Integrantes de las Fuerzas Armadas se enfrentan con manifestantes durante una protesta en la avenida panamericana norte, en Tabacundo, Ecuador, el 23 de septiembre de 2025. (Foto de José Jácome / EFE)
Integrantes de las Fuerzas Armadas se enfrentan con manifestantes durante una protesta en la avenida panamericana norte, en Tabacundo, Ecuador, el 23 de septiembre de 2025. (Foto de José Jácome / EFE)
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Movimiento indígena denuncia la muerte de un manifestante durante las protestas en Ecuador
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Movimiento indígena denuncia la muerte de un manifestante durante las protestas en Ecuador

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La de (Conaie) denunció este domingo la muerte de un manifestante durante las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel, que cumple su séptimo día.

Denunciamos la muerte de Efraín Fuerez, comunero indígena de Cuicocha, Imbabura, asesinado el 28/09/2025 por un impacto de bala de las FFAA (Fuerzas Armadas), durante el Paro Nacional 2025 en Cotacachi”, señaló la Conaie en su cuenta de la red social X.

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Ni la Presidencia, la Policía o el Ministerio del Interior, consultados por la prensa, se han pronunciado sobre la denuncia de la Conaie, convocante al paro nacional.

Rechazamos el uso letal de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas contra comuneros indígenas. Responsabilizamos a Daniel Noboa, exigimos una investigación inmediata y justicia para Efraín y su comunidad”, añadió la Conaie, la mayor organización social del país.

En su mensaje, la Conaie incluyó un video de una mujer que asegura haber llevado al hospital de Cotacachi (provincia de Imbabura) al manifestante y que al llegar a la casa de salud, los doctores le dijeron “que ya no tiene signos vitales”.

La provincia de Imbabura se ha convertido en el epicentro del paro, convocado con carácter nacional y que desde el pasado lunes se ha caracterizado por el corte parcial de vías y protestas esporádicas en unas cinco de las 24 provincias del país.

La Conaie exige que el presidente, Daniel Noboa, derogue el decreto 126, a través del cual eliminó el subsidio al diésel, pero el jefe de Estado se mantiene firme en su decisión.

El Gobierno insiste en que no permitirá el corte de vías, por lo que mantiene a las fuerzas del orden desplegadas en distintas zonas para habilitar sectores en caso de que los manifestantes bloqueen las vías.

Liberación de detenidos

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, pidió la liberación de los detenidos durante las protestas, que el Gobierno cifra en alrededor de cien -algunos procesados por terrorismo- y entre los que figuran dos venezolanos que las autoridades presumen que están vinculados al Tren de Aragua, una organización criminal transnacional, catalogada por el Gobierno de Noboa como “terrorista”.

La protesta más violenta hasta el momento ocurrió el pasado lunes, cuando en la ciudad de Otavalo (Imbabura), un millar de manifestantes atacó un destacamento policial, dañó su infraestructura y quemó diez vehículos policiales y particulares.

El sábado, miles de personas participaron en una marcha en Otavalo en demanda de la liberación de doce detenidos tras esa protesta, quienes están procesados por “terrorismo” y cumplen prisión preventiva en otras provincias.

MÁS INFORMACIÓN: Presidente Noboa afronta paro nacional en Ecuador que trae alarmantes recuerdos

Las protestas en Imbabura provocaron el viernes el reclamo de los comerciantes de zonas como Antonio Ante y Atuntaqui, que protagonizaron cruces de palabras con los manifestantes, mientras que en Ibarra (capital de la provincia) hubo una marcha de ciudadanos en demanda de tranquilidad para trabajar.

El detonante de estas protestas fue la eliminación de la subvención estatal al diésel decretada por Noboa el 12 de septiembre hace dos semanas, que hizo que el precio de este combustible subiese de la noche a la mañana de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).

El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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