ONU:“La sociedad debe decretar la muerte civil del corrupto”

En sus primeros años como fiscal en su natal Colombia, Velásquez lideró la operación que permitió desbaratar una red de corrupción entre paramilitares y políticos. En el 2013, la ONU lo nombró comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En ese puesto condujo la investigación que envió a la cárcel al ex presidente Otto Pérez Molina por corrupción.

Hace una semana visitó Lima para participar de un foro sobre lucha anticorrupción, organizado por el Instituto de Estudios Social Cristianos y la Fundación Konrad Adenauer, y conversó con nosotros.

—¿Qué ejemplo nos deja el Caso Pérez Molina?
Creo que hay un mensaje importante: la lucha contra la corrupción sí es posible. Por desgracia, en nuestra región estamos tan acostumbrados a la normalidad de lo anormal que nos resignamos y aceptamos como irremediable vivir en un estado de corrupción.

—¿Por qué la corrupción está tan arraigada aquí?
Una explicación podría ser que no ha merecido suficiente atención de nuestros sistemas de justicia, que en el plan investigativo han sido más o menos débiles. Además, hay una cierta variación en los valores sociales donde el bobo es quien respeta las normas y el vivo quien las irrespeta. Eso deja un campo abonado para la corrupción que se va apoderando de todos los estados de la sociedad.

—¿Cómo enfrentarla?
Se necesitan acciones conjuntas y simultáneas. Una demostración de que la justicia puede actuar, volver a la sociedad más vigilante y participativa, quitar al corrupto el producto del delito. Es indispensable una atención especial en las reglas de participación electoral, ahí hay un gran fondo de corrupción.

—Muchas veces ni los casos de corrupción les quitan votos a los políticos…
Sí, es un tema complicado que tiene que ver con lo que te dije de la cultura de la legalidad. El corrupto solo afronta una vergüenza transitoria sabiendo que tiene un electorado cautivo que lo respaldará. Hay que generar una reacción social contra los corruptos, que la sociedad decrete la muerte civil del corrupto.

— ¿Cuánto hemos avanzado en la lucha anticorrupción en Latinoamérica?
​Es muy difícil calcularlo. Probablemente hay una nueva conciencia, una más fuerte, y se demuestra con las grandes manifestaciones contra la corrupción que se han hecho en Brasil o Guatemala, por ejemplo. En el 2015, por 22 sábados seguidos, miles de personas salían a protestar contra la corrupción en Guatemala. Eso, la indignación social, podría tomarse como un termómetro.

— ¿Y esas manifestaciones muestran resultados?
​Puede fomentar la lucha porque fiscalías no muy activas se ven forzadas a trabajar si no quieren ser reprochadas por la sociedad. Yo considero que sirve mucho la participación ciudadana.

— ¿Qué países son un ejemplo en la lucha anticorrupción?
​Creo que cada uno va buscando sus propias formas de enfrentar la corrupción y adoptar mecanismos de lucha contra ella. En Centroamérica los países del triángulo norte -Guatemala, Honduras y El Salvador- han buscado tres formas distintas de enfrentar la corrupción y el crimen organizado.

— ¿Cuáles son?
En Honduras se ha creado, junto a la OEA, una misión de apoyo contra la impunidad que se centra en fenómenos de corrupción con una labor de acompañamiento al Ministerio Público. En El Salvador se ha constituido una fiscalía especial anticorrupción que recibe apoyo internacional. En Guatemala los últimos gobiernos han ideado el mecanismo con la ONU para contar con un órgano de investigación dirigido por un extranjero que apoya al Ministerio Público, la CICIG. Es importante aclarar que nosotros no reemplazamos al Ministerio Público sino que lo apoyamos, cooperamos con él. Entonces, podrás ver que cada país encuentra la forma idónea desde sus circunstancias, lo que deben tener en común es la lucha por la independencia judicial.

—¿Qué representa el Caso Odebrecht?
Es un avance, que las cosas no salgan a la luz no quiere decir que no existan. El Caso Odebrecht exige examinar cuál es la fortaleza de nuestros ministerios públicos en la investigación de estos fenómenos de macrocriminalidad. Uno de los aspectos centrales está en los expertos financieros y cómo puedan detectar esas grandes redes criminales.

—¿Qué consecuencia traería tener unidades de inteligencia financiera débiles?
Que se impida hallar estos mecanismos de lavado de dinero. La posibilidad de detectar los enriquecimientos ilícitos requiere fortalecer estas unidades. No hacerlo facilita la acción de estas estructuras criminales.

— ¿Algún caso ha involucrado a tantos mandatarios o ex mandatarios de la región en una investigación así? 
Es un momento inédito el que estamos viviendo y debería llamar al incremento de la acción. Ver tantos hombres tan importantes en la región vinculados a investigaciones así debe revertirse en lo positivo. En lugar del pesimismo debemos ver que toda persona, independientemente de la posición que ocupe, es susceptible de recibir una consecuencia por un acto ilícito.

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