CPI pide a Karim Khan retirarse del Caso Venezuela I: ¿En qué estado se encuentra la investigación por delitos de lesa humanidad?

La Corte Penal Internacional (CPI) pidió a Karim Khan, fiscal responsable de la investigación sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela, retirarse del caso por un potencial conflicto de intereses debido a que su cuñada, Venkateswari Alagendra, era parte del equipo legal del gobierno de Nicolás Maduro.

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La decisión tiene su origen en una solicitud de recusación presentada en septiembre de 2024 por la Fundación Arcadia, ONG fundada por el venezolano Robert Carmona-Borjas, que argumentaba que el vínculo entre Khan y Alagendra ponía en riesgo la “integridad del proceso judicial”. El pedido indicaba que el fiscal a cargo de investigar al Gobierno Venezolano había trabajado junto a su cuñada en casos como la defensa del hijo del dictador libio Muamar Gadafi.

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Khan afirmó que nunca ha compartido información sobre el caso con Alagendra y pedía que se tome en cuenta la “presunción de su imparcialidad”, pero la CPI indicó que tomó la decisión considerando que se “podría percibir razonablemente parcialidad, debido al vínculo familiar con Alagendra, sumado a la relación profesional y jerárquica previa” que tenían.

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La agencia EFE indicó que en caso de que Karim Khan no se retire de forma voluntaria, el juzgado internacional tendría que entablar un proceso de recusación formal, que comprometería las investigaciones.

Las primeras denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela ante la CPI se produjeron durante el gobierno de Hugo Chávez, pero no se llegó a una investigación formal por parte del tribunal internacional debido a que el caso presentado no cumplía los criterios que establecía el Estatuto de Roma. La situación sería distinta durante la etapa de Nicolás Maduro.

En febrero del 2018, la CPI anunció que evaluaría la posibilidad de que existieran crímenes contra los derechos humanos en Venezuela desde las protestas del año anterior, y pocos meses después se abrió un expediente tras un reporte de la OEA.

Ya en setiembre de ese mismo año, Argentina, Perú, Colombia, Chile, Paraguay y Canadá pidieron a la CPI la apertura de una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad que podrían rastrearse hasta el 2014.

En el 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó una misión internacional para evaluar esta situación, y un año más tarde, el informe de este trabajo citaba evidencias de ejecuciones ilegales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura desde el 2014. Según el reporte, Nicolás Maduro habría usado la cadena de mando estatal para asegurar que se cometan los delitos mencionados.

En el 2020 la CPI concluyó que existía “una base razonable para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, al menos desde abril del 2017.

En mayo del 2021, el Fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, admitió que la muerte de un concejal de Caracas durante su detención en 2018 no fue un suicidio, como había informado el gobierno, sino un asesinato; sin embargo, el funcionario logró retrasar algunos meses el proceso ante la corte internacional.

Es durante este periodo que aparece la figura de Karim Khan, quien en octubre de ese mismo año reemplazó como fiscal de la CPI a cargo del caso a Fatou Bensouda. Bajo la gestión de Khan, en noviembre del 2021 se anuncia la decisión proceder formalmente con las investigaciones del caso “Situación en la República Bolivariana de Venezuela I”, el primero que la CPI abría a un país latinoamericano.

Por ese entonces, el tribunal dio a conocer que había llegado a un acuerdo con el Gobierno Venezolano para facilitar las labores del fiscal, y en octubre Karim Khan llegó por primera vez al país sudamericano como parte del caso y volvería en enero del año posterior.

En abril del 2022, la gestión de Maduro pidió aplazar las investigaciones, algo que terminó logrando, y no sería hasta junio del 2023 que se reanudarían las pesquisas. La CPI indicó que 8.900 víctimas y familiares habían presentado sus testimonios, los cuales fueron incluidos en el portafolio del caso y, pese a que Venezuela solicitó detener nuevamente el proceso en el 2024, su solicitud fue denegada por la Sala de Apelaciones del organismo internacional.

Para ese momento el pulso de Khan con el Gobierno Venezolano era tenso y las investigaciones se producían en medio de protestas que generaban más denuncias de represión extrema y detenciones arbitrarias.

Perfil

Karim Asad Ahmad Khan nació en Edimburgo (Escocia) en 1970, en una familia conformada por un médico pakistaní y una enfermera británica. Es hermano de Imran Ahmad Khan, político conservador británico que cumplió pena de cárcel por una agresión sexual contra un menor de 15 años.

Se formó como abogado en el King’s College de Londres y comenzó a trabajar en la Fiscalía local, llegando a ser fiscal superior de la Corona en 1995 y miembro de la Comisión de Derecho de Inglaterra y Gales durante los dos años siguientes.

En esta época inicia su incursión en el derecho internacional, trabajando más adelante en los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda. Tras el establecimiento de la Corte Penal Internacional el abogado británico también trabajó en casos relacionados a esta.

A nivel personal, Khan fue abogado de Charles Taylor, expresidente de Liberia condenado por crímenes de guerra y lesa humanidad. Taylor sería el primero de otros clientes de alto perfil a los que sumarían figuras como Seif al Islam Gadafi, hijo de Muamar al Gadafi, y William Ruto, exvicepresidente de Kenia. Durante la defensa de estos estos dos últimos casos trabajó junto a Venkateswari Alagendra, hermana de su esposa.

Khan también representó legalmente a miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en Sierra Leona y a las comunidades albanesas expulsadas de Grecia tras la Segunda Guerra Mundial.

Su designación como fiscal de la CPI tuvo lugar el 16 de junio de 2021 y según la BBC, la defensa de Ruto generaría un halo de polémica a su designación, debido a que Kenia fue uno de los principales impulsores de su candidatura. Antes, en 2018, había trabajado como jefe del equipo que investigaba los crímenes de guerra del Estado Islámico en Irak.

La gestión de Karim Khan estuvo marcada por la emisión en 2022 de una orden de arresto internacional contra Vladimir Putin tras el inicio del ataque contra Ucrania, a lo que el gobierno de Rusia respondió con otra orden de arresto hacia el fiscal de la CPI.

Khan iría más allá, ya que en 2024 emitió una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y la cúpula de Hamás en medio de la intervención militar israelí en Gaza. Pese a que antes de la medida el fiscal y otros abogados de la ONU recibieron una carta de amenaza por parte de doce senadores estadounidenses del Partido Republicano, siguieron adelante con la medida.

La decisión fue controvertida, pues Estados Unidos declaró a Khan persona no grata, vetando el ingreso del fiscal a su territorio y congelando los activos que pudiera tener dentro del país, y a inicios de 2025 se firmaron órdenes ejecutivas para sancionar a la CPI.

Por su parte, Francia, Dinamarca, España, Chile, Jordania y otros países respaldaron la medida.

La polémica en torno a Karim Khan no se restringe a su accionar profesional, pues ONU y y la CPI investigan denuncias contra el fiscal por agresión sexual. El abogado británico se ha defendido indicando que es una campaña de desprestigio y, aunque no responsabilizó directamente a Israel, sugirió que dicho país podría estar detrás de las acusaciones. Khan dijo que tanto él como su familia eran víctimas de ataques y amenazas.