Terrorismo, incitación al odio: las duras acusaciones contra los manifestantes detenidos en Venezuela y las posibles condenas

El régimen de Nicolás Maduro está arreciando la persecución contra manifestantes y testigos de mesa opositores en Venezuela. Medios locales han denunciado que la policía está yendo casa por casa para llevarse a ciudadanos incluso sin una orden fiscal de arresto. El sábado, el mandatario chavista dijo que hay 2.000 detenidos por las protestas que están siendo trasladados a prisiones donde hay reos peligrosos, mientras que la ONG de defensa de los derechos humanos Foro Penal ha documentado 988 arrestos, 91 de ellos adolescentes, y al menos 11 asesinados producto de la represión.

Desde el pasado pasado 29 de julio, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) certificara la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, consideradas fraudulentas por la oposición, Estados Unidos, el Perú y otros países, se desataron protestas espontáneas en varias zonas de Venezuela, incluidos barrios populares antes considerados bastiones del chavismo.

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De acuerdo con el Foro Penal, la represión de las manifestaciones ha dejado al menos 11 asesinados, mientras que el portal runrun.es, basado en varias fuentes, determinó que los fallecidos ascienden a 22, todos por arma de fuego. Además, indicó que en seis de estos casos los responsables son los colectivos, paramilitares que respaldan al régimen de Maduro.

El fiscal general de Venezuela, el chavista Tarek William Saab, dijo el miércoles que hay más de 1.000 detenidos y que estos van a enfrentar cargos de incitación al odio, terrorismo, resistencia a la autoridad, obstrucción de calles o vías y desobediencia de las leyes, algunos de los cuales suponen pasar varios años en la cárcel.

El domingo, en una entrevista exclusiva con Caracol Radio, Saab negó la existencia de órdenes de detención contra el candidato opositor Edmundo González Urrutia y contra la líder opositora María Corina Machado, como se rumoreaba en los últimos días luego de que el propio Maduro dijera que ambos deberían “estar tras las rejas.

“¿Dónde están, presenten esas órdenes. No existe eso en este momento. Hay una investigación general que ha tenido como efecto directo la detención de personas quemando sedes públicas con personas adentro, eso es gravísimo. Ha habido acciones que se han podido ver por televisión, por redes, de manifestantes encapuchados llamando a matar, luego han sido detenidos y se arrepienten, dijeron que esa no era la intención, que estaban jugando, no, no, no, aquí no puede haber nada jugando, si usted con una bomba molotov intentó quemar un edificio, llamó a quemar, a protestas, y usted está detenido tiene que asumir las consecuencias. Y todo aquel dirigente que haga un llamado a hechos vinculados con el terrorismo será detenido”, advirtió Saab.

El sábado, Maduro había acusado a los manifestantes detenidos de presuntamente quemar centros electorales, así como sedes regionales del CNE, y de atacar universidades, escuelas, hospitales, entre otros.

Machado ha acusado a Maduro de haber escogido el camino de “la represión”, “la mentira” y la “violencia” tras “su derrota” en las presidenciales.

En la misma entrevista con Caracol Radio, Saab negó que los aparatos de seguridad de Venezuela hayan hecho uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, y confirmó que no hay ningún militar ni policía investigados.

Los medios venezolanos están reportando casos de detenciones arbitrarias. Por ejemplo, el portal El Pitazo informó que la División contra Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de los Valles del Tuy arrestó el 2 de agosto a un joven por manifestarse el 29 de julio en la población de Cúa. Lo llamativo del caso es que el policía encargado del arresto no presentó una orden fiscal ni tampoco sabía el nombre del joven. Solo mostró un video donde se le observa protestando.

En un video grabado por la familia del joven se escucha decir al policía: “En los disturbios del día lunes, el ciudadano…. ¿cómo es que se llama?”.

“¿Dónde está la orden del fiscal?”, preguntó un familiar del muchacho y el policía respondió: “¿La orden del fiscal?, ya tú vas a ver la orden, y si tú quieres empeorar esto, lo empeoramos, estás haciendo un ultraje a la autoridad”, amenazó.

El policía dijo que el joven estaba acusado de incitación al odio.

El Pitazo también informó de la detención de dos personas que estamparon polos con la imagen de la estatua derribada del fallecido presidente Hugo Chávez. El hecho ocurrió en el municipio Colón del Sur, en el estado Zulia.

El mismo portal publicó que funcionarios de la PNB de los Valles del Tuy detuvieron a una mujer por escribir la palabra “Libertad” en una calle con la harina amarilla que comercializan los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Una fuente de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (Daet) de la PNB le dijo a El Pitazo que la arrestada había incurrido en el delito de incitación al odio.

La abogada Laura Valbuena, coordinadora del Foro Penal en el estado Zulia, dijo que el 2 de agosto se realizó la audiencia de presentaciones de dos ciudadanos de la localidad de Santa Bárbara por estampar camisetas. Sostuvo que se les imputó incitación al odio y se les dictó privación de la libertad.

Stefania Migliorini, coordinadora jurídica del Foro Penal, explicó a la prensa que el 90% de quienes están en prisión fueron capturados en las protestas, “pero también hemos recibido denuncias de personas a las que han ido a buscar a sus casas para detenerlas, bien sea porque fueron testigos de mesa o porque aparecieron en algún video o alguna foto manifestándose”.

En este punto, María Corina Machado advirtió a la comunidad internacional de la escalada contra los testigos electorales, pero aseguró que “ya es tarde” porque lograron enviar todas las actas que sustentarían el triunfo de González Urrutia.

El Foro Penal denunció la detención de un abogado de la organización identificado como Kennedy Tejeda, quien fue arrestado el 2 de agosto por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuando averiguaba sobre la situación de unos manifestantes que estaban detenidos en la comandancia de Montalbán, estado Carabobo.

Pero no solo se está persiguiendo a manifestantes. El sábado, el fiscal Saab informó de la detención e imputación de Maglen Marin Rodríguez, fiscal provisoria en Anzoátegui, por presunta “omisión intencional” en proceso judicial en contra de cuatro manifestantes.

Específicamente, la fiscal Maglen Marin Rodríguez se negó a acusar a los cuatro detenidos por los supuestos delitos de “terrorismo, financiamiento al terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir”, de acuerdo con Saab.

El sábado, Maduro dijo que hay 2.000 detenidos en las protestas y que van a ser enviados a las cárceles de Tocorón y Tocuyito. “Máximo castigo, justicia. Esta vez no va a haber perdón, esta vez no va a haber perdón, esta vez lo que va a haber es Tocorón”, dijo el mandatario frente a sus simpatizantes que marcharon en Caracas.

El abogado Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, le dijo a El Comercio que la proyección de Maduro es exagerada, y que incluso contradice las cifras que ha dado el Ministerio Público.

“En el Foro Penal hemos podido verificar 988 detenidos. Se están produciendo traslados desde las comandancias de policía y de la GNB a cárceles donde hay reos comunes. Yare III, por ejemplo, es una de ellas. También los han llevado a Puente Ayala, en Anzoátegui; al INOF, que es una cárcel para mujeres en Miranda y Cochecito, para los menores de edad. Son cárceles donde hay todo tipo de criminales, es un tema delicado ciertamente, pero eso es lo que está ocurriendo”, aseveró Himiob.

Por su parte, Amnistía Internacional Venezuela ha alertado que las personas detenidas están incomunicadas, sin asistencia legal y confirmó que se les trasladada a prisiones de máxima seguridad, por lo que están expuestas a altos riesgos de malos tratos y tortura.

“Exigimos que las autoridades dejen de detener a quienes ejercen sus derechos y pedimos al fiscal general que garantice a todas las personas detenidas acceso a abogados de su elección y todas las garantías del debido proceso”, dijo Amnistía Internacional.

Mientras que la ONG Provea denunció que el régimen bloqueó la asistencia legal y gratuita de los detenidos, y se los obliga a “aceptar defensores públicos” alineados con el chavismo.