Con más del 95 % de los votos escrutados hasta este martes se consolida el triunfo del ‘Sí’ en nueve de las once preguntas relacionadas con temas de seguridad del plebiscito planteado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mientras el ‘No’ se afianza en dos relativas a aspectos económicos.
Los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el proceso del domingo muestran un respaldo del 72,34 % a la participación de los militares en apoyo a la Policía en la lucha contra el crimen organizado, y el apoyo del 64,41 % a la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos en otros países.
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Además, el 59,94 % aprueba el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional.
El 69,76 % apoya que las Fuerzas Armadas controlen los accesos a las cárceles, mientras que el 67,42 % avala el incremento de penas para delitos ligados al crimen organizado, como el terrorismo y su financiación, trata de personas, entre otros.
Noboa también logra el respaldo del 66,76 % para que los presos condenados por delitos ligados a la delincuencia organizada cumplan la totalidad de sus sentencias en la cárcel, en tanto que el 63,96 % de electores admite que se tipifique como delito la tenencia y porte de armas que son de uso privativo de las fuerzas del orden.
Por otra parte, el 62,14 % está de acuerdo en que las armas y municiones decomisadas por delitos sean utilizadas por policías y militares, en tanto que el 61,05 % apoya que se simplifiquen los procedimientos para que los bienes de origen ilícito pasen a propiedad del Estado, según los resultados parciales del CNE.
De otro lado, en las preguntas relacionadas con aceptar arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción y abrir la posibilidad del trabajo por horas, el ‘No’ se consolida con el 65,24 % y el 69,58 %, respectivamente.
Según el CNE, hasta este martes se había completado el escrutinio en trece de las 24 provincias del país.
El presidente de Ecuador agradeció el lunes el “amplio respaldo” a las medidas para reforzar la lucha contra el crimen organizado, que comprendían la mayor parte del plebiscito del domingo, al que estuvieron convocados más de 13,6 millones de ecuatorianos.
En un mensaje a través de las redes sociales, Noboa valoró el apoyo recibido a las nueve preguntas sobre medidas enfocadas en la seguridad y la lucha contra la corrupción, pero no hizo mención a las dos propuestas económicas que fueron rechazadas.
“Vivimos situaciones difíciles, pero tengo la certeza que estamos yendo en la dirección correcta. El Ecuador ha hablado, nuestro siguiente paso será seguir trabajando aún más duro que ayer”, manifestó Noboa.
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Procedimientos distintos
Entre las nueve cuestiones aprobadas hay tres que implican enmiendas a la Constitución y cuyo entrada en vigor será inmediata una vez que se proclamen los resultados oficiales.
Estas son el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas a la Policía en operaciones contra el crimen organizado, las extradiciones de ecuatorianos requeridos por la Justicia de otros países y el establecimiento de un sistema de juzgados constitucional.
A través de la vía parlamentaria deberán tramitarse leyes para que las Fuerzas Armadas controlen los accesos a las prisiones, consideradas el epicentro de la crisis de violencia que ha hecho que Ecuador se encuentre entre los primeros países con más homicidios de Latinoamérica, con unos 45 por cada 100.000 habitantes.
Por la misma vía deberá tramitar las iniciativas de incrementar las penas en delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico de drogas, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y minería ilegal, así como la de eliminar los beneficios penitenciarios para varios de estos delitos, de modo que la condena deba cumplirse íntegramente en prisión.
Igualmente sucederá con las propuestas de crear un delito específico de tenencia y porte de armas de uso exclusivo de Policía y Fuerzas Armadas, de equipar a estas fuerzas estatales con el armamento incautado a la delincuencia y de generar un mecanismo exprés para la expropiación de bienes de origen ilícito.
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