¿Dónde están? La desaparición forzada de 4 menores en Guayaquil que implica a las Fuerzas Armadas de Ecuador

La tarde del martes 24 de diciembre, la policía de Ecuador encontró cuatro cuerpos carbonizados en las inmediaciones de la Base Aérea de Taura, ubicada a unos 40 kilómetros del lugar de la detención.

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Horas antes del hallazgo, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ordenó poner bajo custodia a los 16 militares involucrados en la detención y posterior desaparición de los menores. La misma autoridad había negado cualquier implicación de los militares en el caso y había asegurado que los niños fueron secuestrados por el crimen organizado.

Los militares, que pertenecen a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), reconocieron que detuvieron a los menores porque supuestamente estaban robando. Sin embargo, las autoridades confirmaron que no hay registro de alguna denuncia relacionada con la versión de los soldados.

Los soldados también admitieron que llevaron a los menores hasta la localidad de Taura, pero manifestaron que no los hicieron ingresar a la Base Aérea y dijeron que los liberaron.

En este punto, cabe precisar que el procedimiento dice que las personas que sean detenidas por los militares deben ser entregadas a la policía.

La noche del martes, la jueza Tanya Loor aceptó un recurso de habeas corpus planteado por los familiares de los cuatro niños y declaró como “desaparición forzada” este caso. Ese mismo día, en la Asamblea Nacional se divulgó un video de la detención de los menores por parte de una patrulla militar.

El miércoles 25 de noviembre, los padres de Ismael, Josué, Saúl, y Steven acudieron a la morgue de Guayaquil para conocer los resultados de los exámenes forenses realizados a los restos hallados en Taura, pero fue imposible la identificación.

“El médico forense explicó que debido a las condiciones en que se encuentran los cuerpos, incinerados y destruidos, la identificación mediante pruebas dactilares ha sido descartada”, dijo a la prensa Billy Navarrete, director ejecutivo Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil.

Agregó que ahora corresponde hacer exámenes antropológicos, basados en características físicas de los menores, como heridas previas, prótesis, fracturas y otros rasgos distintivos. Los resultados se podrían conocer el viernes.

Pero si en este segundo intento no hay resultados, Navarrete explicó que se procederá con pruebas de ADN, cuyo análisis podría demorar entre 30 y 40 días, informó el portal Primicia EC.

El abogado ecuatoriano Mauricio Alarcón-Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, le dijo a El Comercio que transcurrido casi un año de la declaratoria de conflicto armado interno, el trabajo de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna no está dando los resultados esperados.

“Las cifras hablan por sí solas. En Ecuador sigue secuestrando, extorsionando y asesinando. Hay zonas donde la tasa de criminalidad ni siquiera se ha reducido. Esto no ha dado el resultado esperado. Además, hay muy poca transparencia por parte del Gobierno en cuanto a las acciones que se están tomando. El Plan Fénix, llamado así por Noboa desde su campaña electoral, es para muchos sectores del país, incluyendo la Asamblea Nacional, un misterio”, sostuvo Alarcón-Salvador.

“Ya hay sectores que cuestionan fuertemente no solo la forma en la que se declaró el conflicto armado interno, sino también los resultados, la eficacia del trabajo de los militares en materia de seguridad interna”, agregó.

¿Hay carta abierta para que los militares violen derechos humanos? Alarcón-Salvador manifestó que en Ecuador ninguna fuerza pública puede actuar por encima de los derechos y libertades de los ciudadanos.

“Incluso considerando que en un estado de excepción ciertos derechos están parcialmente restringidos, en teoría, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deben seguir protocolos. No obstante, en el caso de estos cuatro menores de edad desaparecidos, la jueza a cargo del habeas corpus ya determinó que los procedimientos seguidos por las Fuerzas Armadas no han cumplido ni con lo más básico ni elemental de un protocolo que garantice derechos y libertades fundamentales”, dijo Alarcón-Salvador.

“Históricamente hablando, siempre se ha dicho que los militares no son aptos ni están capacitados para la seguridad interna precisamente por la forma en la que manejan temas asociados a los derechos y libertades fundamentales”, refirió.

“Hay que estar muy atentos porque este no es el primero y, con seguridad, no será el último caso que salga a la luz con respecto de procederes inconstitucionales y violando derechos por parte de las fuerzas públicas, bajo el argumento de los temas de seguridad”, anticipó.

El sociólogo y politólogo ecuatoriano Julio Echeverría explicó a El Comercio que la situación en Guayaquil es de alta intensidad y muy compleja, donde los sectores más vulnerables de la sociedad son presas fáciles de las bandas organizadas del narcotráfico.

“Dentro de esa lógica, los niños y las niñas son altamente vulnerables, porque tienden a ser captados, cooptados por las bandas delincuenciales para cometer delitos. Entonces, para las Fuerzas Armadas es una obligación tener un comportamiento mucho más respetuoso de la dignidad y de la protección de los niños. Pero lo que se ha demostrado en este hecho es que justamente las Fuerzas Armadas no han estado lo suficientemente preparadas para afrontar la situación y han cometido errores procedimientos que son muy graves”, dijo Echeverría.

“Todavía no se demuestra que los menores hayan sido eliminados, pero sí ya se sabe que ha afectado su integridad”, agregó.

Echeverría coincidió en que incluso en situaciones de conflicto, la protección de los derechos de las personas sigue vigente. “No es que se haya producido este tipo de episodios de manera sistemática y regular. Es algo que en alguna medida se sale de lo común”.

“Sería de esperar de que no se repita, porque en caso de que estuviéramos frente a una recurrencia de este tipo de eventos, la situación sería mucho más grave para el Estado Ecuatoriano”, agregó.

Desde que en enero del 2024 Ecuador declaró un conflicto armado interno

y delegó la seguridad a las fuerzas militares, la Fiscalía ha recibido 8 casos de desaparición forzada, 15 denuncias por ejecuciones extrajudiciales, 83 por tortura, y 223 por abusos, según un informe de Human Rights Watch (HRW).

Ecuador irá a elecciones presidenciales el próximo 9 de febrero, donde Noboa postulará para la reelección. Sin embargo, el caso de los menores desaparecidos puede terminar afectado su candidatura.

“Lo que está sucediendo ya no se trata solo de los cuatro menores de Guayaquil; en los últimos días se han conocido varios casos de desaparecidos en la provincia del Guayas, todos ellos menores de edad, bajo situaciones parecidas a este caso. Entonces, habrá un costo político para Daniel Noboa”, aseguró Alarcón-Salvador.

“En particular porque el Gobierno lo ha hecho tan mal durante los últimos días, pues prefirió mantener silencio durante dos semanas, tiene un ministro de Defensa que da versiones contradictorias, una ministra de Derechos Humanos totalmente ausente y sin dar declaraciones, una Presidencia de la República que está más preocupada del accidente aéreo en Asia que de los 4 desaparecidos, todo eso va a traer un costo político”, insistió.

Echeverría coincide en que el caso de Guayaquil afectará en alguna medida la proyección electoral de Noboa.

“Junto con la Fiscalía, el Gobierno tiene la obligación de colaborar para que se establezca el nivel de responsabilidad en este hecho. No nos olvidemos que las Fuerzas Armadas son un aparato de la administración pública de Ecuador y, por lo tanto, tienen que ser permanentemente observadas y vigiladas en su comportamiento, en sus actuaciones. Y el Presidente debe ser la primera persona que lleve adelante e impulse las investigaciones para el esclarecimiento de este hecho”, sostuvo.

La noche del 8 de diciembre, tres menores fueron detenidos por militares en sel sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil. El cuarto fue entregado por civiles a la misma patrulla.

Sus familiares aseguraron que habían salido a jugar fútbol. La versión del Gobierno es que estuvieron involucrados en un robo. Pero el fiscal del caso aseguró que no existe ningún elemento que indique algún “acto ilícito que hayan cometido los niños”.

La misma noche de los hechos, las familias de los menores recibieron llamadas en las que los niños informaron haber sido golpeados por los militares y abandonados sin ropa en el sector de Taura, cerca a una base de la Fuerza Aérea.

“Papá, ven, sálvame”, suplicó un niño a su padre, quien solicitó ayuda a la policía. Los buscaron en Taura pero no los encontraron.

Inicialmente, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, adjudicó la desaparición de los menores a “grupos delincuenciales”. Dijo que quienes cuestionan a las Fuerzas Armadas buscan “hacerle el juego al crimen organizado” y “censurar a la institución”.

Sin embargo, el pasado lunes Loffredo reconoció que los menores fueron detenidos por una patrulla integrada por 16 militares que pasaban por el Mall del Sur.

La detención de los niños quedó registrada en video. Parte de ese contenido recién se hizo público el 23 de diciembre en la Asamblea Nacional.

El diario español El País accedió a varios videos de vigilancia que están en poder de las autoridades que investigan el caso.

De acuerdo con El País, las imágenes muestran a los niños en el sector de Las Malvinas, cerca de su lugar de residencia, bajo un puente ubicado en la intersección de la avenida 25 de Julio con Ernesto Albán.

A las 20:39 pm, se observa a un grupo de 10 niños debajo del puente. Uno de ellos lleva una camiseta y pantalón corto azul, otro una camiseta naranja y pantalón corto azul, señala El País. En ese instante, los niños comienzan a correr y seis militares aparecen en escena, uniformados con camuflaje, intentando detenerlos.

Un civil logra capturar al menor de camiseta naranja y pantalón corto azul, sujetándolo por el brazo y entregándolo a un militar.

El presunto robo a una mujer del que habló el ministro Loffredo no está registrado en las imágenes.

En el momento en que es capturado el último niño, otro soldado, apostado en medio de la calle, apunta su arma, explica El País. Otro de los uniformados se abalanza sobre el niño, lo toma por el cuello y lo arrastra hasta la patrulla, una camioneta doble cabina blanca.

En la parte posterior de la camioneta se observa al niño de camiseta y pantalón azul tirado en el piso, custodiado por dos militares. El último niño capturado es subido al mismo vehículo. En las imágenes se les ve uno encima de otro, boca abajo. En un momento, los dos militares que los custodian golpean al de camiseta naranja con un puñetazo en la cara, mientras él se lleva las manos a la nariz tras el impacto.

A las 20:44, la camioneta arranca de la avenida 25 de Julio, atravesando el centro de Guayaquil hacia la avenida Pedro Menéndez Gilbert, con dirección a Taura, sostiene El País.

Presionada por la opinión pública y las protestas callejeras ante los órganos de justicia, la Fiscalía ha allanado la base militar de Taura para realizar pericias a los vehículos involucrados en el hecho. También ha pedido la entrega de ciertas prendas de los soldados que participaron en la detención.