paramilitar, sino que pactó con él varias veces”.

Para la firma Víctor Mosquera Marín, “estas expresiones, proferidas desde la investidura presidencial y usando canales institucionales, no solo constituyen un atentado a la honra, el buen nombre y la dignidad personal y política” de Uribe, “sino que además configuran una conducta sistemática de estigmatización y hostigamiento político”.

“Dicha conducta representa una clara violación de los límites constitucionales e internacionales a la libertad de expresión, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios de prohibición del discurso de odio y no discriminación política que rigen en el sistema internacional de derechos humanos”, agregó la información.