¿Cómo se debería abordar un posible desborde de la migración en la frontera con Chile?

La crisis migratoria en Latinoamérica se ha convertido en un fenómeno estructural que desborda las capacidades de los estados y desafía la estabilidad social y política de la región. En la última década, la combinación de gobiernos ineficientes, deterioro institucional y el impacto de la pandemia profundizó los problemas económicos, generó desempleo masivo y debilitó los sistemas de salud y educación. El resultado ha sido una presión migratoria sin precedentes.

Estados Unidos continúa siendo el destino principal, pero Colombia, Ecuador, Chile y el Perú también han recibido flujos significativos, en su mayoría procedentes de Venezuela. Solo el Perú ha acogido alrededor de 1,6 millones de venezolanos, concentrados mayoritariamente en Lima. Este éxodo, producto de una crisis humanitaria y política, ha traído consigo desafíos adicionales: la proliferación de mafias transnacionales que operan aprovechando la vulnerabilidad de los migrantes y que hoy generan temor e inseguridad en varias ciudades de la región.

El régimen de Nicolás Maduro ha facilitado, e incluso alentado, la salida de millones de venezolanos. Con consulados inoperativos y una burocracia que niega servicios básicos, muchos migran sin documentos, lo que complica su regularización en los países de acogida. Esta estrategia busca promover la emigración de jóvenes para mantener un control férreo sobre quienes permanecen en el país, replicando el libreto cubano. Es una situación dramática que exige nuestra denuncia sin pausa al régimen de Maduro.

En cuanto al control fronterizo, el Perú debe fortalecer la cooperación con sus vecinos, especialmente con Chile, con quien se ha reactivado la comisión binacional para coordinar acciones. No obstante, este es un asunto sensible: detrás de cada grupo que intenta cruzar hay familias que huyen de la precariedad. La politización del tema –visible en Chile y probablemente pronto en el Perú– amenaza con distorsionar un debate que requiere serenidad, realismo y políticas sostenibles.

La masiva migración de ciudadanos venezolanos en años recientes ha evidenciado la fragilidad institucional de varios países de la región y las limitaciones de la cooperación intrarregional. Más allá de lo declarativo, esta ha sido limitada, en muchos casos tardía y sujeta a decisiones unilaterales. Por el contrario, en la coyuntura reciente de las inaceptables declaraciones de José Antonio Kast, la rápida reacción de las autoridades peruanas y chilenas, sobre todo de las cancillerías, ha conseguido adoptar medidas inmediatas para evitar una crisis humanitaria y restaurar la tranquilidad en la frontera común y de los migrantes.

Además de las acciones de reforzamiento del control, incluso con resguardo militar, la creación del Comité Binacional de Cooperación Migratoria es una medida concreta, al margen de actos unilaterales o populistas, para, a través de los canales diplomáticos, gestionar ordenadamente los flujos migratorios, según sus capacidades y la evolución de cualquier situación.

La comisión, presidida por las cancillerías, integrará a algunos ministerios, y debería incorporar a los gobiernos regionales de Tacna y Arica, así como a autoridades municipales fronterizas. Sus acciones buscarán prevenir una crisis humanitaria y ordenar la gestión migratoria, definiendo lugares habilitados para procedimientos migratorios y evitar pasos fronterizos irregulares. Se ha anunciado el trabajo conjunto de autoridades policiales de ambas naciones, decisión importante, pues permitirá la coordinación operativa junto con migraciones. Otro fin es no llevar a cabo expulsiones masivas sin justificación ni coordinación previa, cualquiera sea el origen de los migrantes.

El funcionamiento de la comisión supone un compromiso de política exterior frente a cualquier evento que no guarde relación con asuntos migratorios, y evitar que declaraciones políticas no oficiales los afecten, y se enmarca en las responsabilidades de ambos países en derechos humanos, refugio y protección de personas vulnerables.

Las relaciones bilaterales han adquirido mayor profundidad y densidad, y un elemento central es precisamente la migración de connacionales en ambos sentidos