Inteligencia contra el crimen

El Perú atraviesa una de las más difíciles encrucijadas de su historia reciente, comparable solo con el régimen de terror y violencia que implantaron los grupos terroristas en las décadas de los años 80 y 90, y lo peor de todo es que no se avizora ninguna posibilidad de salida. Lima, el Callao, Trujillo, Piura, Ica, Puno, Cajamarca, Huancayo y Tacna. Podríamos mencionar cada provincia y distrito de nuestro país y no encontraremos uno que se encuentre libre de sicariato, asaltos, asesinatos y extorsiones que mantienen en zozobra a la población.

Mientras los criminales actúan a voluntad, aumentando cada vez más su radio de acción y número de víctimas, el Gobierno parece preso de un inmovilismo que evidencia su incapacidad para diseñar una estrategia coherente, integral y eficiente para poner freno al delito. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha anunciado la creación de un “grupo especial” de la PNP para enfrentar las amenazas a las empresas de transporte público a las que se exigen cupos.

Perú-Cámaras ha demandado reiteradamente que, así como se encaró y derrotó al terrorismo hace más de 30 años, se privilegie el uso de la inteligencia y que la PNP cuente con un decidido apoyo, tanto del Ejecutivo como del Congreso y el Poder Judicial.

Lamentablemente, en este gobierno los ministros del Interior cambian como el clima y ahora se quiere modificar el nombre a ese ministerio, agudizando la situación de inestabilidad que caracteriza este sector.

El mejor ejemplo es lo que sucede en Pataz, donde el Estado ha sido reemplazado por mafias de mineros ilegales que cuentan con sicarios que mantienen bajo “su” ley a los pobladores y empresas.

Solo en el caso de la minera Poderosa, 18 de sus trabajadores han sido asesinados y se ha dinamitado 16 torres de alta tensión que proveían de energía a esta empresa que, hace unos días, ha vuelto a ser atacada dejando un fallecido y heridos de gravedad. ¿Los responsables han sido capturados? ¿A cuántos se está procesando? ¿Cuántos han sido condenados? ¿Cuál es el resultado de los operativos destinados a desbaratar estas organizaciones? En cada caso, la respuesta es cero.

Pequeñas bodegas, restaurantes, comedores populares, micros y combis son extorsionados, obligados a pagar a estos facinerosos para no ser víctimas de sus atentados.

Los operativos aislados en zonas “calientes” para la televisión no sirven, porque apenas la policía se da vuelta, los delincuentes vuelven a las andadas en el mismo lugar. No se puede seguir dando manotazos de ahogado ni dejando que cada comisario y que la misma población se las arregle como pueda.

Si no se hace algo pronto, lo único que seguirá siendo organizado en el Perú será el crimen.